La historia de los organismos de derechos humanos en México muestra la importancia de que mantengan la autonomía frente a las instituciones del poder para llevar a cabo su labor en la defensa, protección y promoción de estas garantías fundamentales frente a quienes abusan y cometen toda clase de violaciones a las mismas.
Para lograr más transparencia y rendición de cuentas, los organismos autónomos deben estar verdaderamente al servicio de la ciudadanía y no al servicio del poder. Por ello, ante el proceso de renovación de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se requiere un ejercicio de evaluación crítica del papel que ha desempeñado desde sus orígenes hace ya 34 años.
Recordamos precisamente que una de las primeras Recomendaciones fue obtenida por el caso de la desaparición forzada de nuestro compañero José Ramón García Gómez en Cuautla, Morelos, el 16 de diciembre de 1988. Un año antes de la creación de la CNDH se fundó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, por lo que ya se han cumplido 35 años de realizar estas actividades de manera autónoma y ligada a las luchas y movimientos sociales.
Durante todos estos años hemos demandado que la CNDH cumpla verdaderamente con su papel para defender los derechos de las víctimas ante los abusos de poder de los gobernantes en turno, ya sean priistas, panistas, perredistas o morenistas como sucede actualmente. Durante sus 34 años de existencia, la CNDH ha enfrentado el reto de cumplir cabalmente con los fines para los que fue creada y dar respuesta a las demandas y necesidades de un país con una compleja situación de derechos humanos, que ha derivado en la crisis que actualmente enfrentamos en esta materia.
Lejos de ser plenamente funcional, desde su creación, el organismo ha enfrentado problemas para ejercer cabalmente su autonomía, ser transparente, mantener una relación cercana con las víctimas, fortalecer sus capacidades para investigar y atender quejas, entre otros; que contrastaba con el alto gasto de operación que representaba, llegando a ser la institución nacional de derechos humanos más costosa en toda América Latina.
Durante la gestión de la actual titular de la CNDH se materializó un deterioro institucional considerable, que ha colocado al organismo en el centro de cuestionamientos sobre su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo y el rol pasivo que ha jugado como institución nacional de derechos humanos frente a las problemáticas más apremiantes en este ámbito en México, como la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, megaproyectos de desarrollo en territorios indígenas, la disminución del espacio cívico y la estigmatización de periodistas y organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, la expansión de la prisión preventiva, entre otros.
El balance del papel desempeñado por quienes están al frente de la CNDH ha sido ampliamente documentado por organizaciones hermanas como el Centro Prodh, destacando el hecho de que la subordinación al gobierno le impide actuar de manera autónoma en temas relevantes como es la militarización de la seguridad pública, las deficientes investigaciones y recomendaciones a la hora de tocar el papel del Ejército y la Guardia Nacional cuando cometen violaciones graves de derechos humanos, al negarse a interponer acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN y saliendo en defensa y justificación de las políticas gubernamentales en lugar de ponerse del lado de las víctimas.
En casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares durante la recién concluida administración federal, la CNDH ha eximido públicamente de responsabilidad al Ejército, ignorando las denuncias y reclamos de las víctimas. Resalta su postura frente a las denuncias del uso del malware Pegasus por parte de la SEDENA para espiar, durante el gobierno del presidente López Obrador, a organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, e incluso a funcionarios federales involucrados en la investigación de violaciones a los derechos humanos en las que está implicado el Ejército, como el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; sobre lo cual, en mayo de 2023, al poco tiempo de hacerse pública la información, el organismo emitió un comunicado afirmando que había investigado “sin encontrarse por esta Comisión Nacional elementos que presuman que el gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”, esto a pesar de la constatación que han realizado entidades especializadas en la materia sobre el uso de Pegasus y la evidencia de su contratación por parte de la SEDENA.
Siguiendo la misma línea, en el caso de la ejecución extrajudicial de la niña Heidi Mariana, cometida en 2022 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la CNDH emitió un pronunciamiento en septiembre de 2024 afirmando que “no cuenta con pruebas que vinculen directamente a la SEDENA con los hechos que derivaron en la trágica muerte de la menor”, pese a las evidencias públicas y la denuncia de la familia sobre la participación del Ejército. A lo anterior se suma el ya mencionado pronunciamiento del organismo en 2022 en torno a la aprobación de la reforma constitucional sobre Guardia Nacional, en el cual, como se ha dicho, al informar que no interpondría acción de inconstitucionalidad, aseveró que la reforma era constitucional.
Hemos sido testigos de lo que ocurre cuando se pierde la autonomía de quienes están al frente de éste tipo de instituciones a pesar de tener una trayectoria de lucha, pero que en la práctica traicionan el legado de quienes las precedieron, cayendo en la ignominia de hostigar, perseguir y criminalizar a quienes mantienen el compromiso de seguir luchando por transformar la realidad hasta lograr que los derechos humanos se sienten cotidianamente a la mesa de todas las familias y personas en éste país que, hoy más que nunca, se debe elevar la voz de protesta y de lucha consciente y organizada. Así lo haremos junto a los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa durante la 121 Acción Global por Ayotzinapa y México, éste 26 de octubre, hasta lograr verdad y justicia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
