Sin “menoscabar el derecho a denunciar posibles delitos”
- Apoyada por la representación laboral del magisterio, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, diputada Ruth Rodríguez López (Nueva Alianza), presentó una iniciativa para defender a trabajadores de la educación de difamaciones.
- La iniciativa prevé sanciones de cuatro a 8 años de prisión y de 400 a 600 días de multa a quién, a sabiendas, impute falsamente a un maestro; propone reparación del daño moral por denuncias falsas.
- La diputada explicó que se han incrementado las denuncias maliciosas y sin fundamento, que afectan gravemente la estabilidad laboral, reputación profesional e integridad personal de los trabajadores de la educación.
La integridad y derechos de los trabajadores de la educación del estado de Morelos quedarían a salvo de los linchamientos mediáticos y las difamaciones una vez aprobado el proyecto de ley que establece sanciones por denuncias infundadas o maliciosas que afectan gravemente su estabilidad laboral, reputación profesional e integridad personal.
La iniciativa presentada por la diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Ruth Rodríguez López (Nueva Alianza), y apoyada por la representación laboral del magisterio en Morelos, promueve sanciones de cuatro a 8 años de prisión y de 400 a 600 días de multa a quién a sabiendas impute falsamente a otro. Además, busca garantizar la reparación del daño moral cuando la integridad reputación o derechos fundamentales del personal docente hayan sido afectados injustamente como consecuencia de una denuncia falsa.
La diputada aseguró que, en el contexto actual del sistema educativo mexicano, el personal docente enfrenta múltiples desafíos tanto en su función académica como en su relación con la comunidad escolar, y que entre estos retos se encuentra el incremento de denuncias infundadas o maliciosas, que afectan gravemente su estabilidad laboral, reputación profesional e integridad personal.
Así, la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el estado de Morelos, atiende el problema de esas acusaciones “que afectan gravemente su estabilidad laboral, reputación profesional e integridad personal”.
Aseguró que la legislación no busca menoscabar “el derecho legítimo de las personas a denunciar conductas indebidas o posibles delitos” sino garantizar el debido proceso para los trabajadores de la educación.
“No pretende sustituir los procedimientos penales ni limitar el acceso a la justicia, sino establecer condiciones mínimas de objetividad, legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de los procedimientos institucionales, evitando que las y los trabajadores de la educación sean revictimizados injustamente por denuncias sin sustento. Así mismo, esta ley no pretende ir en contra de las madres y padres de familia, quienes son el soporte de la educación en México, ni contra el derecho consagrado en la constitución de una educación obligatoria para niñas, niños, adolescentes y jóvenes; sino a una protección a las y los trabajadores de la educación por el desarrollo de su función en los espacios áulicos y en los centros de trabajo. Esta ley no defenderá lo indefendible”, aseguró.
La iniciativa presentada este jueves recibió el respaldo de los grupos parlamentarios de Morena, a través de las diputadas Brenda Espinoza López y Melissa Montes de Oca Montoya; Verde Ecologista, a través de Luis Eduardo Pedrero; Revolucionario Institucional, Eleonor Martínez Gómez; Acción Nacional, Gerardo Abarca Peña; Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado; PT, Alberto Sánchez Ortega; con lo que el proyecto lograría la mayoría necesaria para ser aprobado, algo que se espera ocurra la próxima sesión, que podría celebrarse el 15 de mayo, Día de la Maestra y el Maestro.
La diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López (PNA), presentó la iniciativa que sancionaría con penas de hasta 8 años de prisión a quienes acusen falsamente a trabajadores de la educación dañando su honor y derechos laborales y humanos. Foto: Cortesía