La política de contención migratoria de México es una de las principales manifestaciones de la política migratoria a través de la militarización de la frontera sur y la externalización del control fronterizo de Estados Unidos a México. El enfoque refuerza esta idea con el despliegue de la Guardia Nacional a estados fronterizos como Chiapas y Tabasco. Esto se relaciona de manera nodal con programas de restricción de acceso al derecho de solicitud de refugio con programas como el «Programa Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés).
En este proceso existen condicionantes, objetivos centrales, una perspectiva, formas y medios de expresión. La movilidad de las personas migrantes está condicionada por acuerdos con Estados Unidos, presiones económicas y una necesidad imperante por mantener relaciones subordinadas con su país vecino. Influyen también factores internos como la capacidad institucional del propio Instituto Nacional de Migración y la influencia de organismos internacionales. Los objetivos centrales de esta política es que el gobierno mexicano busca contener el flujo migratorio, evitar confrontaciones diplomáticas con Estados Unidos y administrar la movilidad de manera regulada. Predomina una perspectiva securitizada de la migración que prioriza el control y la detención de migrantes en tránsito en vez una perspectiva más humana con enfoque en los derechos humanos.
Este tipo de política se expresa de diferentes formas con leyes, programas y discursos, en primer lugar, se basa en la Ley de Migración de 2011 con reformas para facilitar la deportación y detención de migrantes. Además, algunos programas como los protocolos de movilidad del «Quédate en México» y la aplicación del CBP One que obliga a migrantes a esperar en México su proceso de asilo en Estados Unidos. Los discursos oficiales tratan de justificar la deportación bajo el argumento de orden y seguridad mientras se respetan los derechos humanos.
Algunos factores que inciden en el posible éxito o fracaso de la política de contención pueden ser que las políticas migratorias suelen fracasar cuando no consideran las causas estructurales de la migración y cuando los gobiernos diseñan estrategias basadas en una visión cortoplacista y represiva. Algunos factores para el éxito de una política de contención son: la cooperación con Estados Unidos y organismos internacionales pues México ha conseguido apoyo financiero y operativo en el control de la migración. Además, el despliegue de infraestructura migratoria que coloca estaciones migratorias y tiene una presencia militar con capacidad de vigilancia en todo el país. Finalmente, algunos mecanismos de regulación temporal colocan visas humanitarias y permisos temporales que brindan algún grado de regularización.
Algunos factores por tomar en cuenta sobre el fracaso de una política de contención bajo un espectro de seguridad es la falta de sustentabilidad, las estrategias de contención no reducen la migración sólo la hacen más peligrosa pues obliga a los migrantes a vivir un cruce más riesgo por rutas poco reguladas. La política de contención tiene un impacto importante en los derechos humanos documentados por la CNDH, ACNUR y otras Organizaciones No Gubernamentales que han documentado detenciones arbitrarías, deportaciones masivas y condiciones inhumanas en estaciones migratorias. En ese sentido, la inestabilidad política y económica de países de origen de países como Haití, Venezuela y Centroamérica incrementa la probabilidad y la política migratorias mexicana no responde ante estas causas. Finalmente, la corrupción y otros grupos organizados para la movilidad de personas afecta cualquier intento de control migratorio.
Algunas recomendaciones para el gobierno mexicano son: abandonar la lógica de contención, seguridad y control en sustitución de una política de movilidad, no humanitaria ni regular para controlar a placer los flujos migratorios, sino a través de la libre circulación. Algunas políticas de apertura interna podrían enfocarse en resarcir los efectos de la detención, desplazamiento y deportación. Además, se debe de reforzar la protección de derechos humanos en la política migratoria mexicana con la garantía de la libre movilidad en el país pues la presencia del Estado mexicano sólo precariza estas movilidades. Sin embargo, cuando un país observa los derechos humanos como un techo a alcanzar y no como un piso mínimo para la garantía de derechos dicho proceso se torna cada vez más lejano. Finalmente, se debe de ampliar la cooperación regional no para la deportación sino para brindar condiciones sociales económicas y de paz que permitan a las personas desarrollarse en sus espacios de origen.
*Momoxca, internacionalista, escritor y migrantólogo.