La reciente captura de Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, ha desatado una serie de revelaciones que ponen de manifiesto la profunda penetración del narcotráfico en las instituciones de México. Este fenómeno, que ha minado la estructura y el funcionamiento del Estado, no es nuevo, pero cada escándalo evidencia el grado de complicidad y corrupción que permea en distintos niveles de gobierno.
Zambada, quien durante décadas fue una figura clave en el narcotráfico mundial, logró mantenerse al margen del radar de las autoridades de manera sospechosa, lo que generó rumores de que su capacidad para operar libremente estaba respaldada por una red de protección oficial. Esta percepción se ha visto fortalecida con la difusión de una carta atribuida al propio Zambada, en la que sugiere una relación directa con el actual gobernador de Sinaloa. Aunque las autoridades han intentado desestimar la autenticidad de la misiva, la sombra de duda que proyecta sobre la legitimidad del gobierno local es innegable.
Este no es un caso aislado. A lo largo de los años, múltiples funcionarios han sido acusados de mantener vínculos con organizaciones criminales. La penetración del narcotráfico en las instituciones se ha dado de diversas formas, desde la corrupción de mandos policiales y judiciales hasta la infiltración en procesos electorales. El poder de los cárteles no solo reside en su capacidad económica o en su violencia, sino en su habilidad para cooptar y corromper a quienes deberían combatirlos.
La mención de Zambada al gobernador de Sinaloa en su carta no debe tomarse a la ligera. Independientemente de la veracidad de la carta, el hecho de que tales acusaciones resuenen con cierta plausibilidad en la sociedad mexicana refleja un problema más profundo: la pérdida de confianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía percibe que sus líderes están comprometidos con el crimen organizado, la credibilidad del Estado se erosiona y se socava la gobernabilidad.
La captura de «El Mayo» Zambada podría haber sido un golpe significativo contra el narcotráfico, pero las revelaciones que lo acompañan plantean preguntas inquietantes sobre hasta qué punto el poder del narcotráfico ha capturado a las instituciones del Estado. Es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico no se ganará únicamente con detenciones de los grandes capos; es necesario un esfuerzo integral que ataque la corrupción y fortalezca las instituciones democráticas.
El desafío es monumental, no se trata solo de desmantelar a los cárteles, sino de regenerar las instituciones que han sido corrompidas. Sin un compromiso real por parte de las autoridades para limpiar sus propias filas, cualquier victoria contra el narcotráfico será temporal y superficial. La carta de Zambada, simboliza el grado de contaminación institucional que México enfrenta, y es una llamada urgente a la acción para todos aquellos que aún creen en la posibilidad de un Estado de derecho fuerte y justo.
La vinculación entre el narcotráfico y el gobierno ha sido un factor determinante en la perpetuación de la violencia en México. Cuando las autoridades, en lugar de combatir al crimen organizado, se convierten en cómplices o, peor aún, en protectores de estas organizaciones, se genera un ambiente de impunidad que alimenta la escalada de violencia. Los cárteles, sabedores de que cuentan con el respaldo o la complicidad de funcionarios corruptos, operan con mayor audacia y brutalidad, desatando guerras territoriales que dejan a su paso una estela de muerte y destrucción. Esta complicidad institucional no solo permite el crecimiento de estos grupos, sino que también debilita la capacidad del Estado para responder eficazmente, resultando en un ciclo vicioso donde la violencia se normaliza y se multiplica.
La captura de «El Mayo» Zambada y la controversia sobre su presunta relación con el gobernador de Sinaloa no solo revela las conexiones peligrosas entre el narcotráfico y las instituciones del Estado, sino que también subraya la necesidad de una transformación profunda de todos los niveles de gobierno. México no puede permitirse seguir ignorando la infiltración del crimen organizado en sus estructuras de poder, y la respuesta a este desafío determinará el futuro del país en las próximas décadas.
*Profesor de El Colegio de Morelos.
Fuente: elaborada con Inteligencia Artificial / Cortesía del autor