¿Y si mejor se van todos los magistrados?
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, estiró tan fuerte la liga que apenas lo sostenía en la presidencia del Poder Judicial que acabó por reventarse. El apoyo medio a regañadientes que había recibido del Ejecutivo “hasta que no haya otra determinación en contrario” se fue erosionando hasta volverse insostenible y, como había la coyuntura de la reforma judicial local, la mesa estaba puesta para que el Legislativo entrara a resolver lo que los 22 magistrados (dos más que el total de diputados locales) pudieron.
Si no hay alguna catástrofe, el jueves la LVI Legislatura aprobará la reforma judicial local que, en sus transitorios incluye el nombramiento de un titular del Tribunal Superior de Justicia, que se convertirá en una suerte de junta de administración con representación política y jurídica, a partir de una terna que no incluirá a quienes pelean hoy la presidencia con el respaldo, cada uno, de la mitad del pleno: Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Gabriel Vargas Téllez.
La designación se daría al final de la próxima semana para evitar que el Poder Judicial quede acéfalo por mucho tiempo. Eso obligaría a que, inmediatamente después de aprobada la reforma judicial en el pleno, y mientras se circula a los cabildos para su aprobación, es decir, entre el viernes y el lunes próximo, los coordinadores parlamentarios en el Legislativo tendrán que entrar a un análisis que no resultará fácil dada la calidad de los magistrados actuales.
De inicio, podrían descartarse a las y los magistrados de quienes se presume hay una relación con el exfiscal Uriel Carmona Gándara: María Luisa y Marta Sánchez Osorio y Nancy Giovanna Montero Mercado. También es muy probable que se elimine a quienes fueron designados con el impulso acrítico de los diputados de la LV Legislatura, Javier Mújica Díaz y Arturo Loza Flores, por el PT; Eduardo Horacio López de Castro, por Movimiento Ciudadano; Anahí Bahena López, por el entonces aliancista y ahora morenista, Agustín Alonso Gutiérrez; Cecilia López González, por el PRI. Otros eliminables son quienes han sido protagonistas de los pleitos históricos entre magistrados, como Manuel Díaz Carvajal, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Rafael Brito Miranda. Es probable que no se deje pasar tampoco a quienes se presume apoyados por el exsenador, Rabindranath Salazar Solorio, quien, si bien ha superado aquello de ser el villano favorito, aún no es simpático para mucha de la clase política, esto marginaría a Francisco Hurtado Delgado (quien además es abierto detractor de Gamboa Olea) y a Jaime Castera Moreno.
Y si nos apuran, hasta podríamos decir que, para dar algo de estabilidad al Tribunal Superior de Justicia hasta la elección de magistrados y jueces del 2027, convendría que ni los que apoyan a Gamboa Olea ni quienes respaldan a Vargas Téllez serían garantía de la estabilidad necesaria en el Poder Judicial, así que uno recomendaría que mejor se buscara una nueva baraja, algo que es poco probable dado que se asume que la presidencia del Tribunal debería ser ocupada por algún magistrado del pleno.
Por cierto, lo que los diputados discutirán y aprobarán mañana es el marco general de la reforma judicial, y quedarán para elaboración y revisión las leyes secundarias en las que se reglamentarían cuestiones delicadas para los magistrados como el famoso haber de retiro, es decir, el dinero que recibirían como “compensación” por los “servicios prestados” durante su tiempo de gestión en el Poder Judicial.
De alguna forma, con el retiro obligado de Gamboa Olea que se daría a más tardar la semana entrante, el estado habría renovado en menos de un año sus tres poderes. El Legislativo en septiembre pasado con la llegada de la LVI Legislatura; el Ejecutivo en octubre con Margarita González Saravia como gobernadora, y el Judicial este abril. En el proceso también se habría dado el cambio en la Fiscalía General del Estado de Morelos, y queda pendiente para los próximos meses el que habrá de darse en la Fiscalía Anticorrupción. Uno entendería que, con ese nuevo panorama, la posibilidad de que el acceso a la seguridad y la justicia sea una realidad para todos los morelenses se acrecienta.
Es muy pronto para juzgarlo, pero como van las cosas parecen pintar bien, esperemos que los diputados no la rieguen con el nombramiento en el Judicial. Porque más que una reforma judicial armonizadora o como quiera llamársele desde el Congreso o en algunos otros espacios políticos, o como un lío de quién es el jefe del Poder Judicial, como quisieran verlo acomodaticios leguleyos aspirantes a beneficios extralegales, la oportunidad que ofrecen los cambios en el sistema de administración de justicia en Morelos tendrán que orientarse justamente a que haya justicia, más allá de los privilegios o compensaciones merecidas que obtengan quienes se dediquen a esa tarea. La deuda con del sistema de justicia con los morelenses es amplísima y resulta uno de los elementos fundamentales de la crisis de seguridad que aspiramos todos a superar muy pronto.
Empezamos esta entrega diciendo que Luis Jorge Gamboa Olea reventó la liga que lo mantenía al frente del Tribunal Superior de Justicia, ampliamos ello con la necesidad de que, ya resuelto el asunto de quién se hará cargo de administrar y vigilar al Poder Judicial, se investiguen todas las acusaciones que pesan sobre todos los magistrados. Los morelenses requieren que la impunidad termine en todas las esferas, con eso puede empezar a esbozarse la garantía de no repetición, indispensable para que haya una verdadera justicia.
@martinellito / martinellito@outlook.com