El 10 de noviembre la comunidad internacional celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, una conmemoración instituida por la UNESCO en 2001, con el objetivo de destacar la importancia de la ciencia en la promoción de sociedades pacíficas, justas y sostenibles. Este principio se alinea con el derecho a la ciencia reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde se establece que “Toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. A través de esta celebración se busca crear conciencia sobre el impacto positivo de la ciencia para garantizar que los avances científicos sean accesibles para todas y todos al promover la inclusión, la equidad en el acceso al conocimiento, y la paz.
A nivel global la ciencia ha demostrado ser una herramienta esencial para el desarrollo y la paz, donde se proporcionan soluciones innovadoras a los desafíos más complejos, sin embargo, su potencial transformador depende en gran medida de su accesibilidad, lo que ha llevado a un reconocimiento progresivo de la ciencia como un derecho fundamental a nivel internacional. Este proceso ha encontrado eco en México, al incorporar explícitamente el derecho a la ciencia en el artículo 3, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella…”
Este avance que posicionó a México como un referente regional y mundial ha tenido importantes implicaciones en el ámbito de los derechos humanos, al promover la democratización del conocimiento como una herramienta clave para reducir las brechas de desigualdad. En un país con profundas disparidades socioeconómicas y educativas, establecer –normativamente- que todas las personas accedan a los avances científicos y tecnológicos es un paso fundamental hacia la igualdad, como lo señaló el CONAHCYT (Comunicado 209/2021) “…era urgente…. también implementar nuevas formas de articular las capacidades científicas del país para entender las problemáticas nacionales, y poder incidir de una manera congruente con los derechos humanos”. De este modo el derecho a la ciencia se convierte en un motor de empoderamiento social y económico, al garantizar que los beneficios del progreso científico lleguen a todos los sectores de la población.
El derecho a la ciencia no se limita al acceso a los descubrimientos científicos, implica la creación de condiciones que permitan la participación activa de las personas en la generación de conocimiento, lo que incluye el fomento a la investigación, la divulgación de los avances científicos y el acceso a una educación de calidad, que posibilita el desarrollo de habilidades científicas desde edades tempranas.
Su impacto se extiende a diversos ámbitos fundamentales como el derecho a la salud pública; el acceso a la ciencia ha permitido que un mayor número de personas en México puedan beneficiarse de los avances médicos tales como tratamientos innovadores como la medicina regenerativa en células madre, la salud digital con dispositivos médicos portátiles, entre otros. La divulgación científica y la investigación aplicada fueron clave para proteger la vida y la salud de millones de personas, donde se demostró que el acceso equitativo a los avances científicos es esencial, más en tiempos de crisis.
La ciencia también ha jugado un papel importante en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, ambos fundamentales para garantizar otros derechos humanos, como el derecho a la vida y un medio ambiente sano. En México, investigaciones sobre energías limpias y la preservación de la biodiversidad son ejemplos claros de cómo el conocimiento científico puede contribuir a la sostenibilidad. De ahí la importancia de llevar a la materialidad esos avances técnicos.
La conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ciencia como un derecho humano y su poder transformador en las sociedades, donde toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, de ahí la transcendencia de que el Estado mexicano apoye y promueva la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. La incorporación de este derecho en la Constitución ha marcado un avance tanto en términos normativos como en su impacto práctico para la protección y promoción de otros derechos humanos. El derecho a la ciencia es una herramienta indispensable para impulsar la justicia social, reducir las desigualdades y promover el progreso sostenible, fomentar una cultura de innovación inclusiva y asegurar el acceso equitativo a los avances científicos, es esencial para construir entornos más justos, pacíficos y prósperos para todas y todos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
