El riesgo de desaparecer el Instituto de la Mujer
Pasada ya la colección de discursos por el 8M a todos debe quedar claro que los esfuerzos institucionales y sociales para erradicar la violencia contra las mujeres en Morelos han sido insuficientes.
El diagnóstico que la Secretaría de las Mujeres elaboró respecto a la colección de disfuncionalidades que han provocado el fracaso del mecanismo llamado Alerta de Violencia de Género aplicado por algún infortunio político a solo ocho de los 36 municipios de Morelos, pero también el ascenso de la violencia contra las mujeres en el resto del territorio morelense, es coincidente con el que tienen las colectivas feministas, las investigadoras sobre el tema y algunas de las instancias municipales de la mujer: pese a la cantidad de organismos y oficinas para la atención del problema en el plano municipal, estatal y federal, la falta de coordinación y comunicación ha provocado la desatención, la duplicidad de tareas y, añadiríamos, la simulación en instancias que se han burocratizado o desarrollan acciones poco relevantes a las que tampoco se da mucho seguimiento.
En la discusión, algunas colectivas y opinadoras mucho más autorizadas que uno en temas de mujeres, resalta la idea de desaparecer el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos, una instancia creada en el 2002 y a la que se otorgó autonomía constitucional el 16 de agosto del 2018, y “que responde a las recomendaciones de la CEDAW (Convención de la Organización de las Naciones Unidas) para la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer respecto a las responsabilidades del Estado en materia de políticas públicas para la Igualdad”.
El Instituto representa, gracias a la acción de junto con colectivas, investigadoras y grupos de la sociedad civil, un mecanismo para el adelanto de las mujeres que se supone goza de “especialización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales y constituido para erigir la confianza en las tareas del Estado y se convierta en componente fundamental de la estructura Constitucional, que busca materializar fielmente la protección de los derechos humanos de las mujeres”.
La administración de Margarita González Saravia (aquí vale recordar que es la primera mujer, pero mucho más, la primera feminista que asume la gubernatura de Morelos), decidió crear, en su diseño institucional, la Secretaría de las Mujeres, como parte de su gabinete. Desde ese despacho se trazan las políticas públicas y coordinan las acciones transversales institucionales a favor de las mujeres en el estado. También se atienden, por cierto, las problemáticas generales y específicas de sectores femeninos en materia de seguridad, protección, autonomía financiera, empoderamiento, y otras que el Instituto de la Mujer no atiende.
La gobernadora nombró titular de la Secretaría de las Mujeres a Clarisa Gómez Manrique, una muy joven activista a favor de la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Formada en la lucha feminista de altos vuelos, con la influencia de escuelas como CIDHAL (Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina) la institución emblema de la lucha feminista en Morelos, Clarisa se acompaña de otras mujeres emblemas de la gesta por los derechos humanos de las mujeres en Morelos.
El activismo de Clarisa y su equipo es innegable y, demasiado a menudo, parece “comerse” en acciones y capacidad a otras instituciones dedicadas a tareas homólogas. En esas condiciones, no parece raro que algunas colectivas y no pocas analistas, planteen como idea la desaparición del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el que sus funciones fueran absorbidas (las que aún no lo son) por la Secretaría de las Mujeres. La idea no parece tan descabellada, si se considera, primero, que el presupuesto de una y otra instancias podrían concentrarse; y segundo, que uno de los problemas centrales de las políticas públicas a favor de las mujeres es la falta de coordinación, que se dificulta al existir demasiadas instancias que pretenden cumplir con los mismos objetivos.
Pero la idea responde solo a una coyuntura muy afortunada para las políticas públicas a favor de las morelenses. La presencia de una gobernadora feminista, la existencia de una Secretaría de las Mujeres encabezada por una mujer formada en el activismo y respaldada por su barria, de colectivas y especialistas; y la colección de conflictos y problemas hasta de relaciones públicas que padece el órgano autónomo llamado Instituto de la Mujer, podrían no repetirse en mucho tiempo.
La autonomía constitucional del Instituto de la Mujer supone garantizar que las políticas públicas y la defensa de los derechos humanos de las mujeres se mantengan a través de los sexenios; y que más allá de quién ocupe la gubernatura, existan políticas públicas afirmativas para las mujeres de Morelos.
Cierto que podría parecer recientemente que el Instituto de la Mujer ha sido poco efectivo en sus tareas, ponerse en duda la eficiencia de su actual directiva, señalar con firmeza los problemas que padece el órgano autónomo y hasta plantearse la necesidad y a lo mejor hasta urgencia de renovar su estructura. Pero pensar que porque un dedo está lastimado debe cortarse toda la mano resulta un extremo riesgoso porque, aunque probablemente por algún tiempo la mano no funcione, es muy probable que dentro de unos años (como cinco y medio) se vuelva a necesitar.
De cualquier forma, la decisión sobre el diseño institucional para la atención de la política de mujeres en Morelos corresponde solo a las morelenses, así que tendrían que ser ellas quienes lo discutan y resuelvan, al resto nos toca escuchar, preguntar y aprender.
@martinellito / martinellito@outlook.com