Los delitos no han prescrito
- El alcalde José Luis Urióstegui Salgado, recordó que las denuncias por corrupción presentadas por su administración no se han judicializado.
- Sólo en el 2022, el Ayuntamiento presentó 32 acusaciones por probables actos de corrupción contra personas de la administración 2019-2022.
- La mayor parte de los asuntos que fueron llevados ante la Fiscalía Anticorrupción están relacionados con probables desvíos de recursos municipales.
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que lo más importante en el proceso de alrededor de 35 denuncias por actos de corrupción presentadas por su administración en contra de exfuncionarios municipales que causaron un daño importante a las finanzas del ayuntamiento y la ciudadanía es que cada uno de los casos sea resuelto por la Fiscalía Anticorrupción.
Al referir al relevo ocurrido el fin de semana pasado en el órgano responsable de perseguir y llevar ante los tribunales a quienes han cometido delitos en la función pública, Urióstegui reconoció: “lo que nos ocupa más, es que quienes desviaron recursos en administraciones pasadas también puedan ser investigados a fondo y que las denuncias, más de 30 que presentó la administración anterior tenga una resolución”.
Urióstegui explicó que buscará reunirse con el nuevo fiscal Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, una vez que éste “asuma totalmente el conocimiento de los temas para poder acercarnos a través de la Consejería Jurídica, y reiterará el planteamiento de investigación de conductas que estimamos afectaron el patrimonio del municipio”.
Desde el 2022, que inició el primer periodo de Urióstegui en la alcaldía de Cuernavaca la Consejería Jurídica interpuso las primeras 32 denuncias contra exfuncionarios que ocuparon el ayuntamiento entre 2019 y 2021. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción recibió los expedientes, la mayoría de ellos por delitos relacionados con la disposición indebida de recursos. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Cuernavaca a través de su sindicatura y consejería jurídica ha sido judicializada. En cambio, el exalcalde Antonio Villalobos y otros de sus funcionarios fueron llevados a juicios que siguen en proceso derivados de denuncias ciudadanas.
Entre otras denuncias presentadas por la administración de Urióstegui en contra de sus antecesores en el ayuntamiento están el uso indebido de recursos por el pago de impuesto predial adelantado, un adeudo de 300 millones de pesos por retenciones a trabajadores no enteradas al Servicio de Administración Tributaria; desvíos de recursos en el Sistema de Aguas Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC); saldos bancarios menores a los reportados en el acto de entrega-recepción de la administración; faltantes de bienes materiales; presencia de “aviadores” (gente que cobraba sin trabajar) en la nómina; falta de aplicación de recursos para el mantenimiento.
Sobre la dilación de la Fiscalía Anticorrupción en las investigaciones de las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Urióstegui Salgado aseguró: “Nn quiero culpar a alguien particular. El ayuntamiento a través de la Consejería, aportó todos los elementos con los que contamos y dejamos que la institución cumpliera la parte que le correspondía. Serán los propios integrantes de la Fiscalía quienes determinen si se cumplió o no, dada la carga de trabajo excesiva que está recibiendo el nuevo fiscal”.
Expuso que espera la nueva titularidad de la fiscalía cumpla con las investigaciones, pues no solo se trata de las denuncias presentadas por el ayuntamiento de la capital, sino también de muchos otros municipios y el gobierno de Morelos, carpetas en que no se avanzó.
Recordó que los delitos que cometen los servidores públicos tienen penas elevadas, por lo que el tiempo de prescripción de los mismos no es un factor de preocupación por el momento; así, los probables delitos denunciados por la administración de Urióstegui tendrían un plazo de prescripción de entre cinco y siete años si se consideran solo los de penas más reducidas.
