REPÚBLICA A LA MEXICANA
La nueva administración federal ya nos informó sobre los cien compromisos que consideró prioritarios para darles cumplimiento en sus seis años de gestión. Hay que esperar ahora la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 que por ley la actual presidenta tiene que elaborar, presentar al Congreso y publicar, dentro de los primeros siete meses de su toma de posesión, y en donde se expresan con más detalle, los objetivos prioritarios que deben guiar su toma de decisiones como gobernante.
Más allá de esta obligación de la titular del poder ejecutivo federal, sigue vigente el irresuelto y crónico problema de los mexicanos de pensar que cuando se habla de gobierno, casi siempre se piensa en el gobierno federal, y no en el gobierno estatal, ni en el gobierno municipal. Casi cualquier problema socialmente importante es naturalmente atribuible en su causa y solución al todopoderoso Tlatoani, cuyo rol actual está siendo ejecutado, por primera vez en la historia, por una mujer.
El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental; en concordancia, el artículo 115 de la misma Constitución indica que “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre…”
Sin embargo, en los hechos esta forma de República a la mexicana es una gran burocracia nacional de gobiernos locales, congresos estatales, fiscalías, poderes judiciales, y de cabildos municipales, cuya función es irrelevante y poco eficiente, además de que cuestan mucho dinero. Preguntémonos ¿en qué se refleja el carácter de “estados libres y soberanos”, si no existe gran diferencia de sus marcos jurídicos con los de la federación?
El poder ejecutivo estatal en la práctica cubre la función de dispersor de recursos financieros que le llegan de la federación, en el marco del pacto fiscal, ya que cuenta con pocos recursos propios para hacer efectivos sus planes estatales de desarrollo; de igual forma los congresos estatales cumplen la función obligada de ajustar sus marcos normativos a lo que se aprueba en el Congreso Federal; en cuanto al poder judicial, la opacidad y corrupción de este poder, cruda realidad que finalmente está quedando manifiesta, anula cualquier justificación y defensa de su condición de entidad libre e independiente. Todo indica que lo natural en nuestra cultura es que nuestra forma de gobierno fuera una república centralista, más que una república federal. Este es un tema que deberíamos encarar y reflexionarse abiertamente.
Mientras eso sucede, hay que preguntarnos cuál será en el futuro inmediato el tipo de actuación del gobierno federal de nuestro país. ¿será una gestión bajo la visión llana y simple del enfoque de “gobernabilidad” o bien, una gestión bajo la visión más ampliada del enfoque de “gobernanza”? La primera implica que el aparato gubernamental se organiza para que sea el propio gobierno, con sus servidores públicos y sus recursos fiscales, quien atienda todas las necesidades de la población; por su parte, la segunda, refiere a que la atención de dichas necesidades debe hacerse, sí por el gobierno, pero en coadyuvancia con actores del sector privado empresarial, y con organizaciones de la sociedad civil.
La anterior administración federal 2018-2024 trabajó para revertir la tendencia a privatizar todo lo que fuera posible, y para recuperar la rectoría del estado en materia económica, así como para erradicar la expandida corrupción e ineficiencia en la prestación de servicios públicos concesionados a particulares. Con ello, cortó los vínculos que con el presupuesto federal tenían cantidad de empresas y de organizaciones de la sociedad civil. La pregunta ahora es si la nueva administración federal seguirá con la misma política, o la flexibilizará para volver a “subir al tren del presupuesto federal” a organizaciones privadas y sociales que operan, no con la lógica de competencia entre sí, sino de dependencia directa de los fondos fiscales.
Lo que debemos entender con claridad es que, si la opción es la gestión de los recursos públicos bajo la visión de “gobernanza”, puede esta convertirse en un auténtico modelo federal de operación de la sociedad, instrumentándola como una estrategia de intervención diferenciada en los diferentes estados y regiones de México, en función de sus necesidades y grado de desarrollo. Sin embargo, deberíamos tener presente que ya está más que demostrado que la visión o enfoque de la “gobernanza” es fácilmente distorsionada, y es la que prefieren y promueven los grandes poderes fácticos globalistas internacionales, porque es la que les abre el camino para la libre extracción de las materias primas propiedad de las naciones, para la apertura de inversiones directas en lógica de los inversionistas y no de las necesidades del país, así como para la introducción y apertura de mercados en economías periféricas, como la nuestra, de todo tipo de bienes y servicios patentados y con matriz en el extranjero. La próxima renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería analizarse con esta perspectiva.
En la época de introducción y expansión del neoliberalismo abierto, surgió la frase de “tanta sociedad como sea posible, y tanto gobierno como sea necesario”, la cual bien podía formularse en términos de política pública, y hasta de estrategia de promoción del desarrollo nacional. El punto es que no hay tiempos ni espacios para debatir sobre estos asuntos que son claves para la forma de organizarnos como sociedad mexicana.
Lástima que la gran mayoría de los medios, viejos y nuevos, de “confusión social” están sólo en la coyuntura, en el escándalo, en el negocio, y en la guerra ideológica, sin que brinden la ocasión de ser espacios para el diálogo social, lo cual no nos exime de hablar de estos asuntos donde y cuando podamos.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.