- Aún sin garantía de que lo encontrado cuente con un perfil genético confiable, hay inconformidades por el riesgo de impedir que las víctimas alcancen justicia.
En medio de inconformidades, avanza la tercera diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla – donde decenas de personas fueron inhumadas de manera irregular por la Fiscalía de Morelos-, hasta el momento, se han extraído más de 100 fragmentos óseos. Además, debajo de un supuesto memorial, se localizaron restos presumiblemente humanos, según informaron integrantes del Colectivo de Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla.
Recordemos que se trata de fosas comunes situadas al interior del panteón municipal de Jojutla, “Pedro Amaro”, donde personal de la entonces Procuraduría General del Estado de Morelos (hoy Fiscalía de Morelos) inhumó cuerpos de múltiples personas, catalogadas como no identificadas o no reclamadas por sus familiares, pero lo hicieron incumpliendo el Protocolo de Exhumación que marca la ley.
Estas fosas fueron intervenidas por primera vez en 2017, tras la presión de colectivos de víctimas y por orden judicial. El 6 de noviembre se reiniciaron por tercera vez los trabajos encabezados por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), a cargo de Uriel Carmona, sin la participación de otras instituciones, lo que encendió la alerta entre los colectivos de buscadoras.
Las familias de víctimas de la violencia protestaron para exigir la incorporación a los trabajos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), además de exigir audiencia con la gobernadora Margarita González Saravia.
Avanzan en medio de incumplimientos
Hasta el 15 de noviembre, según fuentes cercanas a los colectivos, la mandataria estatal aún no ha definido concederles una audiencia. En cambio, ha sido la subsecretaría de gobierno la encargada de atender a las buscadoras, y se comprometió a garantizar la transparencia y certeza jurídica del proceso.
Sin embargo, a 10 días de diligencias los avances son limitados, destacó en entrevista con Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao -un joven secuestrado y asesinado cuyo caso permitió el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo- e integrante del citado colectivo.
«A día de hoy ya contamos con la Guardia Nacional dentro de la fosa. Sin embargo, no han tomado muestra genética ni la Fiscalía del Estado ni la Guardia», señaló.
En tanto, refirió que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) aún no se ha definido qué laboratorio se encargará de realizar los perfiles genéticos.
Uno de los mayores cuestionamientos por parte del Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla es la falta de personal especializado. A la fecha, no se ha incorporado un equipo de antropólogos que certifique si los restos encontrados corresponden efectivamente a seres humanos y que, de ser el caso, inicie el proceso para realizar los perfiles genéticos correspondientes. Si se tratara de restos animales, sería fundamental su descarte para evitar contaminaciones en el proceso.
Falta definición para los perfiles genéticos
Mientras tanto, señalan que la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos ha enviado personal sin el perfil académico adecuado, incluyendo un abogado, un periodista y un contador. Estos trabajadores han tenido acceso a la zona cero, lo que representaría un riesgo para la correcta ejecución de los trabajos, pues podrían contaminar o entorpecer las labores de exhumación.
A pesar de este desafío, la activista destacó que los restos encontrados se están embalando con la cadena de custodia correspondiente, aunque las instituciones involucradas aún no han logrado avanzar en la obtención de las muestras necesarias.
Según Hernández, la situación se complica debido a la falta de intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y la dificultad para que otros laboratorios puedan participar en el proceso.
«Estamos solicitando que, a través del Centro de Identificación Humana de Coahuila, nos apoyen en la obtención de la muestra genética y el perfil. Se había insistido en la participación de la gobernadora para que ella, a través de su jerarquía, pudiera gestionar con su homóloga de Coahuila la participación de este laboratorio», explicó Hernández.
Un procedimiento limitado
El trabajo realizado hasta ahora por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado ha consistido en la recolección de fragmentos y restos que se están llevando a la Fiscalía sin la certeza de que se obtendrán las muestras genéticas necesarias para la identificación. “Lo único que están haciendo es rascar y escarbar; se procesa el material en una criba y de ahí se obtienen los fragmentos y restos que salen. La Fiscalía se los lleva, y de ahí, ¿qué va a pasar?», cuestionó la entrevistada.
Además de la falta de claridad sobre el destino de los fragmentos, otro de los problemas señalados por Hernández es la ausencia de control directo por parte de los Colectivos en el proceso. «Nosotros ya no podemos llevar un control ni corroborar si efectivamente la Fiscalía va a obtener las muestras genéticas, si la otra institución va a acudir para procesarlas o qué pasos seguirán. Esto hace que el proceso sea mucho más dilatado», explicó.
El impacto de esta falta de transparencia es significativo para las familias de las víctimas, quienes temen que la identificación de los restos no se realice adecuadamente.
Hernández recalcó que, en el pasado, las muestras genéticas se tomaban directamente en el campo de excavación, y se “cantaba” cada hallazgo (se perifoneaba) pero ahora este proceso se ha centralizado, lo que ha causado un retroceso en la eficiencia del proceso de identificación. «Lo único que tenemos es un listado que se genera de lo que va saliendo en las excavaciones, y este listado se ha obtenido gracias a la presión», afirmó Hernández.
Los hallazgos
Según Hernández, el hallazgo de restos humanos ha sido constante, pero también ha traído consigo sorpresas y preocupaciones.
Los primeros tres días se avanzó en el área de la fosa que quedó inconclusa en 2022. “Tengo que mencionar que no se buscó en otra parte ni se excavó en otro lugar, porque, según nos dijeron, debemos respetar el proyecto de excavación», explicó.
Los fragmentos encontrados han sido principalmente pequeños, con excepción de una parte de un cráneo hallada debajo de una tumba, aunque ya muy dañada por el paso del tiempo.
Lo que realmente ha llamado la atención durante las excavaciones es el hallazgo de una botella con un número de carpeta anotado en su interior.
«Esto fue documentado por el notario y la Comisión de Derechos Humanos, y es algo que consideramos una irregularidad en el proceso. Este tipo de prácticas sistemáticas muestran cómo trabaja la fiscalía», señaló Hernández con preocupación.
A pesar de los avances, Hernández subrayó que aún no se han hallado piezas completas. «En total, llevamos cerca de 100 fragmentos humanos, aunque todos son pequeños», comentó.
La dificultad para encontrar restos completos es un reto para los colectivos que luchan por identificar a las víctimas, pero el hallazgo de fragmentos sigue siendo crucial para avanzar en el proceso de identificación.
Lanzan otro SOS
Amalia Hernández, lanzó un llamado enérgico a diversas autoridades y colectivos nacionales, con el objetivo de garantizar el adecuado seguimiento de las investigaciones y la atención a las víctimas.
«Mi llamado es a la máxima autoridad de otro poder aquí en el estado: la gobernadora. Ella debe instruir a asesores jurídicos o encontrar la manera de enlazarse con alguna institución que pueda observar de manera objetiva el trabajo que se está realizando», afirmó el activista. Además, destacó la importancia de la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), especialmente después de que la fiscalía argumentó que la denuncia presentada en 2022 había reactivado el proceso de exhumaciones. Sin embargo, el defensor subraya que se debe encontrar una forma de fundamentar la intervención de la CNDH, dada su relevancia no solo en el ámbito nacional, sino internacional.
Debido a que el trabajo de exhumación de restos no solo involucra a víctimas locales, sino que podría tener implicaciones más amplias.
«Ya se ha identificado a una persona de otro país en el caso del 5, lo que implica que podrían encontrarse restos de personas extranjeras en estas fosas», señaló. Este hecho resalta la urgencia de la cooperación internacional en los procesos de identificación y repatriación de cuerpos.
El activista también expresó la necesidad de que Colectivos Nacionales se sumen a estos trabajos «Es fundamental que los colectivos nacionales se sumen a este esfuerzo y vengan a observar lo que está sucediendo. No podemos permitir que la participación quede limitada a los grupos locales, que han sido claramente influenciados», declaró.
Finalmente, el activista insistió en la necesidad de la participación activa de la gobernadora. «No podemos aceptar que se excuse de involucrarse por temor a politizar el asunto. Las víctimas no somos apolíticas. Lo único que buscamos es encontrar a nuestros familiares», concluyó.
Fotos: Estrella Pedroza
