La obesidad es uno de los mayores retos de salud pública a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Más de 1,000 millones de personas padecen obesidad: 650 millones de personas mayores de edad, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niñas y niños, según la OMS en 2022.
Esta epidemia, además de limitar la calidad de vida y generar múltiples enfermedades crónicas, representa una carga importante para los sistemas sanitarios y una violación al derecho a la salud, a la adecuada nutrición y a una vida digna. México ocupa el desalentador quinto lugar a nivel internacional y se estima que el número de adultos con esta condición podría aumentar a 35 millones durante la próxima década (World Obesity Federation, 2022). Este fenómeno no solo impacta la salud física, sino también la salud mental, emocional y calidad de vida. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 muestran que el 75.2% de personas mayores de 20 años presentan sobrepeso u obesidad y es más frecuente entre las mujeres (76.8%) que en los hombres (73.5%).
La obesidad además de ser un problema de salud es un factor de riesgo para el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), tales como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, apnea del sueño y aumenta el riesgo de cáncer. En nuestro país la diabetes es una de las principales causas de muerte y tanto el sobrepeso como la obesidad son factores que acentúan y agravan las patologías.
De acuerdo con la Recomendación General No. 39 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH- (2019) “el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud cuyo origen está vinculado a la responsabilidad y hábitos de vida de las personas, pero también a situaciones estructurales que pueden condicionar, limitar e incluso anular las oportunidades de disfrutar una vida en las mejores condiciones posibles de salud; por ello, están directamente relacionados con el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos”.
Lo anterior es el reflejo de un sistema que ha fallado en garantizar condiciones dignas para todas las personas; que evidencia la falta de acceso efectivo al derecho a la protección de la salud, donde incluso la CNDH en 2019 señaló: “Toda vez que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, el acceso a alimentos y una adecuada nutrición, son dos de los factores determinantes básicos de la salud a que se refiere el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC“.
Es fundamental reconocer que la obesidad es una manifestación de las profundas desigualdades sociales que persisten en México. Muchas comunidades enfrentan condiciones económicas adversas que limitan su capacidad para acceder a alimentos saludables y apropiados. En el entorno alimentario mexicano predominan productos ultraprocesados que contienen grandes cantidades de azúcares, grasas, sodio y aditivos, son de bajo costo y alto contenido calórico, mientras que alimentos frescos y nutritivos como frutas, verduras y proteínas de calidad, resultan menos accesibles y más costosos, especialmente en zonas rurales y marginadas.
Frente a este panorama, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo integral de toda la población y crear entornos que permitan ejercer plenamente el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo que implica superar las barreras estructurales que restringen el acceso a alimentos nutritivos, mediante la implementación de políticas públicas integrales que aborden de raíz las causas de la obesidad y promuevan condiciones de vida más justas y saludables.
En este sentido, uno de los grandes desafíos es transformar el entorno alimentario y urbano a fin de impulsar la salud. No basta las campañas de concientización, es necesario actuar sobre las condiciones que perpetúan la obesidad, como la inseguridad alimentaria, la falta de espacios públicos adecuados, la desigualdad en el acceso a servicios de salud y educación nutricional. Las políticas públicas deben ser intersectoriales y sostenidas, donde involucren no sólo al sector salud, sino también a las áreas de desarrollo social, educación, planeación urbana y medio ambiente.
La creación de espacios públicos que promuevan la actividad física es una estrategia clave para revertir esta problemática. Parques, ciclovías y áreas deportivas accesibles y seguras son fundamentales para motivar a la población a incorporar hábitos saludables en su vida diaria. Del mismo modo, el acceso a instalaciones deportivas y a programas comunitarios de ejercicio fortalece la prevención de enfermedades y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.
Cualquier esfuerzo por combatir la obesidad debe ir acompañado de acciones que erradiquen la estigmatización y la discriminación que enfrentan las personas que viven con esta condición. La estigmatización no solo vulnera la dignidad humana, sino que genera barreras adicionales en el acceso a servicios de salud, educación y empleo, que profundiza las desigualdades y perpetua un ciclo de exclusión que impide abordar la obesidad de manera integral.
La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es indispensable para abordar la epidemia de la obesidad. La implementación de políticas fiscales, como impuestos a las bebidas azucaradas, comida rápida, alimentos ultraprocesados y subsidios a alimentos saludables, puede modificar el entorno alimentario y hacer que las opciones saludables sean más accesibles y atractivas para la población.
En la segunda parte de este artículo pondremos especial atención en un sector particularmente vulnerable: las niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un entorno cada vez más propicio al desarrollo de esta enfermedad crónica, compleja y multifactorial
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos.