El artículo 28 de la Constitución, a grandes rasgos, permite la libre concurrencia y prohíbe los monopolios, con la excepción de las actividades del Estado en ciertas áreas estrategias, así como las prácticas monopólicas y lo estancos.
Mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2024 en materia de simplificación orgánica, se dispuso que el Ejecutivo Federal, a través de la “autoridad en materia de libre competencia y concurrencia” deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que se establecen en la Constitución y las leyes. Para tal efecto, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto, tales como ordenar medidas a fin de eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
De conformidad con dicha reforma constitucional, se elimina como organismo autónomo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), debiendo ser sustituido por “una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”. Su existencia está sujeta a la expedición de las nuevas leyes reglamentarias y a que hayan transcurrido 180 días desde la publicación.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en la denominada “Mañanera del Pueblo” del pasado viernes 25 de abril, anunció que presentará una iniciativa de ley para reformar la Ley Federal de Competencia Económica, indicando que la esencia de los cambios que se proponen se centra en la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), una nueva institución que sustituirá a la Cofece. La CNA no será un organismo autónomo, se prevé que se erija como un organismo descentralizado del gobierno federal.
La mandataria explicó que este nuevo organismo público tendrá independencia técnica, pero los nombramientos de sus integrantes dependerán de la propuesta de la persona titular del Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República para que sean aprobados. De acuerdo con la propuesta, el pleno de la CNA sería integrado por cinco comisionados; de ellos, uno presidirá la Presidencia. En tanto, la ratificación de los perfiles deberá ser votado y alcanzar la mayoría calificada en la Senado, es decir, las dos terceras partes de las y los legisladores que sean parte del parlamento en ese momento.
De nuevo nos encontramos ante la sustitución de organismo autónomo por uno que depende del gobierno al que debe regular. Constituye una vuelta a la centralización de la garantía del derecho a la libre competencia.
Se precisó que el periodo en funciones de las cinco personas integrantes del descentralizado será de siete años. Durante ese lapso, ningún integrante podrá volver a postularse para ocupar dicho cargo. Sobre esa misma línea, la titularidad de la Comisión será ocupada solo por tres años, su designación solo será por la persona que ocupe la Presidencia de la República en ese momento. Se establece igualmente que, en aras de fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el organismo, las sesiones que se celebren podrán consultarse por internet. Sin embargo, únicamente podrán revisarse mediante una versión estenográfica que detalle todos los acontecimientos y acciones.
La titular del ejecutivo enfatizó que espera que este proyecto legislativo pueda discutirse en Comisiones y presentarse al Pleno antes del 30 de abril, fecha de cierre del periodo ordinario de sesiones en el Senado, o bien que se abran nuevos periodos extraordinarios desde esa fecha hasta el próximo 1 de septiembre de 2025. Lo anterior debe privilegiar la posibilidad de que los expertos en el tema puedan expresarse en foros o en parlamento abierto sin apresuramiento, antes de la aprobación legislativa. Este es un tema técnico que requiere que opinen los expertos y la academia y sus sugerencias sean atendidas y no quede en simulación, ello legitimaría las normas regulatorias, que atenúen la centralización y daría oportunidad a que la regulación abone a la confianza de la sociedad.
*Especialista en Derechos Humanos
