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En México la desaparición de personas persiste como una de las mayores crisis de derechos humanos que agrava la descomposición social y debilita el Estado de Derecho. A pesar de los esfuerzos legales e institucionales, los altos índices de violencia, impunidad y corrupción permanecen como un obstáculo en la búsqueda de justicia. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas considera 115,559 personas “desaparecidas y no localizadas” al 30 septiembre de 2024. Este alarmante número refleja la magnitud del problema y subraya la urgencia de una respuesta más efectiva, toda vez que la realidad de las víctimas de este flagelo refleja una falta de atención y una respuesta institucional débil.

Los cinco estados que tienen el mayor número de personas desaparecidas siguen siendo Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, con el 48% (IMDHD, 2024). Tal situación refleja la gravedad del problema y la necesidad de políticas específicas y diferenciadas para abordar la crisis en cada región. En este contexto la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño sigue siendo una promesa vacía, por lo que es necesario que el Estado mexicano intensifique sus acciones para erradicar este flagelo y garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. Toca ahora a la nueva administración federal asumir un compromiso para la atención efectiva de este flagelo social.

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Una de las mayores demandas de las familias es el derecho a la verdad reconocido en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículo 24), el cual no se satisface con la detención de los responsables, implica un esfuerzo activo por parte del Estado para localizar a las personas desaparecidas y dar cuenta a las familias del destino de sus seres queridos toda vez que la incertidumbre provoca un vacío emocional que desencadena en ansiedad, depresión, desánimo y desesperanza. Este sufrimiento es doblemente doloroso, ya que muchas víctimas se ven obligadas a continuar con sus vidas mientras buscan justicia y verdad, donde enfrentan -en múltiples casos- indiferencia y apatía institucional. Reconocer como abordar el impacto emocional de la desaparición de personas es crucial, no solo para la sanación de las familias, sino también para la construcción de una sociedad más empática y consciente de la necesidad de justicia y la reparación del daño.

Un elemento fundamental en esta lucha ha sido el papel que desempeñan madres y familiares, quienes son las principales impulsoras de las acciones de búsqueda. Estas mujeres muchas veces organizadas en colectivos, han asumido la tarea que el Estado no ha podido cumplir, recorren terrenos inexplorados y buscan indicios donde enfrentan riesgos personales en su incansable lucha por encontrar a sus familiares. Su persistencia ha logrado poner el tema en el centro del debate público para forzar a las autoridades a tomar medidas, sin embargo, las acciones del Estado mexicano a la fecha han sido insuficientes.

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Esta crisis desafortunadamente no se limita solo a las y los mexicanos. La desaparición de personas migrantes en México es un problema arraigado en la realidad del país, que afecta a miles de ellas y ellos que cruzan el territorio nacional en su objetivo de llegar a los Estados Unidos de América. Este fenómeno se ha convertido en parte de la cotidianidad para muchos migrantes, quienes enfrentan riesgos extremos y violencia durante su trayecto. A pesar de la gravedad del problema, la población migrante es una de las más vulnerables ya que pocos de estos casos son formalmente denunciados. Las autoridades de los tres niveles de gobierno han fallado en prevenir las desapariciones que ocurren a diario, donde se perpetua la impunidad y el olvido en torno a este grave flagelo social.

La desaparición de personas en México es una muestra de la fragilidad de nuestras instituciones en materia de seguridad ciudadana. A pesar de los esfuerzos de las familias y de la sociedad civil, el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vida y la seguridad de las personas. Es necesario un cambio radical para romper paradigmas que ponga en el centro de las políticas públicas la búsqueda de las personas desaparecidas, la protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH, 2024) «alienta a que todos los esfuerzos llevados a cabo por las autoridades -junto con los avances normativos, institucionales y jurisprudenciales que se registran en México- se consoliden en una política de Estado y se traduzcan en resultados tangibles. Para este fin, el diálogo franco y honesto con las familias es fundamental».

En enero de 2025 en Ginebra, Suiza, se llevará a cabo el primer Congreso Mundial de Desapariciones Forzadas (ONU, 2024), un evento que marcará un punto de inflexión en la lucha global contra este crimen en un esfuerzo por construir planes de acción concretos para prevenir y erradicar este flagelo social en el mundo. La desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad que no puede quedar impune, es responsabilidad de todos trabajar con el objetivo de erradicar esta práctica, garantizar la verdad, la memoria, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición. No se trata solo de números o estadísticas, sino de vidas humanas, de familias que claman por respuestas y justicia. México debe asumir con firmeza no solo su responsabilidad de legislar, sino implementar las acciones necesarias para la protección de los derechos humanos.

Ismael Eslava Pérez