De controversias, iniciativas y extinciones
La Suprema Corte de Justicia recibió ya la promoción del recurso con que Juan Gabriel Vargas Téllez, magistrado (probablemente) presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos busca los poderes Ejecutivo, Legislativo y organismos autónomos del estado, le reconozcan la calidad que le habría dado el voto de once magistrados de los doce que había en aquella sesión de pleno del 19 de marzo.
Es probable que la resolución de la Corte, que podría tardar unas semanas, por lo menos, resulte ya innecesaria en caso de aprobarse la reforma judicial que, en un sigilo mayor que el guardado por las fiscalías respecto de sus investigaciones, fue presentada la noche del viernes en una omitida primera lectura al pleno del Congreso de Morelos.
La solución de la Corte podría ser, en efecto, de ornato si, como se rumora en los pasillos del Legislativo, la iniciativa tiene una solución inmediata al conflicto en que se ha metido el Tribunal Superior de Justicia con los dos que se dicen presidentes, Vargas Téllez y Luis Jorge Gamboa Olea, cada una apoyado por su mitad del pleno, mediante una estrategia que no sería verdaderamente conciliatoria, sino una suerte de rasurada previa a la que la puesta en marcha paulatina de la reforma judicial local permitiría.
Sea como sea, lo cierto es que la semana que empieza, el ruido que se escucha en el Poder Judicial podría dejar de ser tan desordenado como hasta ahora y apuntar a una solución que, aunque gustara a pocos magistrados, resultara en recuperar el gobierno del Tribunal Superior de Justicia sin que sigan las denuncias que los grupos de magistrados interponen unos contra otros.
Por supuesto, queda la duda sobre el contenido de la reforma judicial local de la que poco se ha sabido, aunque parece aclarar temas como los haberes de retiro de los magistrados, la integración de las magistraturas y los tribunales y otros temas que, sin tener mucho qué ver con la justicia, son los que han importado a los magistrados y a quienes aspiran a serlo.
La iniciativa de reforma al Poder Judicial, por cierto, se incluyó en el orden del día de la sesión del jueves pasado ya tarde, después de haberse interrumpido la asamblea para discutir los grupos parlamentarios poco del contenido de la iniciativa y mucho más de la forma de presentarla y darle tratamiento, pues al tratarse de una reforma constitucional no basta el voto de 14 de los 20 diputados, sino además, debe contarse con la mayoría de los cabildos, y es ahí donde se percibe podría atorarse si no van bien amarrados los acuerdos.
En contraste, en la misma sesión se retiró de la agenda la discusión de las reformas constitucionales que extinguirían el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM). Algo extraño pasó ahí porque previo a la sesión, el diputado coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Rafael Reyes Reyes, había explicado a los medios los motivos de las extinciones, pero advertía que hasta no haberse analizado y discutido con los grupos y fracciones parlamentarias y logrado un consenso, la iniciativa no se presentaría. Luego apareció en el orden del día que se circuló donde, además, se atribuía el proyecto al mismo diputado Reyes Reyes. A lo mejor alguien se confundió, o probablemente haya sido un acto de mala voluntad para reventar la posibilidad de consensos.
Sobre el retiro de una e incorporación de la otra, hubo quien aventuró que se habría negociado la permanencia de los dos órganos a cambio de la discusión y aprobación con modificaciones mínimas de la reforma judicial local. El argumento, sin embargo, no parece tener gran sustento, de hecho la oposición encabezada por el PAN en el Congreso sigue viendo con muchas reservas algunos puntos del proyecto de reforma judicial, y no todos en la oposición ven mal la extinción del Instituto de la Mujer, aunque también mantienen sus reservas con el IMIPE.
A quien lo le ha caído nada bien la idea de extinguir el Instituto de la Mujer es a su directora, Isela Chávez Cardoso, quien se quedaría sin chamba de aprobarse la iniciativa. Ella asegura que se trata de un retroceso y que el Instituto de la Mujer da atención a muchas. Su postura carece de solidez, pues la atención a las mujeres bien puede ofrecerse en alguna otra instancia (la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, como ya establece el proyecto), y el hablar de un retroceso implicaría conceder que hubo un avance, lo cierto es que los datos de marginación de las mujeres y violencia contra ellas dejan ver que el retroceso estuvo en los últimos años de gestión del Instituto de la Mujer. En cambio, lo que sí fue acumulando el Instituto de la Mujer bajo la administración de Isela Chávez fueron críticas y señalamientos, incluso de sus extrabajadoras. Uno contundente que se hizo desde el Congreso fue la falta de transparencia en sus acciones, mediciones y logros.
Respecto del IMIPE queda aún la duda de quién será el responsable ahora de garantizar la transparencia en las instituciones públicas algo en lo que tampoco, hay que reconocerlo, era muy ducho el organismo autónomo cuyas limitaciones resultaron siempre evidentes. Al contrario, el propio Instituto vivió épocas de opacidad, abusos y escándalos que igual que muchas otras instituciones del Estado en Morelos, hicieron pensar muchas veces lo poco que funcionaban y el enorme cargo al gasto público que representaban. Igual que los magistrados del Poder Judicial, los titulares de muchos órganos autónomos hicieron dudar a los más republicanos de la utilidad de su existencia, y eso debería entenderse como un crimen político.
@martinellito / martinellito@outlook.com
