El sistema de justicia enfrenta desafíos significativos; la capacidad de los grupos delincuenciales para operar con impunidad se ha vuelto cada vez más sofisticada, a la vez que las deficiencias institucionales implican nuevos y mayores retos en las investigaciones. México ha registrado cifras preocupantes de homicidios, lo que lo posiciona como uno de los países con el mayor número en Latinoamérica y el Caribe. En 2024 se contabilizaron 25,469 homicidios en el país (France 24, 2025); la violencia y la crisis de derechos humanos presentan un panorama desafiante.
Este problema ha sido examinado por organizaciones como Human Rights Watch (HRW, 2025), cuyo informe más reciente analiza las deficiencias estructurales que dificultan las investigaciones de homicidios en México. Expone que la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento del derecho al debido proceso no han contribuido a la reducción de la violencia criminal, lo que pone en evidencia las graves fallas en la persecución de estos delitos. A pesar de los esfuerzos anunciados por las autoridades, las investigaciones rara vez avanzan más allá de las etapas iniciales. Entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron aproximadamente 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo en el 17% de los casos se identificó a una persona probable responsable y se inició un proceso penal (HRW, 2025). Esto revela un sistema colapsado en el que la impunidad predomina, genera una profunda desconfianza en las instituciones de procuración y administración de justicia y perpetua un ciclo vicioso de violencia y ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.
La falta de una investigación efectiva vulnera el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación del daño. Las escasas investigaciones por homicidio doloso que llegan ante un juez, según HRW, muchas veces están basadas en pruebas endebles o en declaraciones que han sido alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura. Esto no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también pone en riesgo los derechos de las personas imputadas, quienes pueden ser víctimas de detenciones arbitrarias o procesos judiciales injustos.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, ‘’el 40 % de las personas encarceladas por homicidio desde 2016 afirmaron haber sido golpeadas o torturadas para obligarlas a declararse culpables’’ (HRW, 2025). Esto pone en evidencia prácticas que amedrentan y comprometen los derechos humanos en el país, al ser violentados los derechos a la integridad personal y debido proceso.
Uno de los problemas es la estigmatización de las personas víctimas; las autoridades suelen asumir que éstas estaban vinculadas con actividades delictivas, señala HRW, lo que aumenta la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar justicia. La falta de protección para testigos y familiares de las víctimas también es un factor crítico, pues muchas personas prefieren no colaborar con las autoridades por miedo a represalias y a enfrentar un sistema burocrático. Además, en diversos casos, la corrupción en las instituciones de procuración de justicia es un obstáculo para la resolución efectiva de los casos de homicidio que se manifiesta desde la manipulación de pruebas hasta la aceptación de beneficios indebidos para archivar casos.
Este panorama de impunidad tiene graves repercusiones en los derechos humanos de las víctimas y sus familias. La ausencia de justicia no solo perpetúa el dolor de quienes han perdido a un ser querido, sino que también envía un mensaje permisivo frente al crimen. Muchas familias quedan atrapadas en un limbo legal, sin acceso a información sobre el estado de las investigaciones y sin apoyo institucional. La revictimización es común, pues los familiares deben insistir constantemente para que sus casos sean atendidos, donde enfrentan hostilidad y falta de voluntad por parte de las autoridades.
Las estrategias de seguridad han estado marcadas por la militarización y la politización de la justicia en los últimos años. La reciente reforma constitucional que establece la elección popular de jueces es un ejemplo de cómo se priorizan criterios políticos sobre la independencia del Poder Judicial. HRW (2025) advierte que “para mejorar el rendimiento del sistema de justicia, las autoridades mexicanas deberían proteger a los jueces ante la influencia política, y no politizar aún más el sistema de justicia”.
Es fundamental adoptar reformas estructurales que garanticen investigaciones exhaustivas e imparciales. Según el informe de HWR, las fiscalías deben implementar planes estratégicos de persecución penal enfocados en desmantelar los grupos delincuenciales responsables de los homicidios. Además, se resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para víctimas y testigos, así como establecer normas claras en la contratación y ascenso de personas en el sistema de justicia. La investigación de homicidios en México enfrenta graves obstáculos que favorecen la impunidad, la falta de recursos, la corrupción y la injerencia política que han debilitado el sistema de justicia penal e impiden que las víctimas y sus familias obtengan respuestas y justicia.
La proliferación de la delincuencia organizada, sumada a la falta de estrategias eficaces de seguridad y la ausencia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, ha permitido que la violencia persista sin consecuencias reales para los responsables. La impunidad que prevalece en el sistema de justicia ha generado un círculo vicioso donde los delitos se repiten y la confianza en las instituciones se desmorona. Es fundamental fortalecer las capacidades de las fiscalías y asegurar la independencia en la procuración y administración de justicia. Solo así será posible avanzar hacia un sistema que realmente respete los derechos humanos y combata la impunidad de manera estructural.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos.
