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PRESUPUESTO Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

 

Es increíble la capacidad del ecosistema de medios de comunicación tradicionales y digitales para impedir las discusiones a fondo de los temas realmente sustantivos e importantes para la sociedad. Por este motivo, nuestro derecho a la información sólo queda reducido a conocer algo de lo acontecido en la realidad en las últimas 24 horas, incluyendo lo que está sucediendo en México y en el mundo en este mismo momento.

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En efecto, lo que debemos conocer de la realidad nacional e internacional está ya predeterminado por los dueños de los medios; para ellos, lo relevante y conveniente es informarnos sobre los dichos y los hechos de los políticos, así como de las figuras del espectáculo y del deporte, todo ello aderezado, de ser posible, de nota roja y de escándalo. No importa saber por qué sucede lo que se informa, ni tampoco de sus implicaciones. Se borran los contextos y se enfatizan los textos. Alguien dirá que esas deficiencias se cubren con las múltiples “mesas de análisis” de la programación de las emisoras radiofónicas y televisivas, pero no es el caso.

Por lo visto, sólo un ingenuo podría haber esperado que el reciente cambio de gobierno federal en México traería también un cambio en la manera de seleccionar y abordar los temas que se ponen en la mesa de la opinión pública. Por desgracia, el aparato mediático privado ha decidido continuar en “modo oposición” a todo lo que dice y hace el nuevo gobierno, sin conceder un mínimo de análisis equilibrado sobre lo que informan. Tampoco se ve que haya interés de fortalecer a los medios públicos. En razón de ello, el derecho a la información y a la libre expresión de todos los ciudadanos seguirá castigado en México.

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En México, aún no tenemos una relación entre gobierno y sociedad que permita estar debatiendo públicamente la agenda relacionada con el modelo de país, que nos permita lograr el bienestar personal y colectivo. Para saber lo lejos que estamos de esa deseable situación, basta ver el deprimente espectáculo que con frecuencia se ofrece en el Congreso Federal, por parte de la oposición, así como la irrelevante y sesgada información que divulga la mayoría de los medios convencionales de comunicación.

A pesar de todo lo anterior, hay que seguir creyendo que “otro mundo es posible”. En ese sentido, la primera gran propuesta de política pública que plantea el modelo de “desarrollo a escala humana” que comentamos en la entrega anterior, es la de asegurar que toda acción económica sea realmente benéfica para los seres humanos, que no destruya la naturaleza, y también que seleccione tecnologías que sean eco-humanistas.

Para hacer viable esta macro-política, tendríamos que debatir y responder en concreto a varias preguntas: ¿bajo qué condiciones se permitirían y promoverían las inversiones nacionales y extranjeras en México? ¿qué tipo de bienes y servicios son los que habría que producir para alcanzar en lo posible, la autosuficiencia y soberanía nacional? ¿qué actividades, económicas son las que promoverían mejor el “pleno empleo”, con salarios justos, y atendiendo las diversas características y vocaciones territoriales del país? ¿cómo dejar claramente correlacionados los derechos al bienestar que se establecen en nuestra Constitución Política, con las hasta ahora poco definidas obligaciones a las que debemos estar sujetos por ser parte de esta sociedad? Habría que ver qué respuestas a todo esto quedan reflejadas en el presupuesto nacional, para el año fiscal 2025.

El Congreso, año con año, aprueba la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, sin que realmente la mayoría de los mexicanos conozcamos los rubros y montos que ahí quedan asentados y, mucho menos, la lógica con la que se construyen dichos documentos. La importancia de ellos es que señalan el origen y la aplicación de los recursos con los que opera el gobierno federal, y del cual se desprenden los presupuestos de los gobiernos estatales y los municipales. Este hecho debería obligar, en primera instancia, a instituciones gubernamentales, privadas y sociales, a hacer pedagogía social sobre cómo se conforma el presupuesto de ingresos y egresos de los diversos órdenes de gobierno.

No sólo es importante entender la mecánica para elaborar el presupuesto, sino también los criterios sobre los que se construye. Para lo primero, importa conocer, por ejemplo, la diferencia entre “gasto programable” y “gasto no programable”, porque permite saber cuáles son las limitaciones y acotaciones a las que forzosamente hay que ceñirse, y cuánto es el margen de aplicación libre del recurso. Hacer esta comparación permite, darnos cuenta de aquello que en la práctica hace imposible impulsar un desarrollo acorde al modelo de “desarrollo a escala humana”. En efecto, sólo el monto de los gastos irreductibles, o no programables, para atender todo el aparato gubernamental, sumados al monto del servicio de la deuda interna y externa, y ahora al compromiso constitucional de fondear los programas sociales de gran escala, exigen una determinada forma de conseguir los ingresos, y la forma obligada de su aplicación.

En los hechos, hablar de cómo se estructura el presupuesto gubernamental es, desde luego, algo poco atractivo y altamente aburrido, si se compara con estar enterado de los chismes y pleitos que se suceden en el interior del mundo cerrado de los “políticos”, y entre éstos, con la oposición fáctica. Por desgracia parece no haber interés del gobierno en darnos a conocer todo lo aquí dicho sobre el presupuesto, ni tampoco interés, ni tiempo, de gran parte de la ciudadanía de adentrarse en ese mundo de códigos restringidos, propios de la tecnocracia gubernamental; sin embargo, eso no nos libera de la obligación cívica de comprenderlos, y de exigir a los gobiernos que nos expliquen “con peras y manzanas” la naturaleza, estructura y lógica del presupuesto que presentan y que aprueban.

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Sin información relevante, suficiente y oportuna, no puede operar una sociedad democrática, sobre todo la relacionada con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de los tres órdenes de gobierno.

*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.

Vicente Arredondo Ramírez