Telecomunicaciones amordazadas
Recientemente la presidenta en nuestro país envió al Senado una iniciativa de reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y ante las críticas a la misma por partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, expertos en telecomunicaciones y académicos, que señalaron que la misma vulneraba derechos y afectaba la libertad de expresión, la presidenta decidió meter reversa y abrir un espacio para discutirla, para que las diversas partes interesadas participen y propongan modificaciones a la iniciativa, la cual puede aprobarse entre junio-julio del año que corre.
Un tema central de esa iniciativa de reforma, elaborada directamente por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), es la regulación de internet. Por décadas, el Estado mexicano ha vigilado a los medios de comunicación a través de diversos mecanismos con el fin de evitar críticas en su contra. En el momento que internet se masificó, sobre todo cuando se hizo factible que ya no era necesario ser programador en HTML para generar contenidos en línea, fue cuando se multiplicaron espacios críticos al gobierno y con la llegada de las redes sociales se facilitó que cualquier opinión fuera fácil de difundir, lo que puso a funcionarios de gobiernos y políticos bajo un escrutinio público, en donde opinar y publicar no requería de pasar por jefes de redacción y gatekeepers, lo que también abrió la puerta a la publicación de contenidos cuestionables y a ciberdelitos, de lo que se valieron gobiernos para que al mismo tiempo que se atendía tales aspectos meter en el mismo saco la regulación de plataformas y redes digitales, afectando derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
En nuestra nación la oposición a la regulación de internet se ha expresado en diversos momentos y geografías, ya que lo mismo a escala federal como estatal diversos gobiernos han intentado controlar y/o regular internet. Para ilustrar un caso, recordemos que la reforma de telecomunicaciones de 2014 fue criticada entre otras cosas por intentar controlar la red y carecer de transparencia en su implementación. Pero como han referido varios especialistas en telecomunicaciones, si comparamos la reforma de 2014 con la que hoy se propone, aquella se queda muy corta en el énfasis autoritario respecto a la actual, que podría conducir al ciberespacio a vivir situaciones similares a las que enfrentan regímenes no democráticos como Venezuela o Nicaragua.
En 2014 estudiantes aglutinados en el movimiento #YoSoy132 arengaba en contra de la reforma a las telecomunicaciones, aunque ahora ya no se ve el puño en alto de los otrora cabezas visibles de ese movimiento porque están incrustados en televisoras privadas y el aparato político y administrativo oficialista. Pasa algo similar con el hoy titular de la ATDT, José Peña Merino que en su momento cuestionó varios aspectos de la reforma en telecomunicaciones de 2014, cuando desde la otrora Data Cívica se declaraba devoto del uso de datos y temas de derechos humanos y transparencia. Lo mismo se ve en varios de sus compinches, otrora defensores de la libertad de expresión, de las discusiones abiertas y públicas de las reformas y leyes de telecomunicaciones —cuando sus arrebatos juveniles los hicieron fervorosos defensores de la transparencia y hasta de querer dar vida a partidos piratas—, pero ahora como oficialistas VIP nadan de muertitos y sufren de amnesia radical.
Más allá de la discusión por venir sobre la reforma en las telecomunicaciones, vale la pena referir que la iniciativa de marras culmina con el proceso para acabar con el IFT —uno de los aspectos positivos de la Reforma de 2014— como órgano autónomo de regulación de las telecomunicaciones, oficializa que sus funciones pasan a la ATDT para centralizar y controlar medios y telecomunicaciones, para poner fin, de facto, a contrapesos institucionales y la autonomía en la regulación del sector. El ATDT se llena de poder: puede incluso autorregularse, crear sus propias normas, amén de concentrar más atribuciones que el ya extinto IFT. Establecerá las reglas para otorgar concesiones, regular el espacio radioeléctrico, desplegar el acceso a infraestructura digital, elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, normar las plataformas de internet, más lo que se vaya acumulando para satisfacer a ese insaciable cíclope. Por si no fuera suficiente, ante la ausencia de un órgano colegiado, con comisionados, para la toma de decisiones, las mismas recaerán en José Merino, que tendrá un poder que ni en sus mejores devaneos mentales él se imaginó tener cuando se reunía con su panda de amigos ciberlibertarios promotores de la radicalidad libre.
Vale la pena recordar a Andrew Arato, para ayudar a contextualizar la discusión que se avecina sobre esta reforma en telecomunicaciones. Él ha establecido dos momentos del populismo: uno, cuando está en el gobierno, etapa en donde no tiene el poder absoluto y debe negociar con sus contrapartes partidarias para sacar adelante sus iniciativas; el segundo es cuando es el gobierno, momento en que el populismo consolida su poder, barre con las instituciones democráticas y establece un control hegemónico; en esta etapa cualquier consulta sirve únicamente para validar las determinaciones del poder. Además, siguiendo a Arato, cuando un Estado tiene control absoluto sobre todos los aspectos del gobierno y sociedad —Suprema Corte, tribunales electorales, supresión de organismos autónomos y de cualquier contrapeso…—, no necesita recurrir a la violencia. La mera existencia de ese poder omnímodo y la ausencia de mecanismos para desafiarlo son suficientes para asegurar obediencia y conformismo, creando una atmósfera de autocensura y aquiescencia sin necesidad de represión activa y visible. En algún momento ese poder se acabará, pero en México el actual populismo autoritario lleva poco tiempo y goza de respaldo ciudadano.
Por eso, la ley no se modificará y no se incorporarán los puntos de vista de especialistas y de los partidos de oposición, o mejor dicho sólo se maquillará; si no se aprendió con las discusiones y consulta sobre la reforma judicial es que se peca de voluntarismo o ingenuidad. Como según el oficialismo ellos son la única «representación del pueblo» y encarnación del Estado, pueden hacer lo que se les antoje y darse el lujo de abrir espacios de discusión para repartir atole.
Como ejemplo de que la reforma en telecomunicaciones está en marcha, recientemente se aprobó sin estridencias ni gran molestia la Llave MX, un nefasto sistema de identificación digital implementado por el gobierno y difundido como la quintaesencia para agilizar trámites, servicios y programas sociales a través de plataformas digitales. Esa abominación es la posibilidad de devenir en recurso de vigilancia masiva por parte del gobierno, al concentrar una gran cantidad de datos personales de millones de ciudadanos, que lo mismo puede servir para fines electorales que para perseguir opositores y gente crítica al gobierno. Este es solo el inicio del caminar de la ATDT, un Juggernau alimentado con pura ivermectina.
@tulios41
