El Colegio de Morelos, un bastión del pensamiento crítico en el estado, ha sido objeto de un saqueo sistemático que ha puesto en peligro su futuro. La imposición de un rector ajeno a la comunidad académica en 2019, la persecución de docentes y el desmantelamiento de proyectos clave son solo algunos ejemplos de corrupción y abuso de poder que han marcado los últimos años de esta institución.
Contrario a lo que algunos podrían pensar, el Colegio de Morelos no era un proyecto del exgobernador Graco Ramírez. Durante su administración, la institución fue deliberadamente estrangulada económicamente, a pesar de las reiteradas solicitudes para normalizar el flujo de recursos. Con la llegada de Cuauhtémoc Blanco, la situación se agravó, culminando en la imposición de Juan de Dios González como rector.
La designación de González representó un ataque directo contra las autoridades académicas en funciones, realizado en flagrante violación de los principios de autonomía universitaria. Estudiantes y académicos fueron despojados de su derecho a participar en el proceso de selección de sus autoridades.
En una actitud más cercana a la de un golpeador prepotente y avaricioso que a la de un académico, González presumió ser protegido de una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente senadora por el partido en el poder. Nos preguntamos si la senadora está enterada de la manera en que su supuesto allegado expone su relación.
Bajo la dirección de González, el Colegio de Morelos sufrió un desmantelamiento sistemático de su proyecto académico. Planes en marcha, como la conversión del Colegio en una institución autónoma y la implementación de prácticas sostenibles iniciadas por el rector Luis Tamayo, fueron abruptamente descartados. Tamayo, por su intento de transformar la institución en un referente en el uso de tecnologías ecológicas, fue objeto de hostigamiento judicial, acusado injustamente de corrupción, sin que se le comprobara nada. A pesar de ser exonerado, pagó un alto costo personal y familiar.
Los estudiantes del programa de doctorado en Estudios de la Complejidad fuimos víctimas directas de esta crisis. Algunos de nuestros maestros fueron despedidos sin haber concluido el semestre, nuestros trabajos finales, que habían sido negociados con la rectoría para evitar perjuicios, fueron deliberadamente «perdidos», y sufrimos hostigamiento académico. Un caso particularmente grave fue el del recién nombrado Coordinador Académico, Petriz, quien extravió intencionadamente los trabajos finales de un semestre completo, obligándonos a repetir la materia. Esta experiencia no solo afectó nuestra formación, sino que generó un profundo sentimiento de frustración y desilusión ante la falta de respeto a nuestros derechos como estudiantes. Muchos interrumpimos nuestros estudios frente a la tónica de lo que sucedía.
La persecución política y legal contra el antiguo rector, el filósofo Luis Tamayo, es un testimonio más de la brutalidad con la que se manejó esta administración. Además de ser hostigado judicialmente, Tamayo fue víctima de una campaña de desprestigio orquestada por la nueva administración.
Según un reciente testimonio publicado en La Jornada Morelos, el rector Juan de Dios González solicitaba a los profesores escribir artículos en coautoría para justificar su categoría como investigador SNI y engañar a las autoridades científicas en México. Además, se autonombró profesor emérito con la complicidad de una Junta de Gobierno a modo.
El Colegio de Morelos no pertenece a ningún gobierno ni a sus burócratas; pertenece al pueblo, a la historia y a la cultura que lo nutren de ideas y lo sostienen con sus impuestos. Es hora de que esta institución recupere su esencia como bastión del conocimiento y la defensa de las mejores causas. Para garantizar su autonomía y financiamiento a largo plazo, es necesario crear un consejo ciudadano integrado por académicos, estudiantes, representantes de la sociedad civil y funcionarios comprometidos con la educación de calidad. Este consejo tendría como función asegurar el cumplimiento de los estatutos de la institución, supervisar la gestión de los recursos y garantizar la transparencia en todos los procesos.
La calidad académica del proyecto original, concebido por el fundador Ricardo Guerra y continuado por Luis Tamayo, como un centro de estudios de posgrado de excelencia, con profesores de renombre internacional como Carlos Montemayor, Elsa Cross y Martha Híjar; e investigadores de la UNAM, el Colegio de México y otras instituciones de prestigio, debe ser recuperada. Es imperativo que las autoridades estatales y federales que asumirán en octubre intervengan para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del Colegio de Morelos. La forma más efectiva de lograrlo es mediante la creación de un consejo ciudadano, libre de agendas ocultas, que asegure la autonomía del Colegio, restablezca su dignidad académica a través de un proceso democrático, y restituya los derechos de los estudiantes y académicos que han sufrido la violencia irracional de un rector fraudulento, apoyado por una Junta de Gobierno que priorizó sus intereses políticos sobre los derechos de los estudiantes y de la comunidad del centro de estudios.
La sociedad de Morelos merece instituciones comprometidas con el pensamiento crítico, los derechos humanos y la producción de conocimiento de la más alta calidad.
*Coordinador del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos, académico y educador popular
