El pasado 30 de julio se conmemoró, como cada año, el Día Mundial contra la Trata de Personas, pero no debe quedar como una fecha más, sino es obligado replantearnos la necesidad de tomar conciencia ante un flagelo cotidiano que lacera y lastima a las víctimas, sus familias, y a la sociedad misma, por lo que el tema debe plantearse desde una perspectiva victimológica, que sin demerito de la persecución de los delincuentes, tenga un enfoque mayor sobre las necesidades de las víctimas.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), establece los componentes mínimos que los Estados nacionales deben instrumentar para el combate integral a este flagelo, debiendo adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesaria para tipificar como delito la trata de personas en su derecho interno; pero, más allá de la tipificación que se haga como delito, se debe acentuar que la trata de personas es una violación a los derechos humanos, pues atenta contra la dignidad, la integridad y la vida misma de las víctimas.
Como publicó en una nota y en su editorial el periódico La Jornada de Morelos, en su edición del 3 de agosto, al hacer referencia al fenómeno, la directora del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, Isela Chávez Cardozo, aseguró que se han recibido reportes de trata de personas en la región oriente de la entidad, indicó que hay casos en los que desaparecen menores que frecuentemente caen en redes de explotación sexual. Lo asombroso es que no haya denuncias. Explicó que se trata de un delito que se denuncia “bajo un protocolo que nuestras autoridades de procuración de justicia implementan”, mismo que tendría que revisarse para confirmar su efectividad, pero esto no es privativo solo del Estado de Morelos, por desgracia acontece en muchas entidades federativas.
Según las cifras de incidencia delictiva del fuero común que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2,467 personas de 0 a 17 años (1,844 mujeres y 623 hombres) han sido víctimas de trata de personas en México de enero de 2015 a febrero de 2024.
Por su parte, el Instituto de la Mujer de Morelos, de acuerdo con el SESNSP, tiene reportadas 61 denuncias por trata de personas desde el 2015. La mayoría de las denuncias, 48, corresponden al periodo de 2015 al 2018; y 17 del 2019 hasta el 2024. De esta últimas, 4 se presentaron en 2019, una en 2020, tres en 2021, ocho en 2022, y una más en 2023. En lo que va del 2024 no se ha registrado una sola denuncia, dato inaudito que permite sustentar a quienes intentan asegurar que en Morelos no hay trata, cuando lo que no hay es confianza en que las autoridades cumplan su trabajo con eficacia y eficiencia primero para prevenir y luego para investigar con la debida diligencia. Y no solo es tarea de instituciones de procuración y administración de justicia, sino debiera ser un eje transversal de atención también de entidades de las administraciones federal y estatales en su conjunto, de manera coordinada.
Lamentablemente observamos falta de profesionalismo, capacitación, sensibilidad para el trato digno a las víctimas de este delito por parte de los operadores jurídicos. También el inadecuado registro de cifras por parte de las fiscalías que muchas veces no identifican correctamente cuando se está en presencia de un posible delito de trata de personas. La ausencia de personal suficiente y capaz de trabajo social y de psicología que brinde confianza a las víctimas. Y desde luego muy lejos estamos de hacer vigentes los derechos de las víctimas, para hacer efectiva la reparación integral, conociendo la verdad de los hechos, fincamiento de responsabilidades, que reviertan la impunidad y la corrupción, la reparación en sí misma con medidas de asistencia médica, legal, psicológica, social, y compensatorias y desde luego las medidas de no repetición.
Por ello, los protocolos de investigación deben abordar, entre otras cuestiones, diferentes enfoques, entre ellos el de derechos humanos, para atender la trata de personas, comenzando por la implementación de estrategias integrales que combinen prevención, intervención y apoyo continuo para asegurar que cada víctima de trata esté protegida contra esta devastadora violación a sus derechos y reciba el acompañamiento adecuado en todos los ámbitos, incluyendo, cómo se dijo, asistencia legal, médica y psicológica especializada.
Asimismo, es importante utilizar el enfoque de género como un elemento básico para crear estrategias de protección que tomen en cuenta cómo niñas y adolescentes y desde luego, las mujeres, pueden verse expuestas a la explotación manera diferenciada. Además de integrar la interseccionalidad a través de la comprensión de los múltiples y diversos factores de vulnerabilidad a los que se enfrentan como la migración, pobreza, falta de acceso a la educación, discriminación y contextos violentos.
Este año el lema del Día Mundial contra la Trata de Personas es “No dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata de personas”, con la intención de mostrar la gravedad de este delito, su interseccionalidad y el daño que implica un sinnúmero de secuelas y repercusiones en lo más importante de nuestra sociedad: la niñez y la adolescencia, generando cicatrices profundas en su desarrollo y bienestar que pone en riesgo su potencial porvenir.
Save the Children, organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, señala que los riesgos que enfrentan la niñez y adolescencia al ser víctimas de trata se incrementan, pues una de cada tres víctimas de trata son niñas, niños y adolescentes, lo que genera un impacto más negativo ya que, por su edad, tienen dos veces más probabilidad de sufrir violencia extrema que las personas adultas. Además, las niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados no acompañados pueden ser objetivos principales para los delincuentes.
Ante esta difícil y grave situación que implica la trata de personas, nuevamente se vuelve necesario la exigencia para que gobiernos, sociedad civil, organizaciones nacionales e internacionales y comunidad en general trabajen de manera permanente y de forma conjunta y coordinada para evaluar y mejorar los esfuerzos que se realizan para mitigar los factores de vulnerabilidad y prevenir este terrible delito.
*Especialista en Derechos Humanos
