La crisis de desapariciones forzadas en México ha sido una herida abierta en nuestra sociedad durante décadas. Por si fuera poco, a este terrible escenario debemos sumarle la negación de autoridades mexicanas sobre la magnitud y sistematicidad del fenómeno. Dicho negacionismo no es nuevo; tiene raíces profundas que se remontan a gobiernos anteriores y que, lamentablemente, continúan hasta nuestros días.
En 1979, Oscar Flores Sánchez, entonces Procurador General de la República, expresó que en México no había desapariciones forzadas. Es claro que esta postura buscaba silenciar las crecientes denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos. En respuesta al negacionismo gubernamental, figuras emblemáticas como Rosario Ibarra de Piedra alzaron la voz, solicitando la intervención de organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.
Incluso, doña Rosario participó en una manifestación en Ginebra protestando por la negación de la ONU de incluir a México en una lista de países que practicaban detención y desaparición forzada. Es irónico observar que, años después, su hija Rosario Piedra Ibarra, al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), adopta una postura tibia y alineada con el discurso oficialista.
La petición del Senado de la República para destituir a Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, es una muestra más del patrón de confrontación hacia críticas internacionales. A mi parecer, ese tipo de actitudes recuerdan episodios pasados en los que el Estado mexicano reaccionó de manera similar ante miradas críticas que provenían del extranjero, como ocurrió con el cineasta Luis Buñuel y el antropólogo Oscar Lewis, cuyas obras fueron censuradas por mostrar realidades incómodas para el régimen.
Es preocupante que, en lugar de reconocer la gravedad del problema, el gobierno opte por descalificar y confrontar a quienes señalan falencias en materia de derechos humanos. Esta actitud desacredita los esfuerzos de organismos internacionales, ciertamente, pero lo que más me preocupa e indigna es que se desestime el invaluable trabajo de los colectivos de búsqueda, los cuales, con recursos limitados y enfrentando innumerables obstáculos, se dedican a realizar un trabajo que el Estado mexicano debería llevar a cabo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una serie de reformas destinadas a abordar la crisis de desapariciones en el país, incluyendo la unificación de registros de identificación forense y la creación de una Base Nacional Única de Información Forense. Tales medidas, aunque necesarias, contrastan con declaraciones en las que se niega la existencia de desapariciones forzadas perpetradas desde el Estado (lo cual está plenamente documentado); de modo que la dualidad genera incertidumbre sobre el compromiso real del gobierno para enfrentar el problema de manera integral.
Los colectivos de búsqueda no sólo tienen que lidiar con la indiferencia, sino también con la hostilidad del Estado. Sin dichos colectivos, la verdad y la justicia estarían más lejos de nuestras manos, no tengo duda. Pensemos en ello antes de intentar criticarles; recordemos que, si dependiera únicamente de las versiones oficiales, prevalecería la negación. Así, ante el indignante negacionismo oficial, toma más relevancia el valiente y digno trabajo de buscadoras y buscadores.
* Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora
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