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Hoy publicamos las colaboraciones de dos especialistas que abordan los Derechos Humanos desde el punto de vista del conocimiento y la verdad, elementos que muchos preferirían obviar pues tienen entre sus mejores aliados a la desinformación y la opacidad.

No se debe olvidar que los Derechos Humanos conforman una red progresiva que aspira a establecer sociedades cada vez más justas e igualitarias. De poco serviría tener asegurado el derecho a la vida si a ésta no la acompañan otras garantías como la salud, la seguridad y la justicia. De ahí que, más que complementos de otros derechos, el conocimiento y la verdad sean genuinos requerimiento de las sociedades actuales.

Ismael Eslava escribe que “el derecho a la verdad […] es el derecho que le asiste a las víctimas de violaciones manifiestas a sus derechos humanos y a sus familiares de conocer la verdad sobre los sucesos ocurridos, en particular la identidad de los autores de los hechos que dieron lugar a las violaciones. Se trata de un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga la reparación del daño. Implica, por tanto, tener conocimiento pleno y completo de los actos violatorios a derechos humanos, las personas que participaron en ellos, la situación de contexto o situacional en que acontecieron, y las circunstancias específicas, particularmente de las violaciones perpetradas y su motivación.”

Mientras que Antulio Sánchez nos recuerda que “a lo que apunta al final el derecho a saber es a dar paso a una democracia de calidad, en la que los ciudadanos accedan a la información pública, y que les rinda cuentas sobre el destino y uso de los recursos públicos, a ser enterados en todo momento sobre la información que tiene o produce el mismo Estado, e incluso la que lo cuestiona. Pero en una sociedad democrática no es suficiente con tener garantizado ese derecho a saber, ya que deben existir los mecanismos para aprovecharlo, uno fundamental es la educación que debe incorporar desde sus niveles básicos la difusión de ese derecho, propagarlo como piedra angular de la vida diaria en la sociedad.”

Así, la transparencia para saber cómo se usan los recursos públicos, la divulgación de información real y oportuna,  un trabajo real de investigación de los delitos, la apertura de la información sin cortapisas a víctimas y sus familiares, entre muchas otras obligaciones, además de ser indicadores de eficiencia burocrática, apuntan hacia los derechos humanos de todos nosotros.

Nuestro estado, como todo México, tiene una gran deuda con los derechos humanos que no se satisfacen con mantener oficinas especializadas para cumplir con el trámite, sino que se tienen que respetar día con día, con el trabajo de todos, pero en especial de los servidores públicos, su ineficiencia nos sale, a todos, más caras que su simple sueldo.