Hoy 26 de septiembre de 2024 a las 4 pm, llevaremos a cabo una marcha del Calvario al zócalo de Cuernavaca, para exigir verdad y justicia, como lo hemos hecho desde hace 10 años las organizaciones sociales y sindicales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores, en apoyo a las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
También habrá diversas movilizaciones en la Ciudad de México y en todo el país, por lo que demandamos al gobierno que se garantice la libertad de expresión y el derecho a la protesta social ante violaciones graves a derechos humanos.
Los avances logrados en la investigación del paradero de los 43 estudiantes han sido insuficientes y contradictorios, como el mismo Presidente López Obrador expresa en la segunda carta enviada a las madres y los padres, donde el límite está marcado por el papel del Ejército, ya que si bien se han detenido a varios militares, se niega a entregar los 800 folios faltantes que están en poder del Ejército y se sigue criminalizando al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a los familiares. Hace unos días estuvo el compañero Melitón Ortega en el auditorio del SME en Cuernavaca, haciendo un balance de éstos diez años en entrevista publicada en el portal de “Militante”, blog del PRT Morelos, donde expresa su testimonio de dolor, pero también de dignidad y esperanza, su camino de resistencia, sus sentimientos sobre los avances del caso, y las esperanzas que mantiene para el futuro, recordando que la justicia para los 43 sigue pendiente.
Ayotzinapa 10 años después es una herida abierta, un monumento a la impunidad y un horrendo crimen de Estado.
Son 10 años ya de la mentira histórica y de la permanente desaparición con manufactura oficial de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La desaparición de los 43 de Ayotzinapa forma parte de la práctica instituida durante los años 70s por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que se transformó en CISEN, y desde aquellos tiempos actuó con la complicidad de todas las instancias responsables de impartir justicia: las agencias del ministerio público, investigadores, jueces, etc., confabulados en su nivel de competencia para que no se dé con el paradero de las víctimas y para garantizar que los perpetradores queden impunes.
Durante estos 10 años, las más altas esferas del poder, desde Peña Nieto hasta Andrés Manuel López Obrador, han estado orientadas para confundir y desorganizar el reclamo de justicia para los desaparecidos.
El caso Ayotzinapa tiene que ver con la política contrainsurgente del Ejército Mexicano, ya está comprobado que la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» ha estado bajo espionaje militar y de otras agencias de seguridad; la desaparición de los 43 igualmente forma parte de la «nueva onda larga de desapariciones y de violencia criminal rampante» que se ha instalado en el país desde hace por lo menos 20 años y se puede explicar a partir de la relación simbiótica de militares y policías con la industria del crimen organizado.
No es casualidad que el crecimiento de la violencia criminal que azota al país, se iniciara al mismo tiempo en que se empezaron a imponer las «reformas estructurales» de última generación, lo que sirvió para atemorizar y desorganizar a la población, con el objetivo de instrumentar el despojo de los bienes nacionales, la apropiación a la mala de los recursos naturales y para quitar de en medio a las y los luchadores sociales.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluye sin que se sepa dónde están los 43 de Ayotzinapa. López Obrador traicionó el reclamo de justicia, se empeñó en dividir a las madres y padres de los 43, en descalificar las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a los abogados defensores de derechos humanos de las madres y padres. Al final terminó arribando a las mismas conclusiones del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que es un componente de la llamada “Verdad Histórica”: que no hay indicios de que el Ejército mexicano haya participado en la desaparición de los normalistas.
El problema es que este gobierno de López Obrador, que se comprometió a resolver el caso, no nos dice cuál es el paradero de los jóvenes desaparecidos.
Pero, además, el sexenio de López Obrador concluye con la militarización de la seguridad pública, incumpliendo el compromiso de regresar a los militares a sus cuarteles, otorgándoles a cambio importantes posiciones en el aparato productivo y mecanismos legales para justificar la represión, mediante la militarización de la Guardia Nacional, a la que le concede facultades que se convertirán en una mayor violación de los derechos humanos.
De fondo, la realidad es que la militarización del país es una exigencia de los sectores burgueses que son aliados y socios del imperialismo norteamericano, que ven como propios todos los negocios que se construirán en toda la ruta del tren transístmico que tiene y tendrá el Istmo de Tehuantepec.
Desde las organizaciones sociales y sindicales independientes ratificamos que nuestro lugar es junto a las madres y padres de los 43, que seguiremos denunciando que la impunidad prepara nuevos y dolorosos casos de desaparición, que la impunidad sólo sirve para profundizar la incontrolable ola de desapariciones y asesinatos que suceden a diario en este martirizado país.
Por ello no es ninguna casualidad que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluya con cerca de 200 mil asesinatos y la cifra de personas desaparecidas sea de más de 116 mil, de acuerdo a datos oficiales.
Este 26 de septiembre salimos a las calles en todo el país con el movimiento independiente para exigir justicia y verdad para los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los miles de personas desaparecidas en México. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!