Mortalidad materna en América Latina y el Caribe: lecciones para México
Edson Serván Mori y Gustavo Nigenda*
La mortalidad materna refleja la incapacidad de los sistemas de salud y de las sociedades en su conjunto para garantizar el derecho a la atención a la salud de sus ciudadanos. A pesar de los avances alcanzados en este último sentido durante las décadas recientes, la mortalidad materna sigue siendo un problema grave en América Latina y el Caribe. Mientras que algunos países han registrado mejoras significativas, otros como México enfrentan desafíos persistentes, agravados por la pandemia de COVID-19, que ha representado una amenaza ante algunos de los logros alcanzados. Este panorama exige un enfoque más innovador y equitativo en las políticas de salud. Un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Salud Pública (https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-024-02100-y) discute sobre esto y ofrece una visión integral de los progresos y desigualdades en la región.
Desde la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000, la región ha visto una notable disminución de la mortalidad materna. Países como Chile y Costa Rica desde hace más de tres décadas han logrado reducciones significativas gracias al aumento del gasto público en salud y a mejoras en la calidad de los servicios de salud. Más recientemente, otros países como El Salvador y Perú han seguido esa ruta. Estos avances incluyen una mayor cobertura de atención durante el parto por profesionales capacitados, y han alcanzado niveles superiores a 90 por ciento en muchos países.
Sin embargo, el progreso ha sido sumamente desigual. En países como Haití, las tasas de mortalidad materna siguen siendo alarmantemente altas. A pesar de ciertos avances, Haití enfrenta una crisis política crónica y una grave falta de recursos para la salud, lo que obstaculiza las mejoras en la atención materna y destaca las profundas desigualdades en la región, donde el acceso y la calidad de los servicios de salud varían considerablemente.
El aumento del gasto en salud y la disponibilidad de personal capacitado son esenciales, pero no garantizan la reducción de la mortalidad materna por sí solos. Aunque es de carácter inverso, la relación entre el gasto público en salud y las tasas de mortalidad materna no es lineal. Además del aumento de recursos, se requiere de estrategias más efectivas y focalizadas para abordar las causas subyacentes de la mortalidad materna, y sobre todo deben estar basadas en un enfoque de derechos, tal como lo han planteado insistentemente organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La inversión en salud debe ir acompañada de una asignación adecuada y de la implementación eficaz de políticas adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad.
El estudio en cuestión mostró una reducción heterogénea en la mortalidad materna de la región, a la par de incrementos variables en el gasto en salud, su porcentaje respecto del producto interno bruto (PIB) y la disponibilidad de recursos humanos para la salud. La correlación entre el nivel de desarrollo económico y la mortalidad materna reveló una asociación negativa dependiente entre la mortalidad materna y el gasto en salud per cápita, el porcentaje del PIB destinado a salud, la disponibilidad de recursos humanos para la salud y la cobertura de atención de partos asistidos. Los niveles más bajos de mortalidad materna se observaron cuando el gasto en salud como porcentaje del PIB se acercaba a 3 por ciento, o aproximadamente a 400 dólares por persona, con una disponibilidad de seis profesionales de salud por cada mil habitantes y una cobertura de atención de partos asistidos superior a 90 por ciento.
Reducir la mortalidad materna de manera efectiva requiere de enfoques innovadores y políticas de equidad que vayan más allá del simple incremento de recursos. Estas políticas deben adoptar un enfoque integral, considerando el contexto social, demográfico e histórico de las poblaciones objetivo. Es crucial equilibrar la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud, y combinar incentivos y regulaciones para mejorar la atención.
Las políticas innovadoras deben comprometerse con la equidad y adoptar una visión holística de la salud materna. Esto incluye mejorar la infraestructura de salud y fomentar la educación y el empoderamiento de las mujeres. La formación de alianzas con organizaciones comunitarias y el sector privado puede ser clave para ampliar el alcance y la eficacia de las intervenciones. Entre las estrategias esenciales se encuentra la mejora de la cobertura y accesibilidad de los servicios de salud materna. Aumentar esta cobertura y reducir los costos indirectos, como el transporte, especialmente en áreas rurales, entre las poblaciones más vulnerables y pobres, y, en particular, entre los grupos indígenas, es fundamental. Implementar subsidios y programas de transporte puede facilitar el acceso a los servicios necesarios sin que las mujeres enfrenten barreras económicas. Las campañas educativas y comunitarias también son cruciales. Resaltar la importancia de la salud materna y de estrategias adaptadas a las realidades locales puede asegurar una mayor aceptación y participación de las comunidades. Asimismo, capacitar y sensibilizar a los profesionales de la salud para proporcionar atención integral y humanizada es esencial, abarcando la prevención del aborto inseguro y la atención durante el embarazo, parto y posparto.
La intersectorialidad es clave para abordar los determinantes sociales de la salud, incluidas la educación y las oportunidades laborales para las mujeres. La participación de las organizaciones de la sociedad civil también es relevante, ya que pueden y deben desempeñar un papel activo para abordar de manera efectiva las causas profundas de la mortalidad materna. Un enfoque basado en derechos humanos y equidad de género es fundamental. Es necesario garantizar que todas las mujeres reciban una atención digna y de calidad, en la que se respeten y promuevan los derechos sexuales y reproductivos, y se luche contra la discriminación y la violencia de género.
México tiene una cuenta pendiente en lo que respecta a la reducción sostenible la mortalidad materna. Para ello se requiere de un compromiso institucional con una perspectiva innovadora e integral que incluya el aumento de recursos y una mayor accesibilidad de los servicios de salud. El enfoque en derechos y la mejora en la calidad son fundamentales para avanzar en este camino. La inversión en salud materna tiene implicaciones tanto para el presente como para el futuro de nuestra sociedad, y es responsabilidad de todos los actores sociales y políticos trabajar juntos para lograr este objetivo.
* Especialistas en salud pública. Invitados por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce