Miguel A. Izquierdo S.
Varias teorías de la administración pública, siguiendo una lógica antiburocrática, abogan por delegar en instituciones autónomas, tareas especializadas del Estado que requieren capacidades técnicas a cargo de quienes, por sus conocimientos, experiencias, reconocimientos, se consideran idóneos para realizarlas, sin la tutela del propio Estado. Eso es parte de las leyes mexicanas, federales y estatales, en materia de administración pública. Se trataría de darles autonomía para autogobernarse, elegir sus autoridades, administrarse y…autocontrolarse. Pareciera un mundo ideal, y derrotero que han defendido hasta donde les preocupan sus bolsillos, millares de sus beneficiarios. Otros, sin saber que el dios de sus autoridades es una maraña de prerrogativas que se auto otorgan, les hemos creído el discurso autonómico indiscriminado, y apoyado sus reclamos. No más. No lo merecen, y en mi caso, les tengo profunda desconfianza. Sobran ejemplos de excesos y abusos, de falta interesada de controles, de opacidad, malversación de fondos públicos, fraudes, estafas: ahí está el INE, las universidades participantes activas en la estafa maestra, la Universidad de Guadalajara, perdón, de Padilla, especializadas en depositar recursos públicos en empresas fantasmas, con asesoría de la SHCP en su momento. ¿Hay ya autocrítica de estas lacras de la autonomía, desde las propias instituciones autónomas? ¿Desde las universidades públicas? Se trata de crear instancias, sean internas y en su caso, con participación externa, que obliguen a las instituciones autónomas a la transparencia, a la rendición de cuentas, a contar con topes claros y públicos a los excesos de sus administradores, de sus áreas de compras e inversión, de otorgamiento de prestaciones y jubilaciones doradas, vía fideicomisos ultrasecretos. ¿Serán capaces de crear tales instancias desde adentro? No se nota que lo estén discutiendo, que se lo estén proponiendo, siguen nadando “de a muertito”. En tal caso, la exigencia tendrá que venir de fuera, como en el caso del INE, para poner fin a sus excesos, fuera de toda mesura, atenta a las profundas desigualdades existentes en el país. La sociología y la historia de las universidades públicas mexicanas, da cuenta de repetidos casos de cacicazgos en su administración, algunos transexenales, de bandas de administradores, otros más bien unipersonales. Han acudido a “porros”, qué suave expresión, a las armas de alto calibre, como en la UDG, a las prebendas y amenazas para crear “consensos” y pleitesías. Un caso asombroso es la propia UNAM, un estado dentro del Estado, con voluminoso presupuesto en manos de negociantes que se enquistan en ella por décadas. Otro más, el de los millonetas del INE, y uno más, el del propio poder judicial, que no suelta noticia de sus fideicomisos. Tienen su propio país, tal es su poder de facto. Es por demás justo el reclamo social de transparencia y obligada rendición de cuentas de parte de todo funcionario público, de todo organismo público, sea o no autónomo, y que no se deje un solo resquicio para sus triquiñuelas, espacio para su beneficio personal, familiar, de bandas mafiosas que tienen incrustadas ilegalmente. Ya basta, no es eso justo ni digno de las instituciones autónomas