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Las batallas de X

 

Como se sabe, el 8 de enero de 2023 una turba de partidarios del otrora presidente brasileño Jair Bolsonaro, irrumpieron en el Congreso, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo, demandando que Bolsonaro fuera reinstaurado como presidente y se destituyera al hoy presidente, Lula da Silva. Ese violento suceso —copia de lo sucedido en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021— fue condenado por amplios sectores en la sociedad brasileña y se tipificó como intento de golpe de Estado. En tal escenario las redes sociales tuvieron un papel destacado, particularmente X, tanto en la organización y promoción de las protestas como en los mismos actos violentos ocurridos en Brasil.

Ese es el contexto en el que se ubica la decisión más reciente del magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de suspender temporalmente el servicio de X en Brasil. Posterior a esa invasión de los edificios de los diversos poderes de Brasil ya referidos, se desprendieron una serie de investigaciones y requerimientos a X para que eliminara perfiles y mensajes de determinada personas, cuestiones que fueron no solo incumplidas sino atacadas por el dueño de X.

Elon Musk respondió, cual su estilo, con exabruptos y elevando la apuesta, cerró sus oficinas en Brasil y se negó a acatar las medidas. Sin embargo, como es característico de él (ya que no traga ácido sulfúrico, ni es imbécil), posteriormente empezó a cambiar de postura y se dijo dispuesto a dialogar con las autoridades para acatar los requerimientos, entre las cuales están también las multas, que se han hecho a su empresa. Entre más tiempo pase sin solventar eso sus empresas pierden más dinero.

Mal hicieron quienes celebraron las posturas de Musk y lo enaltecieron como la quintaesencia de la libertad de expresión, pero también errónea fue la postura de los fundamentalistas que ven en Musk la encarnación del averno y se inclinaron a celebrar la medida de las autoridades judiciales brasileñas, considerándola impoluta y democrática, pero pasaron por alto los desatinos, desconocimientos de las autoridades brasileñas en la manera de operar de las tecnologías digitales y, de paso, violentar los derechos de los usuarios.

Para nadie es un secreto que las Big Tech son buenas en eso de no respetar leyes en diversos países. Un argumento común, que en diversos momentos sí les valió, fue que las sanciones y decisiones judiciales en otras naciones no eran válidas por la carencia de jurisdicción: sus domicilios fiscales estaban fuera de dicha nación, o en su defecto que las filiales registradas fuera de Estados Unidos no tenían relación con la empresa principal que administra dicha firma de internet. Esa situación prácticamente se ha solventado en la inmensa mayoría de países que han hecho obligatorio tener representación legal, tal como lo evidencia la nueva legislación europea de plataformas digitales: la Ley de Servicios Digitales.

En Brasil la confrontación resultó disonante porque el dueño de X, Elon Musk, se enfrascó directamente en una disputa verbal con los jueces, cuestionó la integridad de la misma justicia brasileña y se burló de ella. Fue un auténtico desafío, pero es cierto que la medida de la autoridad judicial de suspender totalmente un servicio fue desproporcionada porque afectó a todos los usuarios de X en Brasil, la mayoría no tenían o no estaba vinculada con la decisión judicial inicial.

En el afán de que X entregara los datos y bloqueara a determinadas personas, usuarios de la misma, se afectaron a millones de personas que no tenían nada que ver con tales actos sancionados. Pero eso tampoco sirvió para hacer que los usuarios comprendieran el valor del respeto de las normatividades, que acataran la sentencia porque la gente se volcó a usar los servicios de VPN; a raíz de la prohibición el uso de VPN en Brasil se disparó de manera notoria: tuvo un incremento de 1600% en pocos días (shre.ink/gwg3). Cuestión que refleja el rechazo de usuarios a la censura y su deseo de acceder a X, que la misma es una plataformas de comunicación que les es necesaria.

Sin embargo, el affaire X en Brasil tiene otras implicaciones porque lleva a cuestionarse si para una empresa es obligatorio dar respuesta positiva a todo requerimiento o prohibición que le haga una autoridad judicial, independientemente del tipo de gobierno o régimen que se trate, o debe de hacerlo sólo cuando emanen de un gobierno democrático. Por un lado, está la cuestión de si es válido, si su sentencia está fundada. Pero no solo eso, es fundamental que quien sanciona tenga la capacidad de considerar los efectos técnicos y prácticos de las medidas que desea implementar, porque en el caso de un ecosistema de comunicación digital cualquier medida que se tome se traduce en consecuencias directas e indirectas, de derivas que tienen múltiples consecuencias no deseadas en la comunicación de las personas.

La negativa de X a cumplir las órdenes judiciales ha sido interpretada por algunos analistas como una decisión política de Musk, más que una preocupación genuina por la libertad de expresión. Esto tiene sentido cuando vemos que tiene abiertos varios litigios en distintos de Europa, pero en donde sí ha decidido litigar las demandas. Es decir, Musk tiene en su radar distintas maneras de proceder, dependiendo del país que lo sancione.

Más allá de eso, también es cierto que la justificación de las autoridades brasileñas para bloquear VPNs a menudo se basa en razones de seguridad nacional o control de contenidos, dichas medidas violentan los derechos humanos de las personas: para empezar violenta el derecho a la privacidad, ya que la idea de sancionar a quienes usen las VPNs equivale a monitorear a los usuarios y violentar derechos de privacidad; afecta la libertad de expresión e impide que las personas puedan acceder a información y la capacidad de expresarse libremente en línea. Además, las mismas autoridades brasileñas vieron que eran medidas absurdas —como lo fueron en su momento también contra WhatsApp—, se dieron cuenta de la dificultad y la ineficacia de bloquear el acceso a X vía VPNs, optaron por recular y ya no aplicar la medida. Sin olvidar que la medida generó críticas a nivel nacional e internacional, lo que pudo influir también en la decisión de revocarla.

A medida que el caso de X en Brasil siga en desarrollo, porque eso aún no concluye, sigue vigente la reflexión del tema sobre la importancia de la libertad de expresión, la responsabilidad de los actores privados en la esfera pública global, el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, la importancia de actualizarlos de cara a los avances tecnológicos, y el papel mismo de justicia en la aplicación de la ley y los retos que enfrenta en esa tarea (shre.ink/gwge).

* @tulios41