Antonio de Jesús Guevara Mendoza* y Gabriela Mendizábal Bermúdez**
Desde 1981 y mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 21 de septiembre se celebra el día internacional por la paz, en el que se reafirma que su observancia contribuye al fortalecimiento de los ideales de paz y al alivio de las tensiones y las causas de conflicto (Naciones Unidas, 55/282).
Celebrarlo nunca ha sido tan importante como en los tiempos actuales, en donde observamos guerras, conflictos armados, terrorismo, narcotráfico, así como la presencia de fuerzas de división que propagan el odio y la intolerancia entre las personas. Lo anterior tiene un impacto y repercusión negativa en la sociedad, el cual, sin lugar a duda, aumenta en aquellos sectores más vulnerables de esta, en donde las carencias sociales, la falta de acceso a servicios efectivos de atención médica así como de los medios de subsistencia toman un papel fundamental.
Cabe señalar que en el 2003 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una obra titulada “No hay paz duradera sin justicia social: no hay justicia social sin seguridad social”, sosteniendo que la protección social y la justicia social se reconocen cada vez más como bases esenciales para un orden mundial estable.
La anterior es una declaración que aboga por políticas públicas que promuevan la igualdad y el bienestar general como fundamentos para una sociedad pacífica y justa. De esta manera la paz duradera requiere que se aborden las injusticias sociales y que la justicia social solo se puede lograr si se establece un sistema de seguridad social robusto que proteja a todos los miembros de la sociedad.
Por ello es posible considerar que la paz no solo se concreta a la situación en que no existe lucha armada en un país o entre países, sino también en la creación de condiciones que permitan a las personas vivir dignamente y acceder a derechos esenciales, entre ellos la seguridad social. En contextos de desigualdad y carencias sociales, la falta de acceso a una efectiva red de protección social se convierte en un obstáculo fundamental para alcanzar una paz real y sostenible.
Al respecto es importante señalar que, conforme al análisis del CONEVAL correspondiente a la Medición de la Pobreza Multidimensional 2022, en México la carencia por acceso a la seguridad social es la que cuenta con mayor prevalencia, al estar presente en más de la mitad de la población mexicana con un porcentaje de 50.2%, es decir 64.7 millones de personas, seguida de la carencia por acceso a los servicios de salud en el 39.1% de la población, es decir 50.4 millones de personas (CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024).
En Morelos, el porcentaje de la población que presentó carencia en el acceso a la seguridad social fue de 58% y por cuanto a la carencia por acceso a los servicios de salud un 46.4, es decir, porcentajes mayores respecto del nivel nacional, siendo un alto número de la sociedad morelense la que no cuenta con estos servicios.
Lo anterior es un reflejo de ese vínculo entre la seguridad social y la seguridad pública, pues conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, a nivel nacional la población señaló como el principal problema la inseguridad (60.5%), la salud (30.5%), el desempleo (27.6%), la pobreza (23.5%) entre otras, lo que refleja la falta de desprotección de las carencias sociales en el país, que también conducen a la inseguridad pública.
Por tal motivo, es imprescindible atender las causas estructurales de la inseguridad, el crimen y la violencia, bajo un enfoque integral que atienda la prevención de riesgos sociales, la falta de acceso a oportunidades, la exclusión social y la violencia, para lo cual garantizar la seguridad social cobra un papel fundamental en la construcción de la paz, tomando en consideración que su fin máximo es elevar la calidad de vida de las personas, a través principalmente de garantizar, la atención a la salud y la protección de los medios de subsistencia.
No debemos olvidar que, a mayor inseguridad social, mayor inseguridad pública.
*Doctorando del programa de Derecho y Globalización de la FDyCS de la UAEM.
**Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM.