La remoción no erradica la corrupción, pero es un avance
Con la destitución del coordinador General de Movilidad y Transporte, Josué Fernández Fernández, la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, muestra por tercera vez no estar dispuesta a tolerar esquemas de corrupción entre el funcionariado del Ejecutivo estatal; lo que hasta ahora se percibe como una labor complicada si damos cuenta de que en cuatro meses desde su toma de protesta, la gobernadora ha tenido que echar a por lo menos tres sujetos ubicados en diversas posiciones clave donde se manejan cuantiosos recursos económicos.
La propia mandataria decía en alguna entrevista hace unas semanas que había tenido que dar de baja a dos “porque les ganó la tentación”, pronto nos enteraríamos de que los removidos fueron el subdirector de finanzas del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), el organismo que mayor presupuesto ejerce; y la titular del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) cuyo patrimonio se forma con aportaciones de miles de burócratas estatales y municipales.
Este martes Josué Fernández se convirtió en el tercero en el listado, aunque nadie ha confirmado oficialmente que su destitución haya estado relacionada con las constantes denuncias de corrupción que, desde hace años rondan a la dependencia responsable de la movilidad y transporte en Morelos y que no disminuyeron con su presencia en el cargo; hay muchos elementos que permiten presumirlo.
Primero está, por supuesto, la continuidad en las denuncias hechas por usuarios particulares y concesionarios del servicio público de transporte, en torno a las irregularidades, abusos y cobros indebidos que sufrían de una parte de los funcionarios de la dependencia. La incapacidad de Fernández Fernández para frenar las fundadas denuncias de quienes acuden a las oficinas de Movilidad y Transporte y la presunción al interior de que el coordinador no sólo era omiso, sino cómplice de círculos de corrupción eran ya una preocupación mayor en la administración de la gobernadora, quien tuvo que entrarle a la discusión con los transportistas hace unos días ante las fallas del titular para resolver en su nivel la complicada problemática del transporte.
El segundo elemento es el que haya sido la propia secretaria de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán, quien haya acudido a notificar al ya exfuncionario de su destitución. La contralora no solo goza de la confianza de la gobernadora, también es conocida por su dureza en el combate a la corrupción evidenciada con las carpetas de sanciones contra exfuncionarios y de denuncias de presuntos delitos cometidos por servidores públicos de la administración de Cuauhtémoc Blanco. Es ella quien ha construido, por ejemplo, las evidencias contables y administrativas del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, el mercado Adolfo López Mateos, y otros más que aguardan para ser judicializados.
Un tercer asunto que vale para presumir los motivos de la destitución es el de la forma. Josué Fernández no mereció una sola mención en el comunicado con que el gobierno estatal anunció la llegada de Jorge Alberto Toledo Barrera como coordinador General del Transporte, el documento no dice siquiera a quién sustituye el exdiputado federal. Dirán algunos, no hubo ninguna cortesía política, pero habría que preguntarse si el removido del cargo la merecía, y en caso contrario, no queda sino pensar en que algo muy grave habrá ocurrido.
Por cierto, a Jorge Alberto Toledo le tocará la nada fácil tarea de enderezar al sector que bastantes chuecuras tiene desde hace por lo menos una década. No es un secreto que los expedientes de corrupción en Movilidad y Transporte datan de muchos años y que involucran a exfuncionarios ahora empoderados, otros jubilados y unos más aún operando en el servicio público.
La gobernadora pidió a Toledo Barrera “fortalecer la eficiencia y calidad del servicio en la entidad, impulsando un modelo de movilidad integral, moderno, transparente y sustentable”, lo que necesariamente pasa por la erradicación de la corrupción y ella depende de las sanciones que se impongan a exfuncionarios: muchos de ellos excolaboradores de Cuauhtémoc Blanco que hoy apuestan a que los conflictos en el área distraigan lo bastante como para que la gente se olvide de sus pendientes; otros que pretendieron combatir la corrupción más recientemente pero, todo indica que muy pronto se convirtieron también en parte de ella. En la opinión pública, por cierto, muchos de estos que no hemos citado tienen nombres y apellidos: Víctor Mercado Salgado, Eduardo Galaz Chacón, Josué Fernández Fernández y Andrés Bahena Martínez, hoy director del sistema DIF estatal. Hace unos días, el propio Fernández Fernández hablaba de que las denuncias sobre probables hechos de corrupción en la exsecretaría de Movilidad y Transporte formarían parte del próximo paquete que presentaría el Ejecutivo a la Fiscalía Anticorrupción. De ser así es probable que muchas de las dudas que persisten sobre la relación de exfuncionarios con actos de corrupción se disuelvan o confirmen. La tarea de Toledo Barrera también deberá incluir el seguimiento puntual de cada uno de esos hechos.
Por lo pronto, queda clara la convicción de la gobernadora de no tolerar actos y omisiones que afecten la función pública; por el bien del estado, y hasta se sus chambas, esperemos que el resto de los colaboradores de la gobernadora lo entiendan de una vez.
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