(Segunda parte)
Camilo Tlacaelel Simancas Del Águila*
La publicación del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México también ha suscitado críticas importantes, sobre todo en relación con la situación de los grupos vulnerables que viven en los ejidos y comunidades. Durante la presentación del Atlas, Alejandro Ibarra Hernández, director general de catastro y asistencia técnica del Registro Agrario Nacional (RAN), reconoció los esfuerzos realizados por esta institución para promover el acceso equitativo a la tierra, pero también admitió que persisten desafíos estructurales que limitan el potencial de la economía social y solidaria en México.
Uno de los temas más destacados fue la falta de políticas públicas integrales que apoyen a los grupos más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes. Aunque la Ley Agraria establece un marco jurídico para proteger sus derechos, la realidad es que muchas comunidades carecen de los recursos y el apoyo necesario para implementar proyectos productivos que beneficien a estos grupos. La ausencia de incentivos económicos y la falta de acceso a tecnología e infraestructura limitan gravemente el impacto positivo que podría tener la participación activa de mujeres y jóvenes en la economía rural.
En este sentido, la economía social y solidaria ofrece un modelo alternativo que puede servir como palanca de desarrollo para estas comunidades. Sin embargo, como señaló Plutarco García Jiménez, exdirector del RAN, es necesario fortalecer las organizaciones comunitarias y cooperativas para que puedan enfrentar de manera efectiva los desafíos del mercado. García Jiménez subrayó que la organización interna de los núcleos agrarios es un factor determinante para el éxito de los proyectos colectivos y la creación de valor agregado. Sin una organización sólida y democrática, las cooperativas y asociaciones comunitarias corren el riesgo de fracasar.
A pesar de estas dificultades, el Atlas muestra ejemplos positivos de proyectos exitosos que han logrado mejorar las condiciones de vida en algunas comunidades rurales. Estos casos demuestran que, cuando se cuenta con certeza jurídica y organización interna, los ejidos y comunidades pueden convertirse en motores de desarrollo local a través de la implementación de proyectos colectivos sostenibles. Estos proyectos no solo generan ingresos, sino que también promueven la cohesión social y la participación democrática, dos pilares fundamentales de la economía social y solidaria.
En conclusión, la publicación del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra es un hito importante para la planificación de políticas públicas más inclusivas y efectivas en el ámbito rural. Sin embargo, para que su impacto sea verdaderamente transformador, es necesario abordar los problemas estructurales que limitan el acceso equitativo a la tierra y a las oportunidades económicas. La economía social y solidaria ofrece un camino viable para enfrentar estos desafíos, pero requiere de un compromiso firme por parte del Estado y la sociedad para promover formas de organización interna más justas y proyectos colectivos sostenibles.
*Universidad Campesina del Sur, actor del NODESS Morelos Solidario y Cooperativo