UNA AUTÉNTICA COMUNICACIÓN SOCIAL
Mañana primero de octubre, sin clichés y sin vana retórica, será un día histórico, tanto en México, como en el Estado de Morelos.
En México, por dos razones, por primera vez se transfiere el poder constitucional de un gobierno progresista a otro del mismo signo partidista; la segunda razón es que, por primera vez en la historia de México, una mujer ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
En el Estado de Morelos, porque también será una mujer quien por primera vez tendrá la responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal, y porque además será del mismo signo ideológico de la presidenta de la República.
Lo anterior no borra, desde luego, la diferencia en la escala de sus responsabilidades, pero tampoco impide señalar retos comunes a enfrentar en su gestión de gobierno. Señalemos uno de ellos.
La proclama reiterativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de “hacer cada vez más pública la vida pública” debe fortalecerse y consolidarse como una política central de una nueva forma de gestionar el servicio público. Esta idea rebasa la hasta ahora burocrática y poco efectiva modalidad de exigir la transparencia gubernamental, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), uno de los organismos constitucionalmente autónomos que por cierto están siendo altamente cuestionados.
Una nueva forma de transparentar el quehacer público tendrá que ser el resultado de una propuesta y práctica pedagógica que busque una auténtica comunicación pública, en la que se demuestre que quien gobierna tiene un verdadero interés en dar a conocer, tanto el sentido y propósito de las acciones que realiza, como la forma y cantidad de los recursos humanos, materiales y financieros aplicados para ello.
Esta propuesta debe ser pedagógica, porque la mayoría de la gente realmente desconoce cómo opera el gobierno, en todos su órdenes y poderes, relativo a las atribuciones y restricciones que tiene para ello; por lo que el gobierno tiene la obligación de explicarlo, para situar en su correcta dimensión las expectativas ciudadanas. Hay que erradicar el todavía prevaleciente pensamiento mágico de que el gobierno, y específicamente quienes ocupan el poder ejecutivo, pueden resolver problemas de todo tipo, correspondan o no a su ámbito de competencias y responsabilidad.
Esta aproximación pedagógica también incluye que el gobierno dé a conocer a la sociedad el porqué de su toma de decisiones sobre las acciones importantes y de impacto en la vida de los ciudadanos. Si, como se afirma, la política consiste en “elegir la menos mala de las opciones”, entonces con mayor razón los ciudadanos deben conocer el sustento de una política pública o de una obra determinada.
A manera de paréntesis, debe revisarse también el alcance y forma de cumplir la otra parte del mandato del INAI, esto es, la protección de datos personales. En este sentido, el anonimato en cuanto a la acción y participación de ciudadanos y de gobernantes en múltiples actividades se fácilmente se convierte en la práctica en un recurso de impunidad, protegido legalmente. Por ejemplo, el desconocer quiénes son los accionistas de una empresa claramente inmersa en acciones delictivas, obvia uno de los mayores castigos que es el desprestigio público, lo cual resulta igual o mayor castigo, que la restitución personal de lo robado, no sólo de quién daño la hacienda pública, sino de el de su familia que se benefició de ese ilícito. Situaciones que por cierto no son resultado aún de la procuración y administración de la justicia en nuestro país.
Regresando al tema central, la idea de que los gobiernos que inician una nueva etapa modifiquen sustantivamente su forma de comunicación con la sociedad, implica la otra gran “política de vida” de que es preferible prevenir las causas de los problemas, que ocuparse de atender, casi siempre infructuosamente, sus efectos.
Hay que romper de una vez por todas el juego perverso en el que participamos de que “el gobierno es el que esconde los cadáveres en el closet” y los ciudadanos deben ocupar su tiempo en buscarlos y descubrirlos. ¿Cómo romper este juego, y pasar a etapas superiores de corresponsabilidad entre ciudadanos y sus gobernantes? Sin duda es un reto a la imaginación, pero uno se pregunta si ¿acaso no sería posible que se encargara la búsqueda de la respuesta a los universitarios de las áreas de ciencias políticas y sociales? Esta aún inexistente práctica de consulta generalizada a universitarios, sobre formas de resolver diversos problemas que afectan a la sociedad, podría convertirse en una práctica frecuente, con lo que se vincularía a las universidades con los problemas reales de la sociedad.
Finalmente, en esta necesidad de practicar una nueva forma de auténtica comunicación social, debe transparentarse el sentido, justificación y modalidad de vinculación del gobierno con los medios comerciales de comunicación. Lo que sucedió en el sexenio que termina fue algo enfermizo por parte de la inmensa mayoría de dichos medios comerciales, ya que renunciaron a ejercer la comunicación objetiva, y se dedicaron a atacar al gobierno y a desinformar a la sociedad. Añádase a esto, el surgimiento de medios electrónicos alternativos de comunicación, cuya creciente importancia requiere una postura gubernamental frente a ellos.
En este mismo tenor, se necesita un replanteamiento profundo sobre el quehacer de los medios públicos de comunicación. Se debe romper la ambigüedad de su función, y reconsiderar su alcance, tomando en cuenta que son medios que pertenecen a toda la sociedad, y que deberían ser quienes en primer lugar garanticen el derecho a la información y a la libre expresión de toda la sociedad mexicana.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.