

El próximo 1 de junio, México vivirá un momento crucial con la elección de ministros, magistrados y jueces bajo una nueva reforma judicial. Este cambio busca democratizar el sistema y reducir la influencia política en los nombramientos. Organismos civiles han destacado la importancia de garantizar transparencia en el proceso. Sin embargo, algunos sectores critican que la reforma pudiera politizar aún más la justicia.
El pasado 30 de marzo iniciaron las campañas de los candidatos y candidatas, las cuales terminaran el 18 de mayo. Lo que está en juego son 881 cargo y compiten por ellos 3,423 candidatos. Este proceso electoral tiene fallas estructurales, de organización y precipitación, todo parece indicar que es un acto de venganza y de control para hacerse del Poder Judicial de quien hoy vive en Macuspana.

No obstante, la oposición advierte sobre posibles conflictos de interés en el consejo evaluador. Señalan que algunos de sus integrantes tienen vínculos con el gobierno actual, lo que pondría en duda su imparcialidad. Además, organizaciones internacionales han pedido que se garantice la independencia judicial. El debate sigue abierto mientras se acerca la fecha clave.
Los ciudadanos esperan que este cambio mejore la eficiencia y la confianza en el Poder Judicial. México ocupa los últimos lugares en percepción de justicia en América Latina, según estudios recientes. La reforma podría ser una oportunidad para revertir esta tendencia, pero solo si se implementa con rigor. El mundo observará de cerca este proceso que marcará el futuro jurídico del país.
Pero me temo advertir que la elección de ministros, magistrados y jueces será un fracaso democrático y lejos de acabar con la corrupción la acrecentará y, lo señalo, porque el propio gobierno no está respetando el reglamento interno de elecciones del INE ni la ley electoral que recientemente aprobaron. Si el sistema logra nombrar a los mejores perfiles sin sesgos, que no ha sucedido, podría sentar un precedente en la región. De lo contrario, se corre el riesgo de profundizar la crisis de credibilidad. El 1 de junio no solo se elegirán jueces, sino también el rumbo de la justicia en México y, desafortunadamente, pocos ciudadanos lo saben.
*Ex universitario de la UAEM y analista político
