La esperanza de encontrar la verdad y la justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se mantiene a pesar de que éste 26 de septiembre se cumplirán ya 10 años de que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Desde lo alto de la montaña salen de sus modestas viviendas y solamente se escucha el ruido de la puerta al cerrarse, cuando los familiares de los estudiantes normalistas encaminan sus pasos hacia los caminos de terracería que los conducirán a los transportes de servicio público que consiguieron para ir rumbo a la Ciudad de México y los lugares donde se llevarán a cabo mítines, asambleas, foros, reuniones y la marcha nacional que se realizará el 26 de septiembre del Angel de la Independencia hacia el zócalo, donde concluirá con un mitin. A su paso, una delegación harán una visita al auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Cuernavaca, para asistir a la asamblea de toma de protesta del Sub Comité Ejecutivo, donde se darán cita los sindicatos y organizaciones sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, éste 19 de septiembre de 2024, quienes han mantenido la solidaridad a lo largo de una década, asumiendo el compromiso de no olvidar hasta lograr que haya verdad y justicia, como se hará en la marcha del Calvario al Zócalo de Cuernavaca a las 4 de la tarde de éste 26 de septiembre que será el décimo aniversario.
Fue el Estado y fue el Ejército. No solamente los grupos criminales ligados al tráfico de drogas participaron en la desaparición, sino que contaron con la complicidad de un entramado institucional represivo que se ha mantenido durante décadas, como lo ha documentado la misma investigación de la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creada por el gobierno de López Obrador. Ahora que han sido localizados más de 300 mil documentos en el Archivo General de la Nación sobre la represión durante los años 70s seguramente saldrá a la luz pública información que servirá como antecedente de lo ocurrido durante la noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Ya lo han dicho con toda claridad las madres y padres de los 43 y sus asesores de las organizaciones de derechos humanos como el Centro Tlachinollan que los han acompañado durante ésta década: “Este desgaste y alejamiento con las madres y padres viene desde el 2022, cuando se lograron avances sustantivos en las investigaciones. En ese tiempo se encontraron algunos restos de estudiantes en la barranca de la carnicería, echando por tierra la versión del gobierno de Peña Nieto de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con pruebas científicas corroboradas por la universidad de Innsbruck se logró la identificación de dos estudiantes y al mismo tiempo, se libraron ordenes de aprehensión contra 20 militares, que posteriormente se les procesó. Fue justamente cuando se ejercitan las acciones penales contra los elementos castrenses cuando se da una crisis con el gobierno federal. Es un punto de quiebre que marcó un cambio en la narrativa del presidente. El ejército expresó su molestia por el número de militares que tenían órdenes de aprehensión. Se dan fuertes presiones contra el fiscal especial Omar Gómez por haberse atrevido a ejercitar estas acciones penales. También Alejandro Encinas dejó de ser el subsecretario de las confianzas del presidente por señalar al ejército como parte de los perpetradores. Ante el enojo de la cúpula militar el fiscal especial Omar se vio obligado a renunciar y en consecuencia Alejandro Encinas dejó la subsecretaría de derechos humanos.
La investigación quedó a la deriva y se fue a pique. Una información rescatable que se tuvo en la última reunión en palacio nacional fue la que compartió el fiscal especial sobre la detención de 2 personas que son claves para la investigación que quedó trunca en el 2022. La primera detención fue de Erick Román alias «el ranchero» que dirigió un grupo de sicarios de la zona de Apetlanca, municipio de Cuetzalan del Progreso. Se comentó que a su rancho fueron llevados 6 o 7 estudiantes. Se sabe que los jóvenes fueron disueltos en ácido. Algunos testigos refieren que algunos restos no fueron disueltos y que por ese motivo prefirieron enterrarlos en el mismo rancho. Se informó que hay varios equipos que están haciendo las búsquedas en el rancho de Apetlanca.
La segunda detención fue de Marco Antonio Ríos, quien era el jefe de sicarios de Guerreros Unidos que operaron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Es una pieza clave para saber el destino de los 43 porque se sabe que en buena medida coordinó las acciones criminales. Tiene información privilegiada de los hechos que aún no se conoce. Puede convertirse en un testigo importante si la autoridad logra identificar con datos precisos y contundentes sobre la forma cómo operó la desaparición de los 43 normalistas.
En estas últimas semanas se han intensificado las búsquedas en los municipios de Iguala, Cocula, Cuetzalan y Tepecuacuilco. Se conformaron 7 equipos distribuidos en varios puntos. Los resultados de las excavaciones y los estudios de los pequeños restos han sido negativos. Las declaraciones de los últimos testigos no han arrojado resultados favorables en las búsquedas. La presencia del subsecretario y del fiscal especial en los puntos que se excavan es un intento desesperado por encontrar algún indicio que pueda dar la campanada en este último mes. La preocupación de las madres y padres y de sus representantes jurídicos es que no comparten la información de estos hallazgos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que fungen como sus peritos en las investigaciones penales. Por esa razón las mamás y papás han declarado que no reconocerán algún resultado presentado por las autoridades si antes no es cotejado por los peritos del EAFF.”
Un tema pendiente que reconoció el presidente de la república fue no haber cumplido con dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No obstante, afirmó que las investigaciones avanzan y que las búsquedas continúan hasta que concluya su mandato. El tema de las desapariciones que suman más de 116 mil personas a nivel nacional, es una deuda que deja AMLO en miles de familias que sobrevivieron al olvido gubernamental.
A 10 años no olvidamos. Hasta encontrarlos.
