Se sigue creando el nuevo derecho constitucional mexicano ahora tocó el turno de nuevos derechos para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Reformas para reconocer a los pueblos originarios iban y venían, pero el artículo segundo de nuestra Carta Magna no se reformaba para adecuarlo a los compromisos signados por México en materia de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas de acuerdo a las Convenciones Internacionales. El miércoles de esta semana por fin sucedió y la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad. Se salda la deuda histórica que teníamos como nación con este reconocimiento que otorga personalidad jurídica, vuelve sujetos de derecho público a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.
Lo que representan la comunidades originarias es simplemente nuestro pasado, nuestras raíces, nuestros orígenes y nuestra ancestral cultura. Los habitantes originarios de nuestro territorio tienen además una conexión espiritual, social y comunitaria, un apego con la tierra y con el medio ambiente única, trascendente: “la tierra no les pertenece a ellos, ellos pertenecen a la tierra.”
Por otro lado, marginados, desplazados, violentados en sus derechos básicos, en su cultura, desposeídos de sus tierras y recursos esa ha sido también la historia de nuestros pueblos originarios. La desigualdad económica, la exclusión social y la discriminación tristemente es también su historia desde las épocas coloniales hasta nuestros días. Forzados a la asimilación y privados de sus derechos de autodeterminación; luchando por su sobrevivencia y por sus costumbres; acostumbrados a la resistencia en contra de la explotación de sus tierras, de sus recursos naturales ante la degradación del medio ambiente y la destrucción de los ecosistemas. Una historia no de años, no de décadas, sino de siglos.
El tema de los pueblos originarios ha sido central en el discurso de los derechos humanos de finales del siglo XX, esto terminó en una serie de instrumentos legales internacionales para proteger sus derechos. La más importante es la “Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas Indígenas”, conocida por sus siglas en inglés como (UNDRIP) del año 2007. Se sentó un estándar mundial sobre derechos indígenas enfatizando sus derechos para perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Se afirma también, en esta Convención, el derecho de mantener y fortalecer sus instituciones, cultura y tradición. Es aquí donde se da personalidad jurídica y se hace sujeto de derecho público a los indígenas.
Actualmente en el derecho convencional los derechos más importantes los podríamos agrupar en:
Derecho a la tierra y al territorio, ser propietario, usar y controlar las tierras que originalmente ocupaban.
Derecho a la autodeterminación, libremente pueden elegir su vida política y perseguir su desarrollo económico, social y político. El derecho a establecer sus sistemas de educación, proceso judicial y sistema de salud.
Derechos culturales y lingüísticos, las lenguas indígenas están en constante peligro, por lo tanto, tienen el derecho a preservar, proteger, revitalizar sus lenguas, historias y tradiciones; así como transmitir sus costumbres y conocimiento cultural para sus generaciones futuras.
Derecho a participar en el proceso de decisión, participar en las decisiones que afectan sus vidas específicamente en la extracción de recursos, proyectos de desarrollo y protección al ambiente de sus tierras. Esto incluye el “Principio de Libertad, Prioridad y Consentimiento Informado” (FPIC) que otorga el derecho a las comunidades a ser consultadas, debiendo tener su consentimiento para cualquier proyecto o política pública que impacten en sus territorios o en su manera de vivir.
Además del reconocimiento como sujetos de derecho público no como entidades de interés público -como decía antes el texto constitucional-, se intenta reivindicar sus ancestrales derechos en el entendido que son colectividades culturalmente diferenciadas. También el nuevo texto constitucional prevé nuevos derechos:
Brindar asistencia jurisdiccional idónea la cual obliga a las autoridades jurisdiccionales a que garanticen el derecho a las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores indígenas. Instituye el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe para cualquier acto público de naturaleza legislativa o administrativa. Además a preservar, difundir y fomentar su cultura, lenguas y educación; reconocer y garantizar su medicina tradicional y su salud; garantizar el acceso a la comunicación mediante la extensión de la red de comunicaciones físicas y del espectro radio-eléctrico; reconocer el trabajo comunitario; garantizar el reconocimiento y la atención especial a los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afro mexicanos.
Aceptando su autonomía y reconociendo sus derechos ancestrales y de organización se busca sanar la deuda histórica con los pueblos indígenas. Hoy el desafío es implementar los derechos indígenas y afromexicanos, crear las instituciones, los mecanismos y los procedimientos para hacerlos efectivos.
Todos los mexicanos tenemos una parte indígena. Millones somos mestizos, pero por nuestras venas corre sangre indígena. Con esta reforma a los millones que son cien por ciento indígenas les rendimos honor a ellos y a sus ancestros, a nuestros ancestros. Buscamos sanar las heridas de una sociedad racista y clasista, es tiempo de reconciliación y hoy podemos decir con orgullo que con esta reforma en México: todos somos indígenas.