Vivienda social de alquiler
En México, el concepto de vivienda social suele limitarse a los desarrollos financiados a través de fondos hipotecarios tradicionales, dejando de lado la vivienda en renta subsidiada y producida directamente por el Estado para los sectores de bajos ingresos. A pesar de que la Constitución mexicana reconoce la vivienda como un derecho fundamental, su acceso continúa siendo una condición indispensable pero frecuentemente incumplida para garantizar una vida digna y reducir las profundas desigualdades sociales, como señala Carla Escoffié.
Actualmente enfrentamos un problema global: la escasez de viviendas accesibles y asequibles, una situación particularmente aguda en América Latina, donde afecta de manera significativa a la población joven. Esta carencia genera barreras económicas al no garantizar la necesidad básica de un espacio habitable digno, alejando a muchos de la posibilidad de vivir en entornos urbanos equitativos y perpetuando condiciones de informalidad y localizaciones periféricas.
En varios países latinoamericanos se han echado a andar programas hipotecarios para este sector de la población con avances significativos, aun cuando también se reflejan limitaciones estructurales, normativas y de diseño de las políticas habitacionales. Entre los principales obstáculos destacan la dependencia de entidades bancarias, la selección de beneficiarios y la inclusión de los sectores informales, lo que muchas veces impide beneficiar a las comunidades más vulnerables, lo que en teoría sería el objetivo de la justicia social y espacial.
Aunque las condiciones de vida en Viena son distintas a las de nuestra región, su sistema de vivienda social en renta destaca como un ejemplo significativo. Este modelo garantiza alquileres accesibles para el 60% de su población, gracias a un parque habitacional de alrededor de 400,000 unidades de vivienda social. Este enfoque contrasta notablemente con otras ciudades europeas, donde los costos de renta son considerablemente más altos.
Un aspecto destacado es que este modelo es el resultado de un esfuerzo sostenido a lo largo de varias décadas, fundamentado en la construcción de un marco jurídico, institucional y financiero que permite que el 80% de las viviendas en renta sean gestionadas por el Estado o por cooperativas sin fines de lucro. Otros factores relevantes son un énfasis en la calidad de los inmuebles –evitando con ello los estigmas hacia este tipo de viviendas–, la mezcla de sectores socioeconómicos diversos, y la intención de promover un sistema de alquileres estable, de precios controlados y en favor de los inquilinos.
En Viena, el costo del alquiler equivale al 15% del salario promedio del arrendatario, en contraste con ciudades como Madrid, donde los inquilinos destinan cerca del 55% de sus ingresos al alquiler. En el sistema vienés, las viviendas gestionadas por dependencias públicas ofrecen contratos de alquiler permanentes y sin comisiones, aunque están sujetos a límites de ingresos anuales y residencia en la Unión Europea. Por su parte, las cooperativas sin fines de lucro construyen y gestionan viviendas gracias a subvenciones públicas, bajo estrictas regulaciones que evitan la especulación. Además, el gobierno de la ciudad respalda estas cooperativas para incrementar la oferta, competir con el sector privado y reducir los precios del mercado de alquiler.
La vivienda social en renta es una herramienta crucial para reducir la desigualdad urbana y promover la justicia social. El modelo vienés, con su enfoque integral y sostenible, y las experiencias latinoamericanas ofrecen aprendizajes valiosos que podrían adaptarse a México. Sin un enfoque decidido que priorice a los sectores más vulnerables, regule el mercado y garantice sostenibilidad a largo plazo, cualquier intento quedará atrapado en la inequidad del modelo actual, perpetuando la exclusión en lugar de reducirla.
La existencia de 130,000 viviendas deshabitadas en Morelos pone de manifiesto una oportunidad para reorientar las políticas habitacionales hacia un modelo de vivienda social en renta que responda a las necesidades de los sectores más vulnerables. Aprovechar estos espacios podría no solo reducir el déficit habitacional, sino también fomentar una mayor equidad urbana al ofrecer alternativas accesibles para jóvenes, mujeres y trabajadores informales. Sin embargo, esto requiere superar desafíos importantes, como establecer un marco normativo sólido, garantizar una gestión estatal eficiente y promover la sostenibilidad del modelo. Con una planificación adecuada, esta iniciativa podría transformar el paisaje urbano de Morelos hacia uno más inclusivo y sostenible.
Desarrollo habitacional. Imagen de Miguel Tovar.
