Durante la semana de 21 al 25 de octubre se celebró el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el cual se realiza de manera periódica en distintos países, correspondiendo este año a México su organización, teniendo como sede el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Congreso lo organiza una de las sociedades científicas, académicas y jurídicas más importantes en nuestra región, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presidido por el destacado jurista Diego Valadés, y que se integra por distinguidas y distinguidos académicos que contribuyen al desarrollo del derecho constitucional desde la cátedra, la investigación, la formulación de proyectos y propuestas de mejora institucional, y la difusión de la cultura constitucional. La decimosexta edición estuvo dedicada a un tema muy actual: “El constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Homenaje a la Constitución Federal de 1824”.
En la inauguración el Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que “hoy más que nunca, el derecho enfrenta el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales, ya que la globalización, las crisis económicas recurrentes, la emergencia climática, la brecha de género y el vertiginoso avance tecnológico han puesto a prueba prácticamente todos nuestros preceptos. En ese contexto, nuestras normatividades deben modernizarse sin renunciar a los principios centrales del Estado de Derecho”. También señaló que una de las barreras más grandes que enfrentamos en muchas regiones del mundo es dar continuidad a democracias inclusivas y resilientes.
La edición 2024 del Congreso Iberoamericano se integró de 38 mesas de trabajo para ponencias y 11 más para comunicaciones, participando 300 ponentes de 25 países y 27 entidades de México, quienes durante una semana expusieron trabajos de investigación de manera presencial y virtual entablando un dialogó y discusión de los desafíos más apremiantes, no sólo para el Estado constitucional, sino para la sociedad en general.
Los ponentes discutieron diversos temas fundamentales para el constitucionalismo iberoamericano, tales como justicia constitucional, independencia judicial, control constitucional acceso a la justicia, autonomía universitaria, democracia, federalismo, Estado de Derecho, gobernabilidad, presidencialismo, democracia, seguridad y protección social, reforma constitucional. Asimismo, en prospectiva, se revisaron los derechos a la alimentación, salud, educación, medio ambiente, democracia digital, conocimiento, desarrollo, Estado laico, derechos sobre el cuerpo, libertad de expresión, redes sociales, nuevos derechos y justiciabilidad, entre otros temas más.
Participé en la mesa 7 de ponencias, dedicada al “Conocimiento, desarrollo, acceso a la educación y la autonomía universitaria”, teniendo la oportunidad de exponer algunas ideas sobre el derecho a la educación, indicando que la educación debe cumplir con las características de universalidad, gratuidad, laicidad, obligatoriedad, democrática, integra, equitativa y de excelencia, como lo establece la Constitución, además de atender los principios de disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad.
Adicionalmente se señaló que el reconocimiento de la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior es determinante para cumplir con sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; así como administrar su patrimonio. Este blindaje es una garantía institucional necesario para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades que tiene asignadas dentro del fin superior de alcanzar el desarrollo óptimo del derecho a la educación.
Otra idea expuesta fue que las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía se regirán por sus respectivas leyes orgánicas y la normatividad que deriva de éstas, así que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, órganos de gobierno competentes y deberá, en su caso, existir una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
También se advirtió que el que esté en la ley el reconocimiento de la autonomía y su blindaje sea constitucional, no exista la tendencia de los poderes federales o estatales, según la Universidad de que se trate, de buscar incidir en sus decisiones, debilitando su autonomía, como sería reduciendo sus presupuestos, o bien condicionado ciertas partidas presupuestarias a determinados fines, modificando leyes orgánicas simulando supuestas consultas, pues como se apuntó cualquier iniciativa de ley o reforma respecto a sus leyes orgánicas debe ser amplia, informada, conducida por las propia Universidades, cuyo resultado debe ser expresado por sus órganos de gobierno, evitando suspicacias como sucedió con la Universidad de Sinaloa.
La autonomía de las universidades, retiramos, es una garantía institucional para una educación superior de excelencia, libre de imposiciones ajenas a sus fines, que posibilita ser el crisol del pensamiento crítico y que blinda la libertad de cátedra e investigación. Respetar la autonomía de las universidades engrandece a los gobiernos, lo contrario los debilita, pues la universidad no es pensamiento unívoco sino pensamiento plural y diverso
*Especialista en Derechos Humanos
