La minería no es progreso es destrucción, dice una de las estrofas de la contagiosa canción de la campaña “Aquí vivimos, aquí resistimos” https://www.facebook.com/share/r/1D7PMubVtP/ de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta. Impulsada en redes sociales con un alcance inmenso.
Vidalina Morales, la figura emblemática de la defensa del territorio de Cabañas en El Salvador, afirmó en el lanzamiento de esta campaña que, en tanto esté latente la amenaza de la contaminación y la destrucción por la minería de oro, estarán presentes con la organización colectiva, porque lo más importante es la derogación la Ley de la Minería Metálica y que cese la criminalización contra los liderazgos ambientales. Se trata de ser escuchados, dijo, con esta cruzada alegre y briosa, junto con el repertorio de acciones colectivas como marchas, campamentos juveniles para conocer la historia de la comunidad, el trabajo de la radio comunitaria Radio Victoria, el Invernadero de Santa Marta, la organización de mujeres y la finca de la Escuela Alicia Sorto de ADES.
La falsa ilusión de modernidad con la que Bukele engañó al electorado salvadoreño ha iniciado su desgaste por su obsecuencia hacia el imperio norteamericano. Al jugar el papel de carcelero, de celador de los inmigrantes que expulsa el gobierno de Trump, quedó desnudo de ideas y propósitos de cambio para el pueblo salvadoreño. Mostró sus tatuajes ocultos de extractivismo, de negocios fructíferos para una élite y de violador de los derechos humanos. Decenas de miles de personas fueron encerradas sin juicio en cárceles construidas con préstamos imperiales. Más de 20 mil de ellas inocentes. Miles de familias desconocen dónde y cómo están sus hijos encarcelados.
En El Salvador, hay una deuda histórica con las y los sobrevivientes de la guerra civil de los ochentas. No se ha construido una justicia restaurativa y transicional para las víctimas de las masacres ejecutadas por el ejército salvadoreño. Mujeres y hombres que en sus infancias presenciaron la represión brutal, aún esperan que los autores materiales e intelectuales de las masacres sean procesados, pero Bukele pretende reescribir una historia del país en la que la guerra y sus consecuencias no se mencionen. Contrariamente a lo que pretendió mostrar, el presidente es un tirano sin imaginación al que se le acumulan las deudas de justicia.
Usa a la Fiscalía General del país para asediar a personas defensoras de los derechos humanos y para acosar al movimiento ambiental que ha denunciado las graves consecuencias de la cancelación de la Ley que prohibía la minería metálica. En este marco, los cinco ambientalistas de Santa Marta que fueron enjuiciados y absueltos por un Juzgado de Sentencia en octubre de 2024, enfrentan un nuevo juicio que se ha pospuesto para finales de mayo. De una parte, se trata de un doble juzgamiento y de la otra, de dilatar el proceso con el fin de desmovilizar a la comunidad de Santa Marta al enfocarse en la defensa de los cinco compañeros. No obstante, Santa Marta es respaldada por pueblos, foros, mesas y redes.
El movimiento social salvadoreño contra la minería crece. La resistencia colectiva, expresa con cariño Vidalina, abraza a las juventudes, que se suman con sus medios de comunicación alternativos e ingeniosas formas de movilización en la defensa del territorio, no solo en Santa Marta sino en todo el país. A la par, la Conferencia Episcopal y organizaciones sociales entregaron al poder legislativo poco más de 150 mil y 60 mil firmas, respectivamente, en sendos documentos que reclaman la derogación de la ley de minería de Bukele, aprobada 4 meses atrás.
La organización Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador, preparó un Foro Virtual el 7 de abril, que reunió a un centenar de participantes. En E.U. y Canadá el Comité, Unidad, Solidaridad y Lucha apoya a Santa Marta. Periódicos bilingües y podcasts como Radio Cachimbona desde Los Ángeles, California, dan voz a una colectividad que busca justicia en El Salvador.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
