La historia no es solamente lo que ocurrió sino lo que está en curso. Las raíces de la violencia, la injusticia y la represión hay que buscarlas en la estructura misma del sistema de dominación capitalista y las formas autoritarias de ejercer el poder en contra de la mayoría de la población. La dialéctica de la historia permite observar las contradicciones y la bifurcación de los caminos que impiden arribar a la verdad cuando se imponen los intereses económicos y políticos de la clase dominante. Hoy que estamos ante el paro de labores del Poder Judicial que se opone a una reforma que, en medio de sus limitaciones, abre la posibilidad de modificar un sistema de justicia que permite mantener en la impunidad la inmensa mayoría de los delitos y las violaciones a los derechos humanos, hay que abrir un gran debate público sobre la necesidad de que también se cambie el funcionamiento de las Fiscalías y las corporaciones de seguridad pública en un proceso de desmilitarización para lograr que no haya impunidad mediante estrategias adecuadas de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.
Por ello, es necesario valorar las aportaciones del Informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que al respecto señala: “Más allá del orden civil, la institución perpetradora por antonomasia del periodo es el Ejército. Esto es así no sólo porque las Fuerzas armadas hayan sido las responsables directas de gran parte de las atrocidades cometidas durante el periodo, sino porque éstas constituyeron uno de los pilares ideológicos de un régimen presidencialista que se presentó ante la sociedad como civil, desmilitarizado y revolucionario, en el que el poder castrense estaba estrictamente subordinado al poder civil y carecía de cualquier injerencia política. Pero no fue sólo el Ejército. Dentro de las instituciones del Estado mexicano responsables de violaciones graves a los derechos humanos está también el Estado Mayor Presidencial, el poder judicial, las procuradurías, hasta los ministerios públicos, las agencias de inteligencia y todas las fuerzas policiales federales y locales.”
Ahora que están por cumplirse los 10 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, éste Informe indica: “Desde aquí sumamos nuestras voces a las de las víctimas de entonces y a las de ahora, a las de las y los sobrevivientes, a las de los colectivos y de la sociedad, para decirlo fuerte y claro: Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma contundencia con la que se ha demostrado también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hace casi una década atrás. Decimos que fue el Estado porque la enunciación de esta consigna, de esta denuncia, conecta los dolores viejos con los nuevos, el pasado con el presente. Decimos que fue el Estado porque fue éste el primero y el último responsable de las violaciones graves a derechos humanos durante el periodo 1965-1990, más allá de las responsabilidades de los perpetradores individuales. Fue el Estado porque desde éste se construyó la narrativa hegemónica que justificó la violencia, en aras de mantener una supuesta paz social y la estabilidad del país, cuando lo único que hizo fue sostener intereses políticos y económicos espurios.”
De manera contundente abunda al respecto: “Fue el Estado, que condenó a las grandes mayorías de este país a sufrir la violencia estructural de la pobreza y la miseria, y a sufrir su violencia armada a quienes lucharon por un México más equitativo. Fue el propio Estado el que engendró las causas de la rebelión y la disidencia, y el que se encargó de ahogarlas a sangre y fuego. Fue ese Estado, en su avaricia, en su despotismo y su sevicia. Fue el Estado quien, por su acción, omisión o aquiescencia, permitió la comisión de violaciones graves a derechos humanos; fue quien les negó la justicia a las víctimas, y a quien ahora demandamos la no repetición.”
En este Informe Histórico desarrollan y explican la vigencia de la violencia del pasado en el presente, y aquello que se denominado “factores de persistencia” de las violaciones graves a derechos humanos en contra de distintos conjuntos de víctimas, mismos que refieren a patrones, sistemas, estructuras y nodos de articulación para la operación de distintas formas de violencia, en diversos niveles, ejecutados de manera organizada desde el Estado. En ese sentido, también se exhiben los actores institucionales que aún operan bajo esta lógica de seguridad y las dinámicas de complicidad que prevalecen, así como los alcances y limitaciones que ha implicado la puesta en marcha de los esfuerzos en materia de justicia transnacional.
El gobierno actual ha mantenido y fortalecido el papel del Ejército, por lo que debería modificar su estrategia si acepta las recomendaciones de este Informe Histórico, lo que aún no es claro y puede terminar igual que con el informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que el gobierno ocultó y persiguió y criminalizó a sus autores. A la vez, llevar a cabo una profunda reforma al Poder Judicial, debería significar que, a la vez que se mantiene la independencia y autonomía, se terminen los privilegios de la cúpula de quienes emiten más resoluciones favorables a las élites políticas y económicas que a las personas sin recursos económicos que acuden a solicitar protección de la justicia. Fortalecer la investigación de los delitos y la prevención deberían ser una prioridad para una reforma integral del sistema de procuración y administración de justicia.
En el caso Ayotzinapa, la impunidad prevalece bajo el manto que otorgan jueces y magistrados a los perpetradores de las desapariciones.
Mientras no se modifique de fondo el sistema de dominación capitalista, lograr que haya verdad y justicia seguirá siendo una de las tareas y objetivos de quienes aspiramos a construir una realidad diferente, donde nadie sea pisoteado en su dignidad y derechos.
Por ello, si todas y todos luchamos juntos con organización, conciencia y esperanza, un mundo mejor es posible con justicia plena y verdadera.