Después de la reforma judicial, en días pasados, se concretó la reforma constitucional que desaparece siete órganos autónomos, circunstancia que implica desdibujar las garantías para la defensa de los derechos humanos y trastoca el principio de progresividad. La progresividad implica que el reconocimiento de los derechos humanos se ha ampliado progresivamente y que esa ampliación es irreversible; asimismo, que el número y el vigor de los medios de protección también ha crecido de manera progresiva e igualmente debe ser irreversible, principio de no regresividad.
Sin distinciones ni matices se ha señalado que los órganos autónomos son burocracias corruptas, onerosas y muchas cosas más que conllevan estigmatizaciones, que en todo caso, de existir debieran investigarse, resultando esa crítica falaz muy eficaz, pues no se acompaña de lo que lo sustenta, y omite también el desempeño independiente y técnico que realizan y el beneficio que generan como órganos garantes de derechos. Dichas instituciones son muy diferentes en sus responsabilidades: el Instituto Nacional de Acceso a la Información se encarga de garantizar derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos funcionan como órganos reguladores; el Consejo Nacional de Evaluación y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación producen evaluaciones de política pública social y educativa, regulación y evaluaciones de mejora.
Al desaparecer la reforma a los órganos autónomos, sus funciones serán transferidas a distintas secretarias de estado, pasando a ser constitutivos de la administración pública centralizada, con sus variantes de órganos desconcentrados y descentralizados. Lo anterior podría generar un conflicto de interés, pasando a ser juez y parte, dado que ahora dependerán de una Secretaria, en donde los subalternos no tendrán la fuerza para exigirle al Ejecutivo o a los demás secretarios corrijan lo que señalaban los autónomos como instancias funcionalmente distintas del gobierno que reunían las características de neutralidad política, especialización técnica y eficacia operativa.
Como recientemente señaló Luigi Ferrajoli al referirse a la reforma judicial que “es obvio que un Juez elegido en una lista política, de Gobierno u oposición, es un Juez condicionado en una función de certidumbre de la legalidad, sobre todo si es un Juez elegido en las listas gubernamentales, tendrá muchas dificultades en indagar y condenar a personas de su mismo partido. Es por eso que la elección de los jueces transforma la función judicial en un momento de una carrera política. Un juez que quiera hacer carrera muy difícilmente procederá contra funcionarios del aparato de gobierno”. Lo mismo aplica a los organismos autónomos pues estarán al servicio de una estructura vertical, la de la superioridad, de subordinación, a diferencia de los organismos autónomos, cuya estructura era horizontal en una relación de respeto entre iguales.
Las reformas constitucionales generan incertidumbre jurídica y funcional, dado que quedan muchos temas sin resolver, por ejemplo, como el INAI, instituto que tiene a su cargo la revisión de las negativas de información de todos los poderes públicos, inclusive los organismos autónomos, ahora será una secretaria de estado la que deberá resolver, sin capacidad para incidir, a riesgo de interferencia en su independencia respecto del poder judicial o del propio poder legislativo. Por otra parte, ¿dónde quedara la protección de datos personales? ¿cómo será respecto de los particulares? ¿qué sucederá respecto de la plataforma nacional de transparencia?, ¿quién va a resguardar los 15 mil millones de archivos?, existiendo el riesgo adicional de que se pueda perder la información o se deje actualizar. Esperemos que se tengan con oportunidad las leyes secundarias que eviten lagunas como las que se han señalado que perjudiquen las funciones tan importantes que realizaban los órganos autónomos y con ello se profundice la afectación del Estado de Derecho.
*Especialista en Derechos Humanos.
