Magistrados, aritmética simple y política compleja
Mucho más pronto que tarde las autoridades jurisdiccionales tendrían que ser convocadas para ayudar a resolver el embrollo en que Luis Jorge Gamboa Olea, con los suyos, y Juan Gabriel Vargas Téllez, con los otros, han logrado meter al Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
Aficionado aparentemente a la matemática básica, Luis Jorge Gamboa, a quien llamaremos el magistrado presidente 1 del tribunal, insiste en citar cuestiones de aritmética elemental para mostrar que Juan Gabriel Vargas Téllez, para efectos de esta narrativa el presidente 2 del tribunal, no puede ser reconocido como titular del Poder Judicial, cargo que le corresponde, dicen el 1 y los diez que le respaldan únicamente a Gamboa Olea.
Siguiendo el argumento de la aritmética, tampoco el magistrado presidente 1 tiene la mayoría del pleno del tribunal, pues lo desconocen los mismos diez que en cambio apoyan al magistrado presidente 2 y que con el suyo suman once votos, exactamente los mismos que tiene el otro.
Vale la pena advertir que la mitad de Gamboa Olea aduce que el presidente del tribunal tiene un voto de calidad, lo que significaría que el suyo vale, digamos 1.5 votos, con lo que su facción tendría 11.5 votos contra once de los adversarios. Pero ellos podrían aducir que el voto de Vargas Téllez, siendo reconocido por su bloque como presidente, también es de calidad y por ello vale igual: 1.5, con lo que los opositores tendrían 11.5 votos también. El empate entonces sigue.
Uno de ellos, el magistrado presidente 1, tiene el reconocimiento legal de los poderes del estado, Ejecutivo y Legislativo que, al no tener una notificación legal firme en contra, no pueden desconocer a Gamboa Olea nomás porque sí. Vargas Téllez en cambio presume que le fue admitido por un juzgado un documento en que se apersona como magistrado presidente, lo que considera es un reconocimiento oficial de autoridad superior, algo que solo es parcialmente cierto. Lo que el juzgado tercero quiso decir, en todo caso, es que para los efectos de un juicio de amparo, alguien que se acreditó con un acta de sesión (la misma que está siendo cuestionada en su legalidad), fue acreditado en ese momento como presidente del Tribunal Superior de Justicia; pero ese juzgado no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el meollo del asunto, es decir, resolver quién es el legítimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
Visto así, el problema estaría resuelto, pero no es así. Lo cierto es que el asunto se complica porque ninguna de las partes reconoce a la otra y con ello no se puede siquiera convocar a una sesión de pleno en que los magistrados se pongan de acuerdo. Porque, como se ha difundido profusamente, para declarar válido el inicio, por lo menos, de una sesión de pleno, se requiere de la presencia de 15 magistrados, que hoy no junta ninguna de las partes (de hecho, están lejísimos de conseguirlos).
La vía jurídica que parece proponer Gamboa Olea no está, por cierto, en los órganos jurisdiccionales. Levantar denuncias en contra de sus adversarios y quienes lo apoyan lleva el tema a la vía penal que podría resultar mucho más larga. Porque para proceder penalmente contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia, debe haber una solicitud de procedencia que resolvería el Congreso de Morelos a petición de autoridad competente, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, para lo que el órgano autónomo deberá integrar carpetas que busquen fincar delitos en el ejercicio público de los magistrados. Luego, llevar esas carpetas al Congreso para solicitar la formación de causa. Habría entonces un periodo de por lo menos dos meses para escuchar alegatos y que el Legislativo pudiera determinar si se retira el fuero a los magistrados que fueran señalados, para lo que tendría que responderse una pregunta que no es nada sencilla ¿es la disidencia activa en los tribunales un delito?
Porque a final de cuentas, la lucha por el poder entre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, dado que en ambos bandos existen intereses particulares y de facción, tendría que interpretarse como un choque entre grupos que no opinan lo mismo y la evidente incapacidad de magistrado presidente 1 y ahora también de magistrado presidente 2, de sentarse a dialogar y resolver lo que es político en el caso para permitir que lo jurídico transcurra inmaculado.
Como ambas partes parecen empecinadas en criminalizar a sus adversarios porque, aparentemente en su enorme soberbia (soberbia de magistrados al fin) sus ideas son las únicas que reflejan la ley tal y como es, se han olvidado de que el mando, el poder, el gobierno de una institución es un fenómeno eminentemente político y que es justamente la práctica de esa política lo que les permitiría ejercer el derecho y el imperio de la ley.
El problema de los magistrados es que sus personalidades, formadas en la mamonería desde hace décadas, no les permite usar elementos políticos elementales, como el diálogo, la construcción de acuerdos, la generosidad.
Porque más allá de lo que ellos pueden pensar, de lo que se atreven a imaginar, es imposible marginar a la política del derecho, de las leyes y de la justicia. Quizá sea hora de empezar a ser más generosos, flexibles y mucho más inteligentes. El futuro de cada uno radica en ello. Mientras se deciden a actuar diferente, los morelenses seguirán observando probablemente con una curiosidad mórbida, pero también con una legítima indignación, que lo podrido es capaz siempre de mayor podredumbre.
@martinellito / martinellito@outlook.com
