

(Primera parte)
Camilo Tlacaélel Simancas del Águila*

La presentación del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México ha suscitado reflexiones sobre el estado actual de los núcleos agrarios y su rol en la economía social y solidaria. Este esfuerzo de recopilación y análisis de datos, que abarca 99,593,670 hectáreas de propiedad social, es esencial para comprender la relación entre la tierra, la organización comunitaria y la economía rural.
El Atlas ofrece una fotografía detallada del régimen ejidal y comunal, en un momento en que la certeza jurídica y catastral del territorio es cada vez más urgente. Los 32,251 núcleos agrarios identificados, repartidos en ejidos y comunidades, constituyen una base sólida para desarrollar políticas públicas efectivas que impulsen el desarrollo rural sostenible. La certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra es un prerrequisito esencial para la planificación a largo plazo de proyectos comunitarios que puedan fortalecer la economía social y solidaria, regulada por la Ley Agraria y otras normativas.
Durante la presentación del Atlas el 3 de octubre de 2024 en Cuernavaca, se destacó la necesidad de proteger y fortalecer los derechos de las mujeres y los jóvenes en los núcleos agrarios. Prudenzio Mochi Alemán, investigador del NODESS Morelos Solidario y Cooperativo, resaltó que estos grupos han sido históricamente marginados en cuanto al acceso a la tierra y la toma de decisiones en ejidos y comunidades.
Según los datos del Atlas, la propiedad de la tierra sigue siendo predominantemente masculina; en Morelos, el 70% de los sujetos agrarios son hombres. Este fenómeno, común en todo el país, refleja prácticas sociales y culturales que limitan el acceso de las mujeres a la tierra, restringiendo los beneficios económicos y sociales que de ella se derivan. La falta de equidad de género en la posesión de tierras es un reto que debe abordarse para impulsar el desarrollo rural.

La situación de los jóvenes en los núcleos agrarios es igualmente preocupante. Muchos jóvenes rurales se sienten desconectados de las tradiciones agrícolas, lo que ha llevado a una disminución en su participación en actividades productivas. La falta de incentivos y oportunidades ha generado un grave problema de quiebre generacional, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los ejidos y comunidades.
Este desafío generacional tiene profundas implicaciones para la economía social y solidaria. La ausencia de jóvenes en los procesos productivos limita la innovación y diversificación, elementos esenciales para mejorar la competitividad del sector rural. Sin una transición generacional adecuada, las comunidades agrarias corren el riesgo de estancarse en modelos productivos que no generan el valor agregado necesario para mejorar la calidad de vida.
Es urgente fomentar la participación juvenil en proyectos colectivos que promuevan el desarrollo económico local. Esto podría lograrse a través de parcelas con destino específico, como las de la mujer, la juventud y las escolares, que permiten una organización más equitativa en los núcleos agrarios. Reguladas por la Ley Agraria, estas parcelas pueden servir como base para implementar proyectos colectivos que fortalezcan la economía social y solidaria.
La publicación del Atlas abre la puerta a una discusión más profunda sobre la organización interna en ejidos y comunidades, así como sobre las estrategias legales y políticas necesarias para garantizar una distribución más justa de la tierra. Además, plantea el reto de asegurar que estas estrategias promuevan el desarrollo sostenible y la justicia social, pilares fundamentales de la economía social y solidaria.

*Universidad Campesina del Sur, actor del NODESS Morelos Solidario y Cooperativo
