¿DE QUÉ TAMAÑO ES LA DEMOCRACIA MEXICANA?
El próximo primero de septiembre se instalará la LXVI Legislatura federal, la cual estará integrada por el excesivo y oneroso número de 500 diputados federales, y de 128 senadores. Las diputaciones federales tendrán una duración de tres años, mientras que quienes habrán de incorporarse a la Cámara de Senadores tendrán esa responsabilidad durante seis años. Con este hecho se ratificará que México es una República democrática, ajustada al modelo de gobierno oficialmente aceptado por los estados nación creados con la inspiración de la revolución francesa del siglo 18.
En mi entrega anterior señalé de manera contundente que “los procesos electorales son tiempos legalmente aceptados para que, en la práctica, los ciudadanos renuncien a su propio poder y lo entreguen de manera irresponsable a personas, grupos y camarillas cuyas agendas no necesariamente responden a las de los ciudadanos que dicen representar, sino a intereses personales o de poderes fácticos que los utilizan como instrumentos”.
De igual forma señalé que “parece exagerado afirmar lo anterior, pero en el mundo de hoy cada vez queda más claro que tener el gobierno no es tener el poder. Sobran los ejemplos actuales en Latinoamérica para demostrar que candidatos a gobernantes que resultan electos con el mandato de ajustar disfuncionalidades económicas existentes en el país son neutralizados por otros aparatos gubernamentales, como el poder judicial o el poder legislativo, o bien, otros poderes fácticos nacionales o internacionales, como los medios convencionales de comunicación, y los organismos financieros a los que está sometidos por las deudas adquiridas”.
Se habla mucho de que vivimos tiempos de confusión, en los que las certezas sobre las que operó el mundo en décadas pasadas están desapareciendo; eso se valida con el hecho de que las instituciones que aseguraban ese estado de cosas están mostrando su fragilidad y no parecen ya merecernos la confianza de antaño. Sin embargo, surgen grupos poderosos que defienden a ultranza las actuales instituciones, aduciendo que son la expresión de la democracia y el impedimento a que movimientos populistas y dictadores en potencia se apoderen de los países. Por otra parte, otros grupos sociales, que no son parte de los sectores con poder económico y político, señalan que las actuales instituciones no defienden realmente los valores democráticos, sino que operan al servicio de los poderes fácticos nacionales e internacionales.
Esta confrontación se da en el marco de que el modelo político/económico/cultural que se ha impuesto en el mundo en los últimos 60 años no está dando los frutos prometidos, y la gente empieza a extrañar la seguridad que tenía cuando el Estado, y no el mercado, era el garante del bienestar colectivo.
El caso de México es paradigmático en este sentido. Desde inicios de la década de los años ochenta del siglo pasado, los gobernantes hicieron todo lo que marca el manual operativo de la ideología neoliberal para debilitar al Estado como rector de la economía y protector del bienestar colectivo. Eso incluyó, entre otras cosas, cambios en la legislación, venta de activos públicos, facilidades de todo tipo a la inversión extranjera en lo que a ésta se le ocurriera y beneficiara, sin importar si el país lo necesitara. Todo iba bien, hasta que el resultado de las elecciones del año 2018 puso un freno a esa dinámica, y empezó a tratar de revertir en el algún grado la plataforma discursiva y operativa del modelo que defiende que el mercado es quien debe regir el desarrollo de los países.
En efecto, los cambios en favor de la visión neoliberal se habían dado sin mayor impedimento por parte del Congreso y del Poder Judicial en el llamado Pacto por México; sin embargo, los pobres resultados obtenidos para la mayoría de la gente y la conciencia latente de los beneficios contenidos en el modelo del Estado benefactor que le precedió, inclinaron la votación en el 2018 a favor de un cambio, que fue considerado por algunos el inicio de una regresión y contención de la inercia neoliberal. Seis años después, los resultados de la reciente elección en este año 2024 resultaron ser un claro refrendo de un modelo de gobierno que se construye sobre los principios de la soberanía nacional y de la atención prioritaria a la población más necesitada, principios contrarios a la visión neoliberal.
Regreso al punto inicial de que la democracia formal representativa es en realidad una renuncia y enajenación del poder ciudadano, en lo individual y en lo colectivo, y que elegir a un gobierno nacionalista/soberanista, liberal en lo político, impulsor de la demanda, más que de la oferta en lo económico, y austero en la gestión de la administración pública es enfrentarse a una serie de obstáculos impuestos por los poderes fácticos actuales nacionales e internacionales que no quieren que cambien en nada las actuales instituciones y las políticas públicas gubernamentales que les han beneficiado en los últimos decenios.
El punto central a señalar es que debemos encontrar y hacer operativos mecanismos que a la vez controlen la gestión de los gobernantes electos, para evitar la corrupción y la tentación de usar su poder para sus propias causas o para quienes los sobornen, y por otra parte tener claridad sobre quiénes y cómo se oponen a que se lleve a cabo una propuesta de gobierno ratificada para los próximos seis años.
Ya sabemos que los medios de comunicación comerciales habrán de atacar, y mentir sobre todo lo que haga el nuevo gobierno, si este sigue con la política de restringir el dinero que antes se les canalizaba con cualquier pretexto lícito o ilícito. También sabemos que los opositores al cambio aplicarán su recién encontrado juguete de la “lawfare”, mecanismo para hacer política, pero no justicia; y finalmente, también sabemos que el futuro gobierno de los Estados Unidos hará todo lo que pueda por inhibir un proyecto nacionalista que no respalde sus intereses comerciales/geopolíticos.
Veremos, por tanto, de qué tamaño es la democracia mexicana.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.