La próxima semana en la Cámara de Diputados nuevamente se discutirán reformas constitucionales claves para el futuro de nuestro país. Toca el turno a los derechos indígenas para hacerlos compatibles con la legislación internacional y el derecho convencional del que Mexico ya es parte, por un lado. Por otro, la regularización institucional de la Guardia Nacional dentro de un nuevo marco constitucional.
El Estado Mexicano tiene la obligación de brindar Seguridad Publica a todas y todos los mexicanos, este es un derecho constitucional y una de las principales razones de ser del Estado. Además nuestras leyes amplían al concepto de “Seguridad Ciudadana” y la definen como “la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales”.
Para garantizar estos derechos, la actual administración del gobierno federal en coordinación con gobiernos estatales y municipales, a través de distintos modelos institucionales de cuerpos policiales, se crearon las Mesas de Construcción de La Paz, coordinadas por el propio Presidente Lopez Obrador y que sesionan todas las mañanas en los 32 estados de la Republica y en 300 sedes regionales. Todas las instancias gubernamentales que tienen funciones en materia de seguridad pública concurren a estas mesas institucionales de coordinación. La información que llega a la reunión mañanera encabezada por el Presidente se recaba en 300 mesas que son organizadas a nivel estatal, por cierto, coordinadas desde las Delegaciones Estatales de Programas Federales de Bienestar. El modelo desde el principio estaba claro. ataquemos las causas de la violencia desde el origen, combatamos la pobreza y poco a poco veremos la reconstrucción del tejido social.
Con tristeza y a pesar de los esfuerzos no fue suficiente. Rápidamente se detectó que si no se fortalecía a una instancia federal policíaca avanzaríamos poco ante la descomposición en materia de seguridad publica en muchas regiones del país. Sin embargo, los datos recabados en esas mesas sirvieron para un diagnóstico nacional y tomar decisiones prontas antes de que el sexenio siguiera avanzando. Policías municipales con bajos sueldos, mal entrenados, sin capacitación, y con equipamiento básico. Policías estatales sin identidad, desmotivados, en desventaja de fuerza y fuego, sin tecnología y también con grandes limitaciones presupuestarias; y desde luego, algunas policías coptadas por el crimen organizado. Es una pena que se generalice esta realidad, porque los que hemos estado en funciones en materia de seguridad sabemos de los grandes esfuerzos que en muchos municipios se realizan.
Es una realidad el crecimiento del crimen organizado en Mexico. Todos lo sabemos. La ola de violencia generada por grupos bien organizados con capacidad económica sin precedentes y que han aprovechado la instalación de la narco cultura en nuestra sociedad. Se ha vuelto normal lo que no es posible aceptar: violencia e impunidad sin control. Desde su posición de poder, cientos de criminales son amos y señores de algunas regiones de Mexico, violando leyes han aterrorizado a miles y miles de mexicanos.
El diagnóstico sobre la Policía Federal al empezar el sexenio no fue menos catastrófico: insuficiencia de elementos, de recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos. Para enfrentar uno de los más grandes problemas de nuestro país, la seguridad pública, no había soluciones sencillas, ni inmediatas. La que se tomo fue la creación de la Guardia Nacional y para hacerla viable operativamente en su nacimiento se tuvo que involucrar de manera directa a las Fuerzas Armadas.
Todos los datos estadísticos mostraban que solo los fuerzas armadas generarían confianza y percepción ciudadana positiva. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI en 2020, dio como dato que el 56.7% consideraban que la Policía Federal era una institución corrupta. Esa misma encuesta califico de manera favorable a la Armada de Mexico con 85.6 y al Ejército con 83.5 por ciento. La ENVIPE levantada en 2023 identificó todavía mejor a la Marina en 90.1%, al Ejército en 87.1% y a la recién creada Guardia Nacional con 80.9.
Lo cierto es que la Guardia Nacional (GN) opero en sus inicios con un marco constitucional endeble. Una institución de este tamaño y por su función tan importante debe tener -como decimos los abogados- dientes. Debe tener facultades claras y bien definidas para poder fortalecer sus capacidades institucionales. La iniciativa Presidencial que la creo también intento acabar con una mentira, las Fuerzas Armadas de México, léase Ejército y Marina fueron desde su fundación los dos pilares sobre los que operaría la GN. No había otra. Era la única manera de poner a caminar una institución que debe en el futuro cumplir con la inmensa tarea de pacificar a México.
Para esto, había que legalizar la función en materia de seguridad pública de las Fuerzas Armadas y empezar la creación de una nueva institución que nos llevara a la creación de una nueva policía federal que fuera confiable. Los detractores siempre han sostenido la militarización policial de Mexico, pero la realidad es que si AMLO hubiera tenido otra opción con mucha posibilidad habría optado por una policía civil. Sin embargo, esa no era la realidad pero los tiempos siguen cambiando.
La iniciativa que se discutirá la próxima semana empieza a acotar la llamada “militarización” del país pero no engaña a nadie sobre el papel que actualmente tienen el Ejército y la Marina. La GN está fundada en normas y principios de seguridad pública que son totalmente diferentes con las que operan las Fuerzas Armadas. Es evidente que en una primera etapa los miembros de esta nueva policía federal provinieron tanto del Ejército como de la Marina. En una segunda etapa ya son civiles los reclutas pero con capacitación y formación militar. Hoy el objetivo de la GN es claro: un cuerpo de seguridad civil con instrucción militar.
En esta nueva etapa se requiere también que la GN copie el modelo de administración y control operativo que tiene la SEDENA, nadie puede poner en duda su eficacia. También se requiere que los mandos que están abandonando al Ejército y a la Marina establezcan una mística de lealtad, disciplina y subordinación. La GN está en estos momentos creando su propia identidad y esta debe estar fundada en los más altos valores militares: lealtad y patriotismo. Con la reforma propuesta, la GN se nutrirá de mandos superiores militares, se necesita mística y no vale la pena que renuncien a su carrera militar y de todas maneras sean mandos en la GN, sino que se legalice su situación, no pierdan su antigüedad y establezcan una institución que claramente tiene funciones diferentes a las militares.
El texto constitucional propuesto es también claro en su artículo 21: “Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil”. Esto desde luego incluye a la GN, es decir, la propia Constitución Federal ya la denomina como una institución de seguridad pública de carácter civil.
La Estrategia Nacional de Seguridad Publica, también constitucional, la formulará un civil quién es por cierto el Secretario de Seguridad Publica, de acuerdo al mismo artículo 21 constitucional. El modelo de proximidad exitoso en la Ciudad de México sin duda será promovido por el próximo Secretario de Seguridad Publica, Omar García Harfuch, quien de la mano de la hoy Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, crearon un modelo exitoso para la Ciudad más poblada del país. Un policía civil de carrera como es García Harfuch, que además tiene también herencia familiar militar, seguramente ira dándole a la GN esa identidad civil y esa mística militar que necesita una institución recientemente fundada.
Por otro lado, la fracción XXXI del artículo 73 establece una atribución nueva y muy importante para la Cámara de Diputados: “expedir leyes que establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”. La palabra “limites” es clave. Esta Legislatura del Congreso Federal deberá crear esas leyes secundarias que deben diferenciar claramente las funciones de las Fuerzas Armadas de las de la GN.
También, la propuesta de reforma constitucional establece una nueva facultad del Ejecutivo Federal en el artículo 89 fracción VII: “Disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley.” Tiene décadas que esto se hace en México, la diferencia es que ahora no se hará de manera ilegal. ¿O no lo hizo así Calderón o Peña Nieto? Darle esta atribución obliga a las Fuerzas Armadas a cumplir la Constitución y ser leal ante la próxima Jefa máxima del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional: Claudia Sheinbaum. De no hacerlo, la justicia militar se encargará de ellos.
Por último, en mi carácter de Diputado Federal promoveré un paquete de reformas constitucionales y legales para promover la paz y la reconciliación nacional. Abarcará distintas áreas en materia de salud, de educación, de procuración de justicia, de armas de fuego pero destacará la Ley Federal para Promover la Cultura de la Paz. En el sistema de seguridad pública debe existir una ley que fomente la participación de las instituciones educativas, sociales, religiosas y de la sociedad civil y que nos lleve a encontrar nuevas formas de convivencia y solidaridad comunitaria para combatir el flagelo de la violencia.
Solo con paz podrá Mexico alcanzar prosperidad, bienestar y alegría. La pacificación debe ser no solo una prioridad del gobierno, sino de toda nuestra sociedad. Nunca más un Mexico entre lágrimas y dolor. El gobierno a construir instituciones públicas fuertes y la sociedad a reconstruir el tejido social mediante una cultura que promueva la paz, la reconciliación y el amor al prójimo.