(Segunda parte. La niñez y la adolescencia)
La obesidad en la niñez y adolescencia representa un problema complejo que se encuentra estrechamente vinculado a determinantes socioeconómicos, culturales y ambientales. En América Latina y el Caribe se estima que el 11.5% de niñas y niños menores de 5 años viven con desnutrición crónica y que el 30% de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 19 años viven con sobrepeso u obesidad (Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes -ALSANNA-, Capítulo América Latina y el Caribe, 2024). Estas cifras revelan una paradoja alarmante, mientras millones de personas menores de edad enfrentan carencias nutricionales, otras tantas se ven afectadas por exceso de peso, ambas con graves consecuencias para la salud presente y futura.
En México, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad. Esta realidad alcanza dimensiones preocupantes; más de 15 millones de niñas, niños y adolescentes en el país presentan algún grado de malnutrición (SEP, Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas, 2025). La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2020-2023) reportó que el 36.5% de las personas menores de edad entre 5 y 11 años y el 40.4% de adolescentes de 12 a 19 años tienen sobrepeso u obesidad, datos que confirman la magnitud de esta pandemia sanitaria.
Las causas de este fenómeno son múltiples: el entorno alimentario ha cambiado drásticamente en las últimas décadas con una oferta masiva de productos ultraprocesados como bebidas azucaradas, botanas y comida rápida, la facilidad para adquirir estos productos, sumada a estrategias de mercadotecnia dirigidas a públicos infantiles, ha influido categóricamente en los hábitos de consumo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, tan solo en el primer trimestre del 2024 más de 64 mil niñas y niños menores de 12 años presentaban sobrepeso y obesidad. Si bien los padres y madres tienen un papel preponderante en la promoción de patrones dietéticos saludables, es difícil lograrlo en un escenario donde lo más accesible, económico y publicitado es también lo menos nutritivo.
El sedentarismo ha ganado terreno, el uso excesivo de dispositivos electrónicos ha reducido significativamente la actividad física, además de una escasa educación nutricional en los hogares, las escuelas y en la sociedad que limita el acceso de niñas, niños y adolescentes a entornos que favorezcan una alimentación informada y saludable. En la Recomendación General No. 39 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019) se señala que una alimentación inadecuada en la infancia puede tener graves consecuencias para la salud en el transcurso de la vida a causa de la formación temprana de hábitos y preferencias alimentarios, que tienen probabilidades de persistir en la edad adulta.
La obesidad infantil en México constituye un problema multidimensional que no puede enfrentarse solo con acciones aisladas como el etiquetado frontal de advertencia, la prohibición de venta de productos llamados “chatarra” en las escuelas o políticas que trasladan el costo a las familias sin una inversión pública suficiente. Se requiere una estrategia integral que aborde los factores sociales, económicos y culturales involucrados, con una sólida coordinación entre salud, educación y seguridad alimentaria.
Las consecuencias de esta crisis son profundas y duraderas. Aunque parece que la obesidad se ha normalizado socialmente en muchos contextos, no debe perderse de vista que se trata de una condición crónica y patológica que compromete la salud desde edades tempranas y está estrechamente relacionada con enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión, los problemas cardiovasculares y el deterioro físico e impacto emocional y social significativo que deriva en baja autoestima, estigmatización y dificultades en el rendimiento escolar. En el largo plazo representa un problema creciente para el sistema de salud y limita el desarrollo del potencial humano de toda una generación.
Frente a este panorama el Estado mexicano debe cambiar su discurso complaciente y continuar con la implementación de políticas públicas como los programas “Vive Saludable, Vive Feliz”, enfocados en la promoción de hábitos saludables en escuelas, y “3 x mi Salud” que impulsa una vida activa y una dieta equilibrada desde la niñez, así como con el seguimiento de la prohibición de la venta de comida chatarra en los planteles educativos; el retiro de personajes infantiles en la publicidad de alimentos ultraprocesados y el uso de sellos de advertencia. Tales programas buscan reducir el consumo de productos con alto contenido calórico y escaso valor nutricional entre la población infantil y adolescente.
Esas acciones deben constituir parte importante de un tratamiento integral del problema, centrado en la prevención desde la primera infancia y la adolescencia, lo cual ha sido calificado por UNICEF (Comunicado de prensa de 30 de agosto de 2023. América Latina y el Caribe: Más de 4 millones de niños y niñas menores de 5 tienen sobrepeso) como el camino más efectivo para acabar con esta emergencia de salud pública. Esas medidas deben acompañarse de esfuerzos adicionales como la creación de huertos escolares, la promoción de mercados locales con productos frescos y la implementación de programas de educación nutricional permanentes, entre otras, sobre todo en comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad.
La clave está en modificar el entorno alimentario para que el acceso a alimentos sanos y nutritivos no sea un privilegio, sino un derecho. Esto requiere voluntad política, inversión sostenida y la participación activa de todos los sectores de la sociedad. En este sentido, las 10 recomendaciones de ALSANNA ofrecen una hoja de ruta integral: 1. Se destaca la promoción de guías alimentarias basadas en alimentos naturales; 2. La necesidad de fortalecer la nutrición en la primera infancia, incluyendo la lactancia materna exclusiva y una adecuada alimentación complementaria; 3. El robustecimiento de la educación nutricional en las escuelas; 4. La creación de entornos saludables para jóvenes que fomenten la actividad física y el consumo de alimentos frescos; 5. La restricción de publicidad de productos ultraprocesados dirigida a personas menores de edad; 6. El impulso de programas sociales y compras públicas que prioricen productos locales y saludables; 7. La garantía de acceso a agua potable segura en espacios educativos y hogares; 8. El refuerzo de la atención primaria en nutrición para la detección temprana de riesgos; 9. El establecimiento de mecanismos que prevengan la injerencia de la industria alimentaria en políticas públicas y, finalmente, 10. El fomento de la investigación e innovación para desarrollar estrategias basadas en evidencia. Las escuelas en particular deben consolidarse como espacios seguros y promotores de salud, donde se refuerce el aprendizaje de buenos hábitos alimentarios y se fomente la actividad física diaria, constituyendo así el pilar fundamental de una transformación integral.
La lucha contra la obesidad infantil y adolescente en México exige un enfoque multisectorial y de largo plazo, donde solo mediante políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en evidencia, se podrá revertir una tendencia que hoy amenaza la salud y el futuro de millones de niñas, niños y adolescentes. La urgencia de actuar no puede ignorarse más: la salud de las niñas, niños y adolescentes está en juego.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos.
