Aideé Tassinari Azcuaga*
Basta ver la forma en que una empresa minera canadiense anuncia sus posesiones territoriales en México para entender que la selva, el bosque, el desierto o las zonas de cultivo morirán entre explosivos, trituración y cianuro, que eso es bueno para los inversionistas y una condena al despojo territorial, al vaciamiento de las fuentes de agua, la destrucción ambiental, el desplazamiento forzado y la muerte para las personas que habitan esos territorios.
Las empresas mineras que aprovecharon los marcos legales de los Tratados Comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá se han apropiado mediante la obtención de concesiones de entre el 9 y el 19 por ciento del país (datos que varían según el año en que se consulte la información). Estas proporciones del despojo son suficiente para buscar colectivamente un freno a esta situación.
En los primeros 14 meses del gobierno de la Cuarta Transformación, la Secretaría de Economía concesionó 388,655.6 hectáreas más, a los mismos consorcios mineros que durante tres décadas acumularon grandes dimensiones territoriales. La base de las concesiones mineras vigentes en México, de la que proviene el recuento de las hectáreas arriba citado, se denomina “Concesiones mineras vigentes en México 2021”, publicada por Geocomunes. Instancia que la obtuvo de la Secretaría de Economía mediante la solicitud de información No.: 0001000011819 de abril del 2021. La ampliación de la frontera extractiva de la minería en nuestro país no se detuvo, al menos, durante 2019 y los primeros dos meses de 2020.
La consolidación en el proceso de acaparamiento de decenas o cientos de miles de hectáreas en los estados mineros de México, a partir de 2010, fue la plataforma para la organización de los autodenominados clústers mineros. Éstos, reflejan el alcance en la organización del capital minero en coordinación estrecha con las autoridades del Estado para proyectar los territorios acaparados como zonas exclusivas de extracción y despojo. Los clústers expresan la solidez del capital transnacional minero que ha construido una integración en las cadenas de valor pero, sobre todo, ha logrado el dominio sociopolítico, aunque inestable y parcial, a nivel del estado en el que se encuentren. Las mineras pertenecientes a un clúster, expresan públicamente que buscan la integración técnica y comercial. En realidad muestran que los dispositivos de dominación a nivel municipal y estatal llevan décadas en proceso de consolidación.
Se trata de asociaciones de grandes empresas mineras en las que comparten la estrategia despojo de pueblos campesinos e indígenas en Guerrero, Chihuahua, Sonora y Zacatecas. Los poderes políticos locales, regionales y federales han actuado en beneficio de la operación de los clústers mineros. Su existencia, es un indicador del dominio de los capitales monopólicos en la minería en esos estados, con un nivel de organización complejo, producto del control casi irrestricto sobre los territorios, convertidos en latifundios para la extracción y la especulación. Ahí donde el clúster minero domina, los territorios dejaron de ser zonas de vida y de reproducción de la vida.
En este marco nacional del poderío de las mineras transnacionales, el proyecto Esperanza Gold en tierras comunales y ejidales de Tetlama, municipio de Temixco, ahora regenteado por la minera Zacatecas Silver, es una seria amenaza para el estado de Morelos pues la supuesta alianza estratégica con miembros del Comisariado de Bienes Ejidales para abrir una mina de oro a cielo abierto en una zona poblada por decenas de miles de personas indica que la empresa ha iniciado el intento de dividir a la comunidad.
Pueblos indígenas y campesinos en México han declarado a sus territorios libres de la minería de tajo abierto, convencidos de que esta forma de devastar los territorios no es sustentable. El estado de Morelos en su totalidad debe ser declarado Territorio Libre de la Minería a tajo abierto por metales.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México