En los últimos meses, ante los pronunciamientos del presidente electo de los EE.UU. Donald Trump respecto a combatir a los cárteles del crimen organizado en México y declararlos organizaciones terroristas, algunos políticos de la 4T se enrollan la bandera de México alrededor del cuerpo dispuestos a brincar de la silla asegurando que van a defender la soberanía nacional. Nos quieren hacer creer que la soberanía nacional consiste en evitar que gobiernos u organizaciones extranjeras interfieran en asuntos políticos y de seguridad de México. Este fue el principal argumento que utilizó el expresidente AMLO para impulsar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que restringieron significativamente las actividades de la DEA y de otros agentes extranjeros en México. No vaya a creer el lector que estas reformas surgieron por la necesidad de evitar que agencias internacionales investigaran y descubrieran los lazos de complicidad que el mismo AMLO y su círculo cercano de colaboradores habían forjado con grupos del crimen organizado y que fueron evidenciándose poco a poco a lo largo de su sexenio. No, para nada. Según la 4T, todo lo que hizo AMLO fue para defender la soberanía nacional.
Lo que se les olvida decir a esos políticos 4T-ístas que se enrollan la bandera y brincan de la silla es que la soberanía nacional no sólo consiste en defender a México de intervenciones extranjeras, sino que comienza, sobre todo y fundamentalmente, con una buena gobernanza interna combatiendo la corrupción, fortaleciendo a las instituciones de procuración de justicia y a los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), combatiendo al crimen organizado, garantizando los derechos humanos de los ciudadanos y promoviendo la cohesión social.
La soberanía nacional en México se define en el artículo 39 de nuestra Constitución que dice:
“Artículo 39: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Este artículo constitucional tiene profundas consecuencias jurídicas que establecen principios fundamentales de la política exterior e interior de México, las cuales están plasmadas y desarrolladas en diversos artículos de la Constitución, en leyes secundarias y en tratados internacionales. Por el momento nos concentraremos en las consecuencias de la parte que dice “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Esta pequeña frase significa que el poder público debería estar diseñado para trabajar en beneficio de la ciudadanía bajo los principios de responsabilidad, legalidad y transparencia, siempre buscando el bienestar del pueblo. ¿Pero qué significa “el bienestar del pueblo”? Eso ya está establecido en nuestras leyes y en todos los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos (el derecho la vida, a la salud, a la información, al bienestar social, a la seguridad pública, a la educación, a un salario digno, al libre tránsito, a la no discriminación, a la libertad de expresión, al respeto hacia la mujer, a la protección de la infancia, etc.). Por otro lado, el Artículo 1 de la Constitución dice:
“Artículo 1: …Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”
Queda claro tan sólo con los Artículos 1 y 39 de la Constitución que la soberanía nacional consiste, entre otras cosas, en elegir de manera libre y soberana a gobernantes que protejan a sus ciudadanos y trabajen en beneficio de ellos. ¿Qué pasa cuando los gobernantes elegidos permiten, por ineptitud o complicidad, que grupos del crimen organizado se apoderen de territorios y gobiernos locales? ¿Qué ocurre cuando son los criminales quienes imponen los precios de productos de altísima necesidad como el aguacate, el pollo, el limón y además se roban los recursos naturales? ¿Qué resulta cuando en México se le da abrazos a aquellos que atentan contra los derechos humanos más básicos como el derecho a la vida o a la libertad? ¿Qué sucede cuando se permite y abraza la existencia de un gobierno criminal paralelo que puede robar, extorsionar, secuestrar, torturar y asesinar? ¿Qué se espera cuando miles de personas tienen que abandonar sus hogares y migrar a otros lugares para no ser extorsionadas o asesinadas? Lo que ocurre es que se pierde la soberanía nacional porque el gobierno instaurado por el pueblo pierde legitimidad, territorios e instituciones y ya no puede gobernar en beneficio del pueblo como lo establece el Artículo 39.
Los criminales mexicanos de más alto perfil que han dañado enormemente nuestro tejido social han sido sentenciados y encarcelados en Estados Unidos. ¿Cuál soberanía nacional si nuestro gobierno ni siquiera es capaz de atrapar, enjuiciar y encarcelar a los más grandes generadores de violencia y violadores de los derechos humanos de los mexicanos? La soberanía nacional no es sólo un principio jurídico, sino un valor que subyace el ejercicio del poder público. Es una piedra preciosa que debemos defender no sólo de los ladrones extranjeros, sino sobre todo de los ladrones que están dentro de casa con la bandera enrollada alrededor del cuerpo.
*Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM.
Imagen generada por el autor con Chat GPT
