El narcotráfico en México ha pasado por una transformación alarmante a lo largo de las últimas décadas, marcando tres fases claras: la tolerancia de las autoridades en las décadas de 1970 y la primera mitad de 1980, la complicidad abierta durante los años 90, y el actual sometimiento de regiones enteras a las órdenes de los cárteles. Estas fases no solo reflejan cambios en la estructura del crimen organizado, sino también en las relaciones entre el Estado y el narcotráfico, en un proceso que ha debilitado instituciones clave y puesto en peligro la seguridad de millones de mexicanos.
La primera fase, que corresponde a los años 70 y 80, estuvo marcada por una política de tolerancia. En esta época, el narcotráfico era visto como un mal necesario, pero manejable. Los cárteles aún no tenían el poder y control que ostentan hoy, y la relación con el gobierno se caracterizaba por acuerdos tácitos en los que las autoridades, en muchos casos, miraban hacia otro lado a cambio de sobornos o favores. Durante este periodo, el narcotráfico se centraba en la producción y tráfico de marihuana y heroína, especialmente hacia los Estados Unidos, lo que generaba enormes ingresos para los cárteles locales.
El incremento en la producción de drogas y el control de rutas estratégicas permitió el surgimiento de figuras icónicas en el narcotráfico mexicano, como Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara. A pesar de que el narcotráfico ya comenzaba a erosionar la estructura de la seguridad pública, se mantuvo en gran medida bajo el radar de la opinión pública. Este fue un tiempo en el que la corrupción política permitió que el tráfico de drogas se convirtiera en un negocio que operaba con relativa tranquilidad en muchas regiones del país.
A finales de los 80 e inicios de los años 90, la dinámica cambió drásticamente, la segunda fase, que puede definirse como complicidad, vio un aumento significativo en la relación entre el crimen organizado y el Estado, esta época estuvo marcada por una creciente penetración del narcotráfico en las estructuras del gobierno. La corrupción, que antes era discreta y limitada a ciertos sectores, se volvió sistemática, durante esta década, los cárteles comenzaron a diversificar sus operaciones, expandiéndose hacia el tráfico de cocaína y fortaleciendo su influencia en varias regiones del país.
Los 90 fue también testigo de una alarmante militarización de los cárteles, las organizaciones criminales comenzaron a reclutar a exmilitares y policías, quienes no solo ofrecían habilidades tácticas, sino también contactos dentro de las fuerzas de seguridad. El Cártel de Juárez, bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, conocido como «El Señor de los Cielos», se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas de la época, con una red de distribución que controlaba buena parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La complicidad del Estado permitió que estas organizaciones se fortalecieran, utilizando el soborno y la violencia para doblegar a quienes se resistían a colaborar.
La tercera fase, la del sometimiento, se desarrolló en las últimas dos décadas, los cárteles han pasado de ser socios de políticos corruptos a convertirse en verdaderos poderes paralelos que controlan regiones enteras del país. Esta etapa se caracteriza por el colapso del Estado en varias zonas de México, donde el crimen organizado ejerce una autoridad efectiva, dictando normas y ofreciendo «protección» a la población. Los gobiernos locales y, en algunos casos, los estatales y el federal han sido incapaces de detener su expansión.
Ejemplos claros de este sometimiento son los estados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, donde los cárteles controlan el tráfico de drogas, el comercio, y en muchos casos, incluso el acceso a servicios básicos. En Michoacán, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha logrado dominar gran parte del territorio, mientras que, en Tamaulipas, el Cártel del Golfo y Los Zetas han mantenido un control férreo por años. Lo anterior ha desencadenado que a nivel nacional, los homicidios relacionados con el narcotráfico se dispararon en la última década, alcanzando un récord de más de 35,000 en 2021 según datos del INEGI.
La tolerancia inicial que el gobierno mexicano mostró hacia el narcotráfico en las décadas de 1970 y 1980, basada en acuerdos tácitos y la permisividad hacia ciertos grupos criminales, fue un grave error estratégico que permitió que estos grupos crecieran de forma desmedida. En lugar de enfrentar y desarticular a los cárteles incipientes, las autoridades los dejaron operar bajo la condición de que no generaran inestabilidad visible.
Este enfoque relajado permitió que las organizaciones criminales no solo se fortalecieran financieramente y expandieran su influencia territorial, sino que también diversificaran sus actividades, formando redes de corrupción profundas que penetraron en las estructuras del gobierno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial. A medida que crecían, los cárteles dejaron de ser actores periféricos para convertirse en poderes paralelos capaces de desafiar al Estado, lo que ha culminado en la situación actual, donde en muchas regiones ejercen un control total, sometiendo a las autoridades locales y a la población.
La evolución del narcotráfico en México, muestra la incapacidad del Estado para enfrentar el crecimiento exponencial de estas organizaciones. La combinación de corrupción, ineficiencia gubernamental y una creciente sofisticación del crimen organizado ha permitido que los cárteles de la droga se conviertan en una amenaza existencial para la seguridad y la estabilidad del país. Hoy en día, no es exagerado afirmar que, en ciertas partes de México, las organizaciones criminales tienen más poder que el propio Estado, y el desafío más grande para el futuro será revertir este proceso de sometimiento antes de que sea irreversible.
*Profesor de El Colegio de Morelos.
