Recientemente se instaló la Comisión Jurisdiccional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados de la cual soy Presidente. Comenté a los integrantes, invitados especiales y asistentes que aspiro a que sea la mejor Comisión Jurisdiccional en la historia moderna de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo Mexicano. Mi aspiración la fundamenté en tres propuestas que hice a las diputadas y a los diputados integrantes de la misma.
Primero, que no hay antecedentes importantes de la institucionalización de esta Comisión en el Poder Legislativo mexicano. Hace tiempo esta comisión no era permanente, incluso hoy su naturaleza no está claramente definida, ni en la Ley Orgánica del Congreso General, ni en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Su antecedente es básicamente la Sección Instructora, que hoy por cierto se desprende de esta misma Comisión Jurisdiccional, y que es la responsable de substanciar el procedimiento relativo al juicio político establecido en el artículo 110 de nuestra Constitución Política.
Y cuando hablé de institucionalizar me refería básicamente en hacerla permanente, no solamente de iure, sino también de facto. Proponer algunos cambios a nuestra normatividad interna, por un lado, justo para evitar que alguien dude de su carácter “permanente”. Pero sobre todo institucionalizarla para acabar con el rezago acumulado por que dicha comisión, percibo -a riesgo de equivocarme- que hay muchos casos presentados ante esta instancia que están prescritos. Rezago que viene justamente porque esta comisión en lugar de tener una naturaleza institucional de carácter “jurisdiccional”, más bien ha tenido naturaleza política.
Eso me llevó a mi segunda propuesta. La Comisión Jurisdiccional se percibe como coyuntural, circunstancial, y sus razones obedecen más a coyunturas políticas que jurisdiccionales. Comenté que la razón de ser de esta instancia partidista proviene del artículo 110 constitucional, y a esta comisión, dirían los abogados clásicos que les encanta el latín es: la “iuris dictio”; es decir, le toca “decir el derecho”. Le toca practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de una conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de alguna o de algún servidor público incluidos en una lista del mismo texto constitucional.
Entendiendo esa importante función “jurisdiccional”, la Comisión tiene una responsabilidad todavía más grande: no puede trabajar en base a consignas políticas, como desgraciadamente ha sucedido. Comenté que el problema es que debe funcionar y ser eficaz porque no hay en nuestra tradición política el llevar a funcionarios públicos de cualquier poder u orden de gobierno a juicio político. Es decir, esta comisión debe “hacer justicia” y las pocas veces que ha funcionado ha sido para “hacer política”.
Mexico siempre ha necesitado que los funcionarios rindan cuentas, y justamente en esta Comisión, puede y debe cumplirse esta misión constitucional de rendición de cuentas para combatir la corrupción, mal endémico de nuestro sistema político. No quise ser exhaustivo, pero resumí claramente mi propuesta: no consignas políticas pero si cumplimiento de nuestras funciones legales a través del pleno ejercicio de las facultades jurisdiccionales de la Cámara de Diputados, algunas delegadas a esta Comisión.
Mi tercer propuesta estuvo basada que en otras latitudes este tipo de Comisiones son muy importantes. Justamente porque en estas la tesis de los pesos y contrapesos de los poderes públicos cobra vigencia. Nos toca vigilar e inclusive substanciar procedimientos de posibles actos ilegales cometidos por funcionarios públicos, no solo de legisladores, sino de los otros poderes públicos. Comentée que he visto en mi carrera profesional y parlamentaria cómo en otros países este tipo de Comisiones -me refiero a las Jurisdiccionales- son de las más pretendidas por el prestigio que otorgan nacidas de sus muy importantes funciones para el equilibrio de los poderes del estado. Dije que no era el lugar, ni el momento de poner ejemplos, o contar anécdotas, solo llamar la atención de mis compañeras y compañeros legisladores para que nos den ganas, entendamos lo importante de nuestra función y nos comprometamos con el trabajo de dicha Comisión. Acote que “nuestro trabajo es fundamental para hacer realidad nada más y nada menos que la teoría constitucional universalmente aceptada”.
Resumí así mis aspiraciones al presidir y al guiar los trabajos de esta Comisión: institucionalización; convertirla en una verdadera comisión jurisdiccional que “diga el derecho”; y cumplimentar la teoría de pesos y contrapesos de los poderes públicos. No es poca cosa, podría parecer ingenuo, pero les aseguro que hacía esta propuesta con consciencia y con entendimiento de los tiempos que vivimos.
Todavía recuerdo cuando en la LV Legislatura, mi primera experiencia profesional en la Cámara de Diputados se creó la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, presidida por Fernando Ortiz Arana, antecedente de lo que hoy conocemos como la Junta de Coordinación Política. Se discutió, en esos tiempos, si debía permanecer la Gran Comisión, símbolo del partido de estado que gobernó nuestro país durante décadas, lo que al final desafortunadamente sucedió. Para 1988, México ya no podía tener un régimen político de partido único y de estado, pero algunos todavía no lo entendían.
El colmo es que se debatía si se aceptaba a miembros de otros partidos en la Comisiones de Trabajo, la mayoría no tenía carácter legislativo porque en aquel momento casi todo era turnado a la Comisión de Dictamen Legislativo, la más poderosa de esa Legislatura. Para el anecdotario existía la Comisión de Artesanías -y de ninguna manera intento denostar ese noble y tradicional oficio mexicano- porque a las comisiones, se les consideraba Comisiones de Trabajo no necesariamente de dictamen legislativo. Los tiempos han cambiado y después de más de 33 años hoy el Congreso Mexicano es otro.
También en mi intervención comentée que conociendo el pensamiento y la vida política de nuestra hoy Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, me atrevía a asegurar que su pensamiento democrático y su lucha en contra del partido de estado seguía vigente. No son tiempos de volver a lo superado después de décadas de lucha democrática en nuestro país.
Finalicé mi intervención diciendo: “hoy me siento como cuando uno empieza un nuevo ciclo escolar: fresco, con muchas expectativas y con muchas ganas. Permítanme este símil, si el Pleno fuera la escuela y las comisiones legislativas fueran las materias, las asignaturas, pues seamos todas y todos bienvenidos a la materia: El Poder Legislativo como Órgano Jurisdiccional.
Mi propósito es que el papel de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados sea brillante, histórico, que le sirva a Mexico y que dignifique la tarea del Poder Legislativo. Sin prestarnos a ser arma de intereses políticos, sin consignas, pero sí aplicando la ley sin distingos, de manera fundada, motivada, justa, correcta y congruente. Y como aprendí en la Facultad de Derecho de la UNAM en mis primeras lecciones de derecho: la función jurisdiccional ha de ser siempre, siempre, imparcial.