EN BÚSQUEDA DE LA NUEVA GOBERNANZA
Avanza en su primer mes de actuación la nueva administración federal. Los partidos políticos opositores, así como otros grupos de ciudadanos contrarios a los cambios legislativos y a las políticas sociales instrumentadas por quienes ganaron ampliamente las recientes elecciones, centran en gran medida sus ataques señalando el problema de la inseguridad pública, e intentando contravenir los cambios constitucionales en relación al Poder Judicial.
La inclusión del Poder Judicial en la disputa sobre el poder público en México es algo novedoso, relevante y absurdo. Ha quedado claro recientemente, en este y otros países, que los opositores al cambio progresista han encontrado un camino fácil, para lograr sus propósitos, utilizando instrumentos propios del poder judicial, como los amparos, las demandas, los juicios y las sentencias de jueces corruptos. Es la llamada “lawfare”, o guerra jurídica, que utilizan actores de dentro y fuera de la política, con poder y dinero, para atacar, y si es posible destruir, a quienes obstaculizan y quieren cambiar un “status quo” que les favorece.
Este camino para ejercer el poder prescinde del camino formal institucional de acceso al poder, vía los procesos electorales. Lo que no ganan en las urnas, lo quieren recuperan en los juzgados. Esto es algo muy serio que atenta contra la justicia y el orden social, utilizando paradójicamente al poder judicial responsable de ello; y, por si fuera poco, busca apropiarse de las facultades del legislativo, otro de los poderes centrales del estado moderno. Además, se utiliza todo este enfermizo y tramposo recurso, arguyendo que es la mejor prueba de la existencia del “equilibrio de poderes”.
Todo este escenario cuestiona la forma de hacer valer la “gobernabilidad” y la llamada “gobernanza” en nuestro país, ya que todo apuntaría a que muy pronto se habrá de generar un desorden social, ante la evidencia de un desajuste en la relación entre los tres poderes de la Unión, y entre las instituciones que de ellos se derivan.
Sin remontarnos al origen del concepto “gobierno” (guía, conducción) y su utilización secular, habremos de señalar que la reciente preocupación por la “gobernabilidad” de un país o Estado nación, es relativamente reciente, y contra lo que se pudiera pensar, surge de un diagnóstico hecho en países industrializados, y no tanto de contextos propios de países coloniales o “subdesarrollados”. En efecto, la llamada Comisión Trilateral (1973), conformada por personajes del norte de América, de Europa y del Japón, ordenó un estudio para prevenir la ingobernabilidad que podría generarse en dichos países avanzados, si no se contenía la excesiva demanda de derechos sociales generada por sus habitantes. Fue un llamado a racionalizar la gestión gubernamental, y prevenir cualquier amenaza al orden social.
Por cierto, que esta Comisión Trilateral fue el antecedente de lo que posteriormente habría de venir con el llamado “Consenso de Washington” (1985), la caída de muro de Berlín, el nacimiento del mundo unipolar, y de ahí la amplia promoción de la globalización y de la difusión de la ideología conocida como “neoliberalismo”.
Para crear la condiciones que hicieran posible este nuevo escenario comercial, financiero, político, tecnológico y cultural, ya no sólo de los países “desarrollados”, sino también de los países “subdesarrollados” carentes de soberanía por los estragos del excesivo endeudamiento y de los efectos de la llamada “década perdida” de los años ochenta del siglo pasado, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el PNUD (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas) y la OCDE(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) empezaron a divulgar el concepto y la práctica de la llamada “gobernanza”.
Dicho concepto, a diferencia del de gobernabilidad (en donde la atención de los problemas sólo competía a los aparatos gubernamentales), plantea que la gestión de las tareas tradicionales del gobierno/Estado benefactor debe compartirse ahora con las fuerzas del mercado y con las organizaciones de la sociedad civil.
Este nuevo modelo de organización de la sociedad buscaba innovar en los procesos y políticas de gestión de los asuntos públicos (NGP), de tal suerte que se volvieran más eficientes y eficaces en la solución de los problemas internos del país, así como para estar en mejor condición de interactuar en el mundo globalizado.
Esta “reingeniería” en la estructura y funcionamiento normativo de los aparatos de los gobiernos nacionales dio pie a la franca y violenta “intervención” en la gestión de asuntos públicos por parte de múltiples instancias. Destacan las grandes empresas nacionales, las corporaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales de diverso alcance, los medios de comunicación masiva tradicionales, y otras más que se convirtieron, en diversa medida y escala, en poderes fácticos y mecanismos de presión a los gobernantes formalmente electos; éstos finalmente terminaron convertidos en meros brazos ejecutores de las agendas específicas de los grupos de presión más poderosos, con lo que perdiendo la visión del interés general de la sociedad, y generaron la desigualdad social de grandes sectores de la población.
En ese contexto, ¿qué sigue para México?, ¿regreso al modelo de la gobernabilidad? ¿navegar a la deriva en el modelo de la gobernanza impuesta desde afuera? o bien, ¿búsqueda de la gobernanza en la escala del nivel regional y local? Para esto último, hay que releer lo escrito ya en los años ochenta del siglo pasado por la Fundación Konrad Adenauer, sobre el “otro desarrollo” a escala humana, y todo lo publicado en México sobre el desarrollo local y el fortalecimiento municipal.
Modelos mundiales de organización humana versus modelos nacionales y locales resumen el reto de una gobernanza democrática real.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.