En 1999 cientos de habitantes de la zona limítrofe entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, celebraron el cierre de la fundidora Asarco (American Smelting Refinning Co). Familias obreras de las maquiladoras vivieron durante décadas en suelos contaminados y consumieron agua con concentraciones altas de plomo, zinc y arsénico (Desinformémonos, 23 de abril de 2013). Asarco era la responsable de la contaminación de esa frontera. La exigencia del cierra de la empresa confluía con comunidades afroamericanas e hispanas pobres de Estados Unidos que rechazaron el establecimiento en sus barrios de depósitos radioactivos, el uso de pesticidas, la contaminación de ríos por desechos industriales. Durante casi veinte años, sus luchas por evitar enfermar y perecer dieron lugar al movimiento por la justicia ambiental. Surgieron activistas en las zonas degradadas de las ciudades norteamericanas y, algunos años después, la bandera por la justicia ambiental se extendió por América Latina.
Asarco es una subsidiaria más de Grupo México. Al menos desde 1999 es responsable de los problemas ambientales y laborales en minas y pueblos de Arizona. El millonario Germán Larrea, principal accionista del consorcio, regentea minas y fundidoras en el país vecino. La refinadora de metal produjo en sus mejores momentos 120 mil toneladas anuales de cobre y 300 mil de ácido sulfúrico. El legado de esa producción fue que los niños de al menos tres colonias populares cercanas a la fundidora tenían niveles altos de plomo en la sangre. Hecho demostrado por la SEMARNAT en 2003. Activistas ambientales de ambos lados de la frontera denominaron a Asarco como monumento a la deshumanización y la barbarie. De 2008 a la fecha se han sucedido demandas contra Grupo México.
Aunque la fundidora había cerrado, fue necesario limpiar y restaurar el sitio contaminado por ella. Intervinieron las autoridades ambientales de Estados Unidos en el proceso de remediación de la zona que abarca a una y otra ciudad fronteriza. Al mismo tiempo, otra planta de la filial de Grupo México, cercana a los poblados de Hayden y Winkelman en los condados de Gila y Pinal, Arizona, contaminó con sus desechos agua subterránea y el aire. La fundidora descargaba ilegalmente millones de litros de agua con residuos de la mina de cobre. Grupo México pagó multas cuantiosas hasta que en 2005 solicitó una protección de bancarrota ante el Código de Quiebras de Estados Unidos pues enfrentó “reclamos por 6 mil 500 millones de dólares en 53 sitios del país”. (Proceso, 12 de septiembre de 2014).
En las minas de Grupo México los accidentes mortales han sido constantes. El Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, denunció que estos accidentes sobrevinieron por las pésimas condiciones de seguridad en las minas. En 2005, murieron tres trabajadores en sendas minas, la de cobre en Nacozari y la de carbón Nueva Rosita, Coahuila. En febrero de 2006, mineros quedaron sepultados en la mina de carbón Pasta de Conchos, también en Coahuila. A la fecha, los cuerpos de los mineros siguen sepultados y ningúna persona del grupo empresarial enfrentó a la justicia. Las causas de dicha explosión fueron –una vez más-, la falta de mantenimiento y equipo adecuado.
Grupo México “es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad”, dijo, a inicios de mayo de 2018, el relator de Naciones Unidas sobre el manejo de sustancia tóxicas Baskut Tuncak, en una reunión en México con activistas ambientales. Habían transcurrido casi cuatro años del derrame de sulfuros de la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. El desastre ambiental más severo sufrido en el país. Más de 20 mil personas continúan afectadas. Larrea ha gozado de impunidad por la muerte de 66 mineros en Pasta de Conchos, por la contaminación ambiental en Arizona y México, por el daño a miles de personas y por la muerte de más trabajadores. Hoy, intenta aumentar sus explotaciones mineras de cobre y reabrir fundidoras.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
