Josemanuel Luna Nemecio y Fleur Gouttefanjat
El estado de Morelos vive una crisis hídrica de niveles alarmantes, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes y la totalidad del medio ambiente. Sin embargo, este problema no se debe únicamente a una escasez natural de agua, sino que es el resultado de un saqueo histórico por parte de la industria, la agroindustria y la minería, que han llevado a la entidad a una situación crítica.
La sobreexplotación de los recursos hídricos ha sido una constante en la región. A medida que las ciudades crecen de manera desmedida, la demanda de agua aumenta sin que exista una infraestructura adecuada para su gestión. Las comunidades rurales, que tradicionalmente dependían de estas fuentes de agua, se ven cada vez más afectadas por la falta de acceso y la contaminación. En este contexto, el agua se ha convertido en un bien escaso, mientras que las industrias continúan su proceso de extracción, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad.
El impacto de la contaminación es igualmente preocupante. La emisión y vertimiento de sustancias químicas por parte de las industrias ha deteriorado la calidad del agua, lo que a su vez ha derivado en un aumento de enfermedades infecto-contagiosas y crónico-degenerativas en la población. Las comunidades más afectadas son aquellas con menos recursos, que carecen de acceso a agua potable y servicios de salud adecuados. Este ciclo vicioso no solo afecta la calidad de vida de los morelenses, sino que también compromete el futuro de las nuevas generaciones.
La privatización y el despojo del agua han sido otras estrategias que han exacerbado esta crisis. A medida que actores privados acaparan los títulos de concesión, se margina a las comunidades locales que históricamente han tenido derecho al uso del agua. Esto no solo es injusto, sino que plantea serias dudas sobre la viabilidad de un modelo que prioriza el lucro por encima del bienestar social y ambiental. La lucha por el acceso al agua se ha convertido en una batalla diaria para muchos ciudadanos, que ven cómo sus recursos son explotados sin ningún beneficio para ellos.
Ante esta alarmante situación, es fundamental que se tomen medidas urgentes y efectivas. Se requieren políticas públicas que prioricen la gestión comunitaria del agua, así como un verdadero compromiso por parte del gobierno para frenar el saqueo de recursos hídricos. La participación activa de las comunidades es esencial para garantizar que sus derechos sean respetados y que se promueva un uso responsable y equitativo del agua.
La crisis hídrica en Morelos es un llamado de atención. La solución no radica en buscar fuentes de agua alternativas, sino en reconocer y corregir los errores históricos que han llevado a la región a esta situación. La defensa del agua debe ser un esfuerzo conjunto, donde la ciudadanía y el gobierno trabajen en sinergia para asegurar un futuro donde el acceso al agua sea un derecho universal y no un privilegio para unos pocos. Solo así se podrá garantizar la salud y el bienestar de todos los morelenses, protegiendo al mismo tiempo el invaluable recurso que es el agua.
El colapso hídrico causado por el Estado Mexicano
Yubiry Cruz Escobedo*
El agua es un recurso esencial para la vida. No solo es vital en términos biológicos, sino que también tiene un profundo valor social. Por eso, es necesario protegerla y conservarla frente a los intereses económicos y políticos de quienes, hoy en día, contribuyen a su despojo, privatización y explotación, afectando tanto a comunidades urbanas como rurales.
Pero ¿quién debería encargarse de regular este recurso y abordar los problemas y conflictos socioambientales relacionados con él? A menudo se piensa que esta tarea corresponde al Estado, sin embargo, durante el periodo neoliberal, fueron precisamente las decisiones tomadas por el Estado Mexicano las que agravaron la situación y problemáticas relacionadas con el recurso hídrico.
Por lo tanto, diversos actores económicos y políticos promovieron la idea de la «ineficiencia estatal» frente a la escasez de agua, mientras se permitía que empresas destruyeran la riqueza hídrica de México sin enfrentar repercusiones legales ni económicas.
Entre 1982 y 2018, el Estado dejó de ser un garante del bienestar social. Su reconfiguración neoliberal llevó a la destrucción del sistema hídrico nacional, transformando el agua en una mercancía, lo que acentuó la injusticia social y ambiental. Un factor clave en este proceso fue la llamada «Gestión Integral del Agua». Bajo este modelo neoliberal, el despojo de las comunidades se volvió legal, aunque no legítimo, y los recursos hídricos del país quedaron a merced de intereses empresariales, especialmente de corporaciones extranjeras, principalmente norteamericanas y europeas.
El modelo de gestión del agua en México, producto del neoliberalismo, es una mezcla de cuatro sistemas extranjeros: el español, el francés, el inglés y el chileno, de cada uno de ellos se tomaron elementos que beneficiaban los intereses económicos de los grupos elitistas que controlan el agua. Esta nueva política hídrica limitó el acceso a este recurso dándole un valor monetario. La privatización impulsó políticas públicas centradas en la extracción, la fragmentación institucional y la creación de mecanismos para la “resolución de conflictos”. Además, cambió el rol de los actores involucrados, dividiéndolos en «usuarios» y «consumidores» donde los primeros utilizan el agua a partir de títulos de conseción; mientras que, los segundos, sólo pagamos una couta por ella.
Por todo lo anterior, es fundamental investigar y revelar las verdaderas causas de los problemas relacionados con el agua que enfrentamos en México. De este modo, se podrán buscar verdaderas estrategias para recuperar la riqueza hídrica de la nación, combatiendo la enajenación y el despojo que los de arriba han propiciado a su beneficio a lo largo de los años, pues solo así, aseguraremos el derecho de todas y todos los mexicanos a no tener sed.
*Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
Morelos inundado de contaminantes
Josemanuel Luna Nemecio
Fleur Gouttefanjat
La contaminación del agua en el estado de Morelos ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes y de los ecosistemas locales. La urbanización descontrolada, el crecimiento industrial y la agroindustria están generando un cóctel de sustancias químicas y residuos contaminantes que terminan en ríos, lagos y mantos acuíferos, agravando una crisis ambiental insostenible en la entidad.
El crecimiento urbano en Morelos ha sido desordenado, con nuevos fraccionamientos que carecen de servicios adecuados para el manejo de aguas residuales. Esto ha llevado a que las descargas de estas áreas terminen en ríos como el Río Cuautla o el Río Apatlaco, contaminando el agua y los suelos.
Además, la red de plantas de tratamiento de agua en el estado es insuficiente. Muchas de ellas no operan a máxima capacidad o están fuera de servicio, dejando que los cuerpos de agua se deterioren. Ríos que solían ser fuentes de vida ahora son canales de desechos tóxicos, lo que ha causado la desaparición de fauna acuática y la pérdida de fertilidad del suelo.
El sector industrial, especialmente en municipios como Cuautla y Jiutepec, contribuye significativamente a esta crisis. Las fábricas emiten desechos químicos sin la supervisión adecuada, afectando la calidad del agua. Los metales pesados y sustancias tóxicas que se filtran al agua han convertido algunas zonas en focos de contaminación y en la masificación de enfermedades crónico-degenerativas como la insuficiencia renal crónica y la leucemia linfoblástica aguda.
Por otro lado, el crecimiento de la agroindustria ha llevado al uso intensivo de pesticidas y fertilizantes que contaminan ríos y acuíferos. Municipios agrícolas como Ayala y Tetela del Volcán enfrentan la amenaza de productos químicos que afectan sus fuentes de agua, mientras que las prácticas agrícolas no son reguladas adecuadamente.
A pesar de algunos programas gubernamentales, la falta de seguimiento y la corrupción han hecho que las medidas sean insuficientes. Los esfuerzos de limpieza son mínimos en comparación con la magnitud del problema, y si no se toman acciones inmediatas, la situación seguirá deteriorándose, con consecuencias catastróficas para las próximas generaciones.
Ante esta problemática es crucial invertir en infraestructura de tratamiento de agua, fortalecer la regulación industrial y adoptar prácticas agroindustriales responsables. Morelos enfrenta un desafío que no puede seguir siendo ignorado. La lucha por el agua limpia es una batalla que debemos librar ahora, o pronto nos encontraremos sin el recurso más vital: el agua.
El campo morelense tiene sed
Fleur Gouttefanjat
En el estado de Morelos, la falta de agua, la padece la gran mayoría de la población. En numerosas comunidades y colonias, es muy común que el agua caiga solamente unos días o, incluso, unas horas a la semana. Para muchas familias, la escasez de este vital líquido es un problema grave. Pero se vuelve dramático para el campo y para la producción de alimentos.
Como cada ser vivo, las plantas necesitan agua para crecer y rendir frutos. El maíz, en particular, es un cultivo que necesita una buena cantidad de agua, especialmente durante la germinación y el florecimiento. Es la razón por la cual, para cultivos de temporal, se suele sembrar a finales de la primavera y cosechar en otoño. Para aprovechar las abundantes lluvias del verano. Pero, en los últimos años, se han vivido varios episodios de sequía. Se atrasaron las lluvias y llovió poco. Además, aunque llueva, los acuíferos se recargan poco, porque la deforestación y la urbanización del territorio han reducido la capacidad de infiltración y de retención de agua de los suelos.
Eso se vuelve muy problemático en un contexto en el cual solamente una tercera parte de las tierras agrícolas del estado de Morelos cuentan con sistemas de riego. La gran mayoría de los campesinos de la región, en particular los que tienen pequeños predios, no tienen otra fuente de agua que la lluvia.
Esta situación representa un riesgo para las cosechas, para el ingreso de nuestros campesinos y para la perennidad de la actividad agrícola. Pero, sobre todo, para nuestra soberanía alimentaria. Por ello, es clave desarrollar procesos de reforestación; capacitar a los campesinos acerca de técnicas de captación y retención de agua y, sobre todo, redistribuir el agua en beneficio de los pueblos. Para el bienestar de nuestros campesinos y todos nosotros como consumidores.
Los proglemas del dengue y del agua fuera de control
Tannia Gioconda Mejía Mendoza
Ángel Francisco Betanzos Reyes
Felipe Antonio Dzul Manzanilla
En diciembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el aumento global del dengue como una emergencia de grado 3, el nivel más alto, debido a su gravedad, especialmente en las Américas. Cerca de 4 mil millones de personas están en riesgo de contraer dengue, zika o chikungunya, cifra que podría aumentar a 5 mil millones para 2050.
En 2024, los casos de dengue se incrementaron en 2.5 veces respecto al año anterior. A finales de junio, se habían notificado 10.9 millones de casos y 6,500 muertes en todo el mundo, incluidas regiones como Europa y Estados Unidos, donde la transmisión era inusual. En México, para septiembre de 2024, se reportaron más de 75,000 casos confirmados, de los cuales 32,000 fueron graves, con 182 defunciones. Morelos, en particular, es uno de los estados más afectados.
El dengue es una enfermedad cíclica que se propaga a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, cuya capacidad de adaptación a zonas urbanas y semiurbanas ha permitido su expansión. El mosquito deposita sus huevos en recipientes de agua limpia, como cubetas y tinacos, donde completa su ciclo biológico en solo 7 a 10 días. Estos huevos pueden sobrevivir sin agua hasta un año, lo que explica la aparición de casos en temporadas secas.
La transmisión ocurre cuando un mosquito sano pica a una persona infectada y luego transmite el virus a otras personas. También puede haber transmisión vertical, es decir, el mosquito infectado pasa el virus a sus descendientes, quienes a su vez pueden propagarlo.
El control del dengue se complica por la presencia de cuatro serotipos diferentes del virus y la falta de una vacuna efectiva. Qdenga, desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, tiene una efectividad del 60% para prevenir el contagio y reduce las hospitalizaciones en un 84%. Sin embargo, esta vacuna aún no ofrece una protección uniforme frente a los cuatro serotipos del virus. Otra vacuna, Dengvaxia, presenta restricciones en varios países debido a sus efectos secundarios, y su uso está prohibido en menores de 9 años.
El cambio climático, la urbanización y la falta de servicios básicos, como el acceso al agua potable, han exacerbado la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Las temporadas de lluvias, con aumento de temperatura y humedad, crean condiciones ideales para la reproducción del mosquito, ya que el agua se acumula en objetos como llantas y recipientes al aire libre.
Históricamente, las fumigaciones han sido el método principal para combatir el dengue, pero la resistencia del mosquito a los insecticidas ha reducido su efectividad. Actualmente, se promueven intervenciones más focalizadas, que incluyen la participación comunitaria y la coordinación entre diferentes sectores del gobierno.
Para un control efectivo del dengue es fundamental abordar factores sociales, ambientales y de salud. La colaboración entre disciplinas y la participación activa de las comunidades son esenciales para prevenir y controlar esta enfermedad, con un enfoque ecosistémico que garantice la sostenibilidad de las intervenciones.
Agua que falta, los mosquitos y enfermedades que sobran
Giovanni Marlon Montes Mata y Rafael Monroy Ortiz
La distribución desigual del agua en asentamientos marginales, como los de Cuernavaca, es un factor clave en la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. En la subcuenca del río Apatlaco, donde se localizan 781,496 viviendas, 206,351 están en condiciones de marginación, lo que significa que 1 de cada 3 hogares vive en un entorno con servicios deficientes. En Cuernavaca, este problema es más grave: 5 de cada 10 personas viven en asentamientos irregulares con un acceso limitado al agua.
La distribución de agua en la ciudad de Cuernavaca es intermitente, lo que obliga a la población a almacenar agua en tinacos, cisternas y cubetas. Sólo el 0.48% de las viviendas tiene agua de manera permanente, una cifra que está muy por debajo de la media nacional. Además, el 60% del agua extraída se pierde debido a fugas en las tuberías y tomas clandestinas. Como resultado, la población se ve forzada a almacenar agua en recipientes como tinacos y cubetas, muchos de los cuales se convierten en focos de reproducción de mosquitos cuando pierden su funcionalidad.
De acuerdo con datos recientes, el 39.6% de las viviendas tiene agua diariamente, mientras que el 40.6% recibe agua cada tercer día. Sólo el 20.8% de las viviendas en Cuernavaca tiene acceso al agua durante 24 horas, y un 21.9% cuenta con agua solo por tres horas el día que toca el tandeo. Esta distribución irregular ha generado una «cultura del tinaco» en la ciudad, donde el 95.8% de las viviendas posee uno o más tinacos para almacenar agua.
Sin embargo, no todos pueden permitirse tinacos o cisternas. El 68.41% de la población utiliza cubetas de 20 litros como medio de almacenamiento de agua, y muchos recurren a otros métodos no convencionales, como bidones, jícaras y hasta albercas, especialmente en zonas más empobrecidas. Estos métodos, aunque ingeniosos, presentan riesgos para la salud, ya que pueden convertirse en criaderos de mosquitos como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, principales transmisores del dengue, zika y chikungunya.
El almacenamiento de agua en condiciones no óptimas está directamente relacionado con la aparición de larvas de mosquitos. El 47.9% de las viviendas en asentamientos irregulares ha detectado la presencia de larvas en sus recipientes de almacenamiento. Esto sugiere una clara relación entre la falta de agua, la pobreza y el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos.
A pesar de campañas públicas que promueven medidas como “lava, tapa y voltea” para prevenir el dengue, estas acciones serán insuficientes si no se abordan las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad en el acceso al agua. Sin una distribución adecuada del agua en las viviendas más vulnerables, es poco probable que se pueda eliminar el riesgo de estas enfermedades en Cuernavaca.