En vísperas de que inicie el próximo gobierno debemos plantearnos las necesidades que de manera urgente se deben atender, así como la mejor manera de hacerlo marcando prioridades. Por lo anterior, resulta altamente significativo que la Universidad Nacional Autónoma de México, cumpliendo con su objetivo de contribuir de manera cotidiana a la solución de los problemas nacionales, presentó el informe “Horizontes 2030 para el Desarrollo”, documento que pone sobre la mesa los temas que considera más relevantes y a los que debería enfocar sus esfuerzos el próximo gobierno.
El mencionado Informe, elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo bajo la coordinación de Enrique Provencio Durazo y Rolando Cordera Campos, plantea una fecha emblemática y que invita a repensar el desarrollo del país: el 2030, año que marcará la conclusión de la próxima administración federal, y fecha que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso como meta para el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que es el plan mundial que busca, a través de 17 Objetivos y 169 metas, acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y asegurar la sostenibilidad medioambiental del planeta, que permita darle a las personas una calidad de vida digna. La Agenda 2030 es acuerdo internacional que los Estados deben cumplir y que tiene como uno de sus principios fundamentales “no dejar a nadie atrás”.
En el acto de presentación del Informe, el Rector Leonardo Lomelí señaló que a nuestro país le hace falta crecer más, distribuir mejor y construir sistemas robustos de salud y educación pública, que le permitan atender problemas sociales de gran envergadura y, al mismo tiempo, sentar las bases de un desarrollo más equilibrado. Esto debe darse con pleno respeto al desarrollo territorial y con una clara preocupación ambiental; además, encaminado a consolidar a las instituciones democráticas y a la mejora de la eficiencia de los tres ámbitos de gobierno de México. Expresó “Es la mejor forma de contribuir a cohesionar el tejido social y a pacificar a nuestro país. Si lo logramos, estaremos en posibilidad de alcanzar un mejor desempeño en el sentido amplio del desarrollo, no solo de los principales indicadores económicos sino también del bienestar de las personas”.
El Informe consta de 19 capítulos y cuatro secciones: Desarrollo, crecimiento, ingreso y empleo; Bienestar y cuestión social; Ambiente y territorio; y Paz, gobierno y visión de desarrollo. Los planteamientos que se hacen son muy relevantes de cara a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, que deberá realizarse en los primeros meses del próximo gobierno, por lo que el documento debiera de ser de obligada consulta, en cumplimiento del mandato del artículo 26 de la Constitución, que señala la obligación de realizar para su elaboración consultas no solo a la sociedad civil, sino a la academia, debiendo recoger las aspiraciones y demandas que se expresen para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
El diagnóstico y planeación de políticas públicas que debe contemplar el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 debe partir de tener claridad y objetividad de los problemas nacionales, metas y métodos verificables paso a paso y contar con recursos para su ejecución y evitar que quede en buenas intenciones, además de ser realista y se convierta en el eje de planeación. Un programa constituye la guía de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales de una sociedad; es un proyecto con metas claramente determinadas y medios para alcanzarlas; es una pauta para aprovechar los recursos de que se dispone, ordenadamente.
El programa debe poner en el centro la dignidad de la persona y debe tener como uno de sus ejes rectores la implementación de programas sociales prioritarios para reducir la pobreza y desigualdad construyendo un andamiaje institucional para garantizar a los grupos más desfavorecidos sus derechos a través de una política integral que permita su inclusión en el desarrollo social desde un enfoque de derechos humanos. Los apoyos para estos sectores en condición de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres, los migrantes, las poblaciones desplazadas y las personas mayores, entre otros, deben basarse en el fortalecimiento de las políticas públicas, con criterios diferenciados, que permitan las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos.
En consecuencia, las políticas públicas deben tener un enfoque de derechos humanos que, además, requieren de presupuestos públicos que estén a la altura del principio de progresividad y máximo uso de recursos disponibles. Por ello, es indispensable que los presupuestos se elaboren colocando en el centro del valor público a los derechos humanos y sean éstos los que definan las directrices para los objetivos del gobierno, además de requerir un manejo eficiente.
Nos sumamos al llamado que hizo que el Rector Leonardo Lomelí Vanegas de divulgar el informe “Horizontes 2030 para el Desarrollo”, con el cual la UNAM busca ampliar los marcos de un debate necesario para el país, de cara al futuro.
* Especialista en Derechos Humanos
Froto: UNAM
